Washington, 23/05/25 (Más).- La administración del presidente Donald Trump revocó este jueves la certificación que permite a la Universidad de Harvard inscribir a estudiantes internacionales, intensificando el enfrentamiento entre el gobierno federal y una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos.
Como respuesta, Harvard presentó una demanda en una corte federal en Boston, calificando la medida como una “violación descarada” de la ley.
El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por la secretaria Kristi Noem, anunció la revocación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) que autoriza a Harvard a matricular alumnos extranjeros.
Noem declaró que la decisión responde al “incumplimiento de la ley” por parte de la universidad y advirtió que otras instituciones podrían enfrentar consecuencias similares.
Harvard respondió con un comunicado en el que calificó la medida como ilegal y perjudicial para su misión académica. “Estamos totalmente comprometidos a mantener la capacidad de Harvard para acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que provienen de más de 140 países y enriquecen inmensamente la Universidad y esta nación”, indicó la institución.
La universidad también denunció que la acción del gobierno representa una represalia política y un intento de intervenir en su independencia académica. “Condenamos esta horrible e injustificada acción”, escribió el presidente de Harvard, Alan Garber, en una carta pública.
Horas después de la presentación de la demanda, la jueza federal Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal que bloquea la entrada en vigor del plan del gobierno de Trump, al menos de forma provisional. Esta decisión protege, por ahora, a los cerca de 6,800 estudiantes internacionales que representan más del 27% del alumnado de Harvard.
Según la Casa Blanca, la revocación se relaciona con supuestas fallas de la universidad en combatir el antisemitismo en su campus. En semanas recientes, el gobierno ha exigido acceso a los registros disciplinarios de todos los estudiantes internacionales de los últimos cinco años, así como videos, audios y documentos relacionados con actividades consideradas “ilegales” o “violentas”.
Harvard se ha negado a entregar la información más allá de lo que exige la ley, según expresó en una carta enviada el 30 de abril. La vicepresidenta ejecutiva de la institución, Meredith Weenick, reiteró que Harvard solo facilitaría datos requeridos legalmente, instando a los estudiantes a concentrarse en sus objetivos académicos pese a las presiones externas.
El enfrentamiento entre el gobierno de Trump y Harvard se ha intensificado desde abril, cuando la administración advirtió que podría cancelar los programas de visas estudiantiles y revocar beneficios fiscales. Además, congeló subvenciones federales por miles de millones de dólares, afectando directamente la operación académica y de investigación de la universidad.
La administración también ha acusado a Harvard y otras universidades de élite de tolerar manifestaciones propalestinas y de discriminar puntos de vista conservadores. Según el gobierno, la institución ha creado un ambiente hostil para estudiantes judíos. Harvard rechaza estas acusaciones y sostiene que ha implementado múltiples medidas contra el antisemitismo.
Harvard cuenta con un fondo patrimonial de 53 mil millones de dólares, lo que le otorga una solidez financiera que supera el producto interno bruto de más de un centenar de países. Esto le ha permitido resistir presiones que habrían afectado a otras universidades con menos recursos.
En su demanda, Harvard argumentó que la cancelación del SEVP amenaza con eliminar de golpe a más de una cuarta parte de su alumnado, lo que calificó como un ataque directo a su misión educativa y un acto sin precedentes por parte de una administración federal. “La revocación continúa una serie de acciones del gobierno para tomar represalia contra Harvard por nuestra negativa a entregar nuestra independencia académica y someternos a la toma de control ilegal por parte del gobierno federal”, declaró Garber.
El proceso legal ahora se encuentra en manos de la justicia federal. Mientras tanto, la orden de restricción emitida este viernes evita, por el momento, la implementación de la medida. Sin embargo, la disputa entre Harvard y la administración Trump continúa abierta, en un escenario donde se entrelazan cuestiones de autonomía universitaria, política migratoria y libertad académica.
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