Una afrenta a la separación de poderes

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, la reforma judicial daña la separación de poderes, uno de los principios fundamentales de la democracia. Cuestionan la incorporación de factores políticos en un área que debe ser técnica

Ciudad de México, 11/09/24 (Más/IA).- La reciente aprobación de la reforma judicial impulsada por la mayoría oficialista de Morena en el Congreso ha generado una intensa controversia, especialmente entre quienes ven en la iniciativa un ataque directo a la independencia del Poder Judicial.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha sido una de las principales voces en contra de la reforma, calificándola como una afrenta a la separación de poderes y a los principios fundamentales de la democracia.

La reforma, que permitirá que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular a partir de 2025, representa un cambio radical en la estructura del Poder Judicial mexicano. Además, reduce el tiempo de mandato de los magistrados y establece un tribunal disciplinario que, según los críticos, se convertiría en un ente de control político sobre los jueces.

Para Piña, el enfoque de la reforma compromete la autonomía del Poder Judicial y podría convertir a los jueces en figuras políticamente dependientes de sus electores.

Una reforma que polariza al país

Previo a su aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su coalición defendieron la reforma como un paso necesario para democratizar el sistema judicial, al que acusan de ser corrupto y desconectado de las necesidades de la población. “El pueblo debe elegir a quienes imparten justicia”, han argumentado los legisladores de Morena.

Sin embargo, opositores políticos, asociaciones de abogados y expertos nacionales e internacionales, incluido el gobierno de Estados Unidos, coinciden en que esta medida debilitaría uno de los pilares del Estado de derecho.

Para Piña, quien ha admitido la necesidad de una reforma al sistema judicial, el peligro radica en que la elección de jueces por voto popular introduciría un elemento político en una institución que debe ser técnica y especializada.

“Los jueces no son políticos ni representantes populares, sino profesionales capacitados para resolver conflictos según la ley”, ha señalado en diversas ocasiones.

Riesgos para la democracia

La principal preocupación de los críticos es que el nuevo sistema de elección comprometería la imparcialidad judicial. Al tener que rendir cuentas a sus electores, los jueces podrían verse tentados a tomar decisiones populares, en lugar de aplicar estrictamente la ley.

Esto, según Piña, socava la función central del Poder Judicial como contrapeso del Ejecutivo y Legislativo.

Además, la creación de un nuevo tribunal disciplinario compuesto por miembros también elegidos popularmente plantea serias dudas sobre su capacidad para actuar de manera independiente. “Este sistema se presta a la politización de la justicia”, advierten los opositores, señalando que las presiones políticas podrían influir en el desempeño de los jueces.

Un futuro incierto para la justicia en México

Si bien la reforma judicial ha sido aprobada en el Congreso, aún debe ser ratificada por los congresos locales, lo que plantea un desafío adicional para el gobierno.

Para Piña y otros críticos, el riesgo es claro: si la reforma entra en vigor, México podría enfrentar un retroceso en la impartición de justicia y un debilitamiento institucional que pondría en peligro los principios democráticos y la división de poderes.

El impacto que esta reforma tendrá en el país sigue siendo incierto, pero lo que es evidente es que ha polarizado a la sociedad y abierto un nuevo frente de batalla en el debate sobre el futuro del sistema de justicia en México.