Topolobampo en peligro

En la bahía de Ohuira, Sinaloa, el pueblo indígena Mayo-Yoreme enfrenta una escalada de agresiones por oponerse a dos megaproyectos energéticos impulsados sin consulta previa: una planta de amoníaco de GPO y una terminal de gas natural licuado de Sempra Energy. Once relatores de la ONU exigieron suspender la construcción por sus impactos ambientales, sociales y espirituales

Redacción Más

Las comunidades indígenas Mayo-Yoreme enfrentan una creciente persecución y agresiones sistemáticas por su defensa del territorio en la bahía de Ohuira, ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa.

En esta región, dos megaproyectos energéticos avanzan con el aval de autoridades y empresas: la planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria de la suiza Proman, y la planta de Gas Natural Licuado Vista Pacífico, promovida por Sempra Energy.

Ambos proyectos, denuncian los pueblos originarios, se han impuesto sin consulta previa, libre e informada, y con impactos ambientales, culturales y sociales de consecuencias potencialmente irreversibles.

La denuncia ha alcanzado dimensiones internacionales. Según documentó el portal Animal Político, once relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –integrantes de un grupo independiente de expertos y expertas en derechos humanos– manifestaron en una carta pública, enviada desde el 19 de septiembre, su preocupación por los impactos del proyecto de amoníaco.

La misiva fue dirigida al gobierno mexicano, a las empresas involucradas y a los gobiernos de Alemania y Suiza, países que participan en el financiamiento del proyecto a través del banco KFW IPEX-Bank y fondos públicos alemanes.

En su pronunciamiento, los especialistas de la ONU exigieron la suspensión inmediata de la planta de amoníaco y urgieron a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente que han sido amenazadas por oponerse a este megaproyecto. Entre los hechos denunciados, se encuentra un intento de secuestro y desaparición contra una defensora del territorio Mayo-Yoreme.

Proyectos sin consulta, con impactos devastadores

La planta de amoníaco ha sido señalada por violar los derechos fundamentales de las comunidades locales al desarrollarse sin respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, lo cual está garantizado por convenios internacionales firmados por México. El modelo de desarrollo impulsado por GPO ha sido calificado como lesivo para los derechos a la tierra, al territorio, al medio ambiente sano, al desarrollo, a la salud y a la identidad cultural de los pueblos indígenas.

Entre los riesgos identificados, destaca la afectación a la producción pesquera, en especial del camarón, una de las principales fuentes de subsistencia en la región. Se estima que podrían perderse más de 500 toneladas de larvas de camarón, es decir, más de la mitad de la producción registrada en la laguna. Este impacto amenaza directamente la economía de miles de familias pescadoras de la bahía de Ohuira.

Una amenaza a un sitio de valor internacional

La zona donde se construyen estas plantas industriales forma parte de un ecosistema costero de alto valor ambiental. Las lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira son reconocidas como un Sitio Ramsar por su biodiversidad y por albergar el 84% de las aves acuáticas migratorias que llegan a México durante el invierno. La bahía también incluye islas que forman parte del Patrimonio de la Humanidad “Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California” y son consideradas Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Los expertos de la ONU advirtieron que estos ecosistemas sustentan la reproducción, anidación y alimentación de especies amenazadas como tortugas, delfines, crustáceos, aves migratorias y una rica flora de manglares. Sin embargo, la bahía de Ohuira presenta ya un alto nivel de contaminación por plaguicidas, fertilizantes y metales pesados, producto del uso intensivo de agroquímicos y la actividad industrial portuaria en Topolobampo. La acumulación de contaminantes, junto con el aumento de temperatura del agua, ha deteriorado gravemente la calidad ambiental del sistema lagunar.

Impacto espiritual y cultural sobre el pueblo Mayo-Yoreme

Más allá de las afectaciones ambientales y económicas, los megaproyectos también vulneran profundamente la cosmovisión del pueblo Mayo-Yoreme, para quienes el mar, la lluvia, el monte y los sitios sagrados son parte integral de su vida espiritual y cultural.

La carta de los relatores señala que el proyecto denominado “Planta de Amoníaco 2200 TMPD” impacta negativamente en los centros ceremoniales y sitios sagrados de las comunidades, afectando su capacidad para ejercer prácticas religiosas, su identidad y sus relaciones tradicionales con la naturaleza.

Los pueblos Yoreme, cuyo nombre significa “gente que respeta la tradición”, se identifican como “la gente de la ribera”, en una referencia directa a su conexión con el agua y el entorno natural. El “bäwe aánia” –el mar– no es solo fuente de alimento, sino también un elemento espiritual central. En este contexto, la imposición de megaproyectos industriales es percibida como una ruptura violenta con su mundo simbólico y sagrado.

Una exigencia por la vida, la seguridad y los derechos

Ante esta situación, organizaciones ambientales, de derechos humanos y colectividades indígenas exigen al gobierno federal y estatal actuar con urgencia para frenar las violaciones de derechos humanos y ambientales en la región.

Piden que la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se pronuncien con claridad sobre las observaciones de los relatores de la ONU y ejerzan sus atribuciones para cancelar los permisos de operación de la planta de amoníaco de GPO, así como negar las autorizaciones para la planta de gas natural licuado Vista Pacífico, promovida por Sempra Energy.

Los expertos insisten en que estos proyectos no solo violan múltiples derechos humanos, sino que constituyen una amenaza directa al bienestar ambiental de una región estratégica para la biodiversidad del país. Asimismo, reiteran la necesidad de proteger a las personas defensoras del territorio, quienes enfrentan altos niveles de violencia por su labor de resistencia frente al avance industrial.

Topolobampo, joya ecológica del Pacífico mexicano, está hoy en la mira de intereses trasnacionales y en el centro de un conflicto que podría definir el rumbo del respeto a los derechos de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos energéticos. Mientras las comunidades Mayo-Yoreme defienden su forma de vida, el mundo observa si México está dispuesto a cumplir sus compromisos con el medio ambiente, la justicia social y los derechos humanos.