El estado de excepción decretado a finales de 2022 en Honduras para contener la criminalidad concluye este lunes en medio de posturas encontradas: el gobierno asegura que la medida ayudó a reducir los homicidios, mientras organismos de derechos humanos advierten sobre violaciones a garantías, malos tratos y torturas. A lo largo de más de tres años, la administración de la presidenta Xiomara Castro prorrogó la disposición al menos 24 veces, lo que, de acuerdo con el analista y defensor Joaquín Mejía, desvirtuó su carácter “excepcional” al convertirla en una práctica permanente, con restricciones constitucionales sin una justificación legal suficiente.
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