Razones
Por Jorge Fernández Menéndez
El gobierno en estas dos semanas siguió avanzando hasta casi cerrar su propio círculo con el plan C, sin comprender que esas reformas están cerrando, a su vez, el círculo que lo está rodeando la administración de Trump.
En el muy buen nuevo libro de Bob Woodward, titulado Guerra, se hace un relato pormenorizado de los grandes conflictos a los que se enfrentó Estados Unidos en la etapa final del gobierno de Joe Biden, la campaña electoral y el inicio de Donald Trump. Habla de tres: la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio a partir del ataque de Hamás el 7 de octubre de hace dos años y la frontera sur con México, la migración y las drogas.
El periodista, famoso por su investigación en el caso Watergate y por su muy buena información en áreas políticas y de inteligencia, va entremezclando la forma en que operaba Biden, al que Woodward termina haciendo un reconocimiento final, en los tres temas, con la visión dura y estilo MAGA de Trump, que se va fortaleciendo en la misma medida en que Biden va perdiendo poder e incluso su candidatura.
Que la frontera con México esté en un trío con la guerra de Ucrania y el Oriente Medio puede parecer exagerado, pero no lo es en la agenda interna de los Estados Unidos. Y si vemos como se ha deteriorado la situación durante las dos últimas semanas podremos comprobar que en esa agenda no hay espacio para los juegos que realizó en su momento López Obrador con el propio Trump, durante su primer mandato, y luego con Biden. Si hiciera falta confirmar esa visión ya lo hizo la fiscal Pam Bondi que puso a México al nivel de Irán, China y Rusia.
A las visas canceladas se suman los aranceles, las presiones en distintos ámbitos, la declaratoria contra Vector, CIBanco e Intercam y las remesas. No sé si se le ha entregado al gobierno mexicano una lista de personajes que la Casa Blanca considera personajes relacionados o cómplices del crimen organizado, pero es indudable que la lista existe y se va engrosando cada día, al tiempo que se va cerrando el círculo en torno a la administración de Sheinbaum.
El golpe dado a las tres instituciones financieras calificadas como instrumento para el lavado de dinero tiene todos los componentes que lo demuestran: las denuncia por lavar dinero, por establecer relaciones con China a través de esos grupos criminales y con diversos paraísos fiscales, e incluso como instrumento para las operaciones de los empresarios ligados a García Luna, información que debería tener el gobierno federal.
Exhiben tanto a la Comisión Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera por su incapacidad para controlar el propio sistema, como la relación de esas empresas financieras con el gobierno de López Obrador. La administración de Sheinbaum cuando se dio el anuncio lo único que repitió fue que no se habían entregado pruebas. No se las darán.
Se va a cumplir un año de la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, y todavía el gobierno federal sigue pidiendo explicaciones al de Estados Unidos sobre lo sucedido y es evidente que no las tendrá. Es tan evidente como que en 11 meses la FGR no ha podido saber lo sucedido aquel 25 de julio en Sinaloa y no ha emprendido acción alguna (y si lo ha hecho no ha tenido resultado alguno o no lo ha informado) respecto a las responsabilidades políticas en esos hechos, incluyendo la muerte de Melesio Cuén y el montaje organizado sobre su asesinato.
Pero sucede lo mismo con las instituciones financieras ahora intervenidas: se piden explicaciones afuera, cuando lo que tendríamos que tener es una investigación interna, pero las mismas no se realizan porque tanto la CNBV como la UIF están manejadas como órganos políticos.
Mientras tanto, el gobierno en estas dos semanas siguió avanzando hasta casi cerrar su propio círculo con el plan C, sin comprender que esas reformas están cerrando, a su vez, el círculo que lo está rodeando la administración de Trump.
Lo que resulta evidente es que salvo en el gabinete de seguridad (SSPC, Defensa y Marina), que están cumpliendo con su responsabilidad y mantienen buena relación con sus homólogos estadunidenses, no hay confianza porque no sólo no se ve que se avance contra los cómplices y protectores políticos de los grupos criminales, sino que los protege y a veces los premia.
Lo que sucede con el contrabando de combustibles es insólito. Se han desmantelado con un gran trabajo de inteligencia de redes completas de robo, producción ilegal y comercialización de combustibles, refinerías, decenas de camiones de transporte, barcos, empresas que no pueden ser escondidas por su tamaño y volumen de operación, pero no tenemos detenidos de importancia, ningún político, ningún funcionario, en un negocio ilícito que deja utilidades, siendo muy conservadores de unos 300 mil millones de pesos al año y que durante el sexenio pasado se nos dijo una y otra vez que había sido erradicado desde los primeros meses de López Obrador en la Presidencia. Un negocio, además, que se ha adentrado en Estados Unidos, que es investigado allá, que genera utilidades también para los grupos calificados de terroristas, y que con cada decomiso se muestra más como lo que es: una red de enormes complicidades creada durante el sexenio anterior.
Mientras tanto, Ovidio Guzmán continúa su camino ya como testigo protegido de las fiscalías estadunidenses, lo mismo que su hermano Joaquín, que sus 27 familiares, muy probablemente igual que El Mayo Zambada y muchos otros. Y aportan al arsenal de información sobre cómplices y protectores. El secretario de Estado, Marco Rubio, sigue diciendo que su país tomará medidas contra los funcionarios que restrinjan la libertad de expresión y aquí hacen oídos sordos y aprueban, ignorando todo y a todos, la nueva Ley Censura. Los círculos se cierran y los costos que se pagarán serán cada día mayores.