Por Francisco Ortiz Pinchetti
A la memoria de la periodista Rebeca Castro Villalobos,
en el cuarto aniversario de su partida.
La podredumbre finalmente ha roto el asfalto. La aparición de ‘Ni venganza ni perdón’ (Planeta, 2026), el libro de Julio Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, no es una simple pieza de memorias políticas; es el testimonio de un naufragio ético que terminó por agrietar el muro de supuesta pureza moral con el que Andrés Manuel López Obrador pretendió blindar su régimen.
Lo que ahí se describe desde las entrañas del poder no es la “cuarta transformación” de la vida pública, sino una guerra de lodo donde la justicia fue un garrote y la lealtad una mercancía que se pudrió a la intemperie.
Pero no nos engañemos: la sombra de Julito –como se le conoce en nuestro gremio periodístico para diferenciarlo de la estatura ética de su padre, Julio Scherer García– es larga pero no nueva. Su llegada a la Consejería Jurídica fue la culminación de una carrera marcada por la ambición desmedida y el oportunismo.
Aunque en su libro narra una relación con López Obrador iniciada supuestamente en 1997, la realidad lo contradice: en el año 2000 operó para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa y, tras la derrota de éste, buscó sin éxito integrarse al equipo del panista presidente electo Vicente Fox Quesada (intento frenado por Martha Sahagún), acercándose finalmente al tabasqueño (como también lo hizo su padre) sólo después de la elección y el supuesto “fraude” de 2006.
Ya en 2001, como director del Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE), Scherer Ibarra se había visto envuelto en un millonario fraude fiscal por exportaciones ficticias de azúcar; un episodio que estuvo a punto de llevarlo a prisión y que sólo la intervención de su padre ante el gobierno foxista logró frenar. Ese antecedente de pericia para caminar por el filo de la ley prefiguró su integración a la cúpula obradorista, donde se tejió una compleja red de complicidades.
Bajo el amparo de la cercanía absoluta con el mandatario, toda una red de personajes navegó en un mar de fango. La obra de Scherer Ibarra y Fernández Menéndez se engarza inevitablemente con otros testimonios que desnudaron la naturaleza financiera y personal del círculo presidencial. Es el caso de ‘El rey del cash’ (Grijalbo, 2022), donde Elena Chávez González reconstruyó la historia secreta de dieciocho años de campaña y gobierno. Su testimonio es una crónica nítida y sin concesiones que evidencia cómo el poder fue el gran amor y la obsesión de López Obrador, y cómo el odio y el resentimiento fueron el alimento de su ascenso.
Chávez González documentó el “maleteo” de efectivo y un esquema de financiamiento paralelo basado en traiciones políticas, ambiciones personales y abusos laborales, operados desde la intimidad de César Yáñez, su pareja en ese entonces. Es una pieza indispensable para entender el ADN del mandatario y de un movimiento que se alimentó de lo que juró combatir.
A esta radiografía se suma el contraste fundamental que ofrece ‘Traición en Palacio’ (Grijalbo, 2023). En su obra, Hernán Gómez Bruera lanza una acusación directa y contundente contra el propio Julio Scherer Ibarra, a quien señala de haber montado una red de extorsión y tráfico de influencias desde la propia oficina presidencial.
Gómez Bruera describe minuciosamente cómo el entonces consejero jurídico habría utilizado su cercanía con el mandatario para poner la justicia al servicio de intereses particulares, operando una estructura de despachos de abogados “favoritos” vinculados a su entorno y jueces a modo. Todo ello, además, en colusión con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y del titular de la temible UIF, Santiago Nieto Castillo, que actuaban “en pinza”.
Al confrontar ambos libros, el lector no encuentra la verdad de un bando contra el otro, sino la confirmación de una podredumbre compartida: mientras Scherer Ibarra acusa a Palacio de pactar con el crimen, Palacio lo acusa a él de ser el gran extorsionador del reino.
Independientemente de la veracidad de las acusaciones mutuas, lo que estos testimonios describen es una realidad incontrovertible: la corrupción sistémica en el entorno de López Obrador. Ya sea en la recaudación de efectivo para las campañas o en el ejercicio del gobierno, estas denuncias cruzadas son, en los hechos, confesiones de parte que revelan un lodazal: pero hay un elemento aún más grave que la corrupción misma: la impunidad. A pesar de la contundencia de las pruebas y de los testimonios de quienes estuvieron ahí, todos estos personajes gozan de una protección institucional que los mantiene intocables.
La acusación contra Jesús Ramírez Cuevas es puntual y demoledora. Se señala al otrora vocero presidencial ni más ni menos que como el puente que conectó al gobierno y a Morena con Sergio Carmona Angulo, el asesinado Rey del Huachicol. Según el exconsejero jurídico, Ramírez Cuevas fue el enlace para la entrada de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, desmoronando la imagen de monje que el vocero proyectaba.
El expediente de Carmona Angulo es el más oscuro de esa administración; sin embargo, no ha habido una sola consecuencia legal. La impunidad es el salvoconducto que le permite seguir caminando sin el menor asomo de justicia.
Lejos de guardar silencio, la respuesta de Jesús Ramírez Cuevas fue un contraataque feroz que terminó por confirmar la descomposición. Al acusar a Scherer Ibarra de tráfico de influencias y extorsión contra empresarios –haciendo eco de lo expuesto por Gómez Bruera–, el vocero no hizo más que ratificar que en la cúspide del Palacio operaban redes delictivas.
Este intercambio de fango revela que la ética fue sacrificada en el altar de la impunidad. No importa quién acuse a quién; el resultado siempre es el mismo: el manto protector del poder que impide que cualquier denuncia llegue a los tribunales.
En este sistema de corrupciones, Alejandro Gertz Manero emergió como el rostro más siniestro de la procuración de justicia, convirtiendo a la FGR en una oficina de asuntos particulares para perseguir a enemigos políticos… y a sus propios compañeros de gabinete. Mientras los “leales” se canibalizan, los grandes desfalcos públicos permanecieron bajo un manto de impunidad garantizada. No parece casual, por cierto, que la aparición del libro de Scherer Ibarra y Fernández Menéndez ocurra justo después de que Gertz Manero fuera removido de la FGR y enviado como embajador ante Reino Unido.
La lista de intocables se extiende a los afectos más profundos del mandatario. Adán Augusto López Hernández, el “hermano” tabasqueño y exsecretario de Gobernación, transitó por el poder bajo la sombra de acusaciones por enriquecimiento inexplicable y presuntos vínculos con el crimen organizado, sin que su ascenso se viera jamás obstaculizado.
Del mismo modo, Gerardo Fernández Noroña encarnó la contradicción ética del movimiento: mientras predicaba la austeridad, la adquisición de una propiedad de 12 millones de pesos en Tepoztlán provocó escándalos y sospechas que fueron sofocados por la narrativa oficial. No es menor que haya sido el propio Fernández Noroña quien asumiera la defensa pública de Jesús Ramírez frente a las denuncias de Julito, cerrando filas en torno a la versión de Palacio y descalificando al exconsejero como un traidor movido por el despecho.
El caso de Segalmex es la prueba fehaciente: bajo Ignacio Ovalle Fernández desaparecieron más de 15 mil millones de pesos y, en lugar de enfrentar la justicia, el funcionario fue rescatado y protegido por el propio presidente. La misma suerte de protección alcanzó a Manuel Bartlett Díaz, Rocío Nahle García y Delfina Gómez Álvarez. No importó la evidencia de emporios inmobiliarios, costos disparados en refinerías o retenciones ilegales de salarios; la lealtad al proyecto fue el único requisito para obtener el perdón absoluto.
Esta purulencia alcanzó su punto más crítico en el núcleo familiar, donde las investigaciones sobre los negocios de los hijos del mandatario y sus amigos empresarios en el Tren Maya, el Interoceánico y el IMSS-Bienestar fueron ignoradas sistemáticamente.
Al final, lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los diques de Palacio y la podredumbre sale a la luz… pero la justicia nunca ha llegado. Aquel periodo dejó a las instituciones rotas, confirmando que la honestidad no fue un principio rector, sino un eslogan de campaña mientras la complicidad y la impunidad se convertían en la verdadera política de Estado. Válgame.