Ciudad de México, octubre 2. México vive la peor crisis de desapariciones de América Latina: la cifra oficial de más de 127 mil personas desaparecidas supera la de cualquier guerra o dictadura en la región, según un informe elaborado por decenas de colectivos, familiares y organizaciones civiles. Este documento fue entregado al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en el marco del procedimiento abierto contra México, al considerar la posibilidad de que en el país existan desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática.
De acuerdo con lo informado por Animal Político, el procedimiento internacional está normado en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que abre la posibilidad de que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en un escenario más extremo, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma.
Deficiencias en el registro oficial
El informe denuncia las deficiencias del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que presenta errores, falta de actualización, problemas de gestión y obstáculos de acceso a la información. Estas carencias, advierten, incrementan el sufrimiento de las familias, generan incertidumbre y reducen la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
Aunque la base de datos conserva el registro de más de 127 mil personas desaparecidas, no se especifica con precisión cuántos casos fueron responsabilidad directa de autoridades ni cuántos de particulares con autorización, apoyo o aquiescencia estatal.
Crisis forense y hallazgos en fosas
El informe revela una crisis forense sin precedentes, con más de 72 mil cuerpos sin identificar entre 2006 y 2023. A ello se suman 3 mil 516 fosas clandestinas descubiertas entre enero de 2006 y septiembre de 2024, de las cuales se han exhumado 8 mil 341 cuerpos y 52 mil 305 restos humanos.
Los colectivos exigen la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico que determine los patrones de desaparición, detenga el fenómeno, identifique cuerpos, devuelva dignamente restos humanos a las familias y lleve a los responsables ante la justicia.
Estados más afectados
El documento presenta análisis específicos en entidades como:
Jalisco: 15 mil 479 personas desaparecidas al 21 de julio de 2024. Se documenta la infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad, con policías municipales y agentes de la Fiscalía señalados como perpetradores, además del reclutamiento forzado en campamentos como Teuchitlán.
Estado de México: 14 mil 434 personas desaparecidas, con un patrón histórico en desapariciones forzadas y uso de canales de aguas negras y residuales para ocultar cuerpos.
Morelos: los casos de Tetelcingo y Jojutla revelaron el uso clandestino y sistemático de fosas comunes estatales, conocidas como “fosas clandestinas del Estado”.
Tabasco: fuerte incremento en desapariciones desde 2018, con un repunte en 2024 y 2025. Las principales víctimas han sido niñas y jóvenes. Se denuncian vínculos entre el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, y el crimen organizado durante el gobierno de Adán Augusto López, lo que evidencia aquiescencia estatal.
Veracruz: documentada la implicación directa de agentes estatales en desapariciones.
Nayarit: consolidación de una estructura delictiva dentro de la propia fiscalía general del estado.
Nuevo León: un estudio del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (ODIM) que analizó 548 casos entre 2005 y 2015 mostró que en el 46.7 % de los casos los perpetradores fueron autoridades estatales.
Coahuila: el mismo estudio analizó 729 casos entre 2001 y 2017, de los cuales el 26 % fueron atribuidos a agentes estatales.
Guanajuato: en siete años, las desapariciones se incrementaron ocho veces. El estado también ocupa los primeros lugares en homicidios desde 2018.
Baja California: la violencia presenta gran heterogeneidad y niveles críticos, con desapariciones agravadas por desplazamientos forzados, narcotráfico, trata de personas y explotación sexual.
Sectores más vulnerables
El informe también señala la afectación a sectores específicos:
Infancias y adolescencias: 17 mil 349 menores desaparecidos, con adolescentes de entre 14 y 19 años como el grupo más afectado. El reclutamiento forzado y la trata son móviles clave.
Mujeres: especialmente niñas y jóvenes en estados como Tabasco.
Migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como periodistas y defensores de derechos humanos, son blancos frecuentes de desaparición.
Al menos 27 personas buscadoras de desaparecidos han sido asesinadas y otras más desaparecidas por su labor.
Impunidad y falta de justicia
El informe subraya que entre 2017 y enero de 2025 se dictaron solo 373 condenas por desaparición, incluyendo desaparición forzada y cometida por particulares, lo que equivale a apenas el 0.56 % de los casos reportados en ese periodo.
Las organizaciones advierten que la política de Estado sobre desaparición forzada puede surgir de un plan preestablecido o cristalizarse a través de prácticas sistemáticas y recurrentes, avaladas mediante el uso de recursos públicos, omisiones deliberadas o declaraciones oficiales que normalizan estos crímenes.