Ciudad de México, 01/09/25 (Más).- La deuda per cápita en México aumentó casi 60 por ciento desde el inicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en 2018 hasta junio de 2025, según un análisis difundido por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
De acuerdo con el organismo, cada habitante del país debía al cierre del primer semestre del año 135 mil pesos, una cifra 9.6 por ciento superior a la reportada en 2024 y muy por encima del monto registrado al final del sexenio anterior.
“El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de deuda, sumó 17.8 billones de pesos, 1.8 billones más que en igual mes del año pasado”, señaló el CEESP. En diciembre de 2018, cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, la deuda era de 10.7 billones de pesos, lo que implicaba un adeudo per cápita de 85 mil 915 pesos.
Aunque el centro de estudios reconoció que en lo que va del año las finanzas públicas han seguido el objetivo de reducir el déficit fiscal, advirtió que el endeudamiento sigue siendo un tema preocupante. A su juicio, el incremento del gasto social no ha sido respaldado por una expansión proporcional de los ingresos públicos, lo que ha deteriorado la posición financiera del país.
Durante el primer semestre de 2025, los ingresos totales del sector público aumentaron 3.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, el CEESP indicó que ese ritmo de crecimiento no es suficiente para satisfacer la necesidad de mayores recursos que implican los programas sociales.
El reporte también identificó una reducción considerable en la inversión física del gobierno, que cayó 30.4 por ciento en el periodo enero-junio. “Se aprecian importantes ajustes en diversos rubros del gasto que pueden incidir negativamente en programas que se relacionan con el bienestar de los hogares”, manifestó el organismo asesor del Consejo Coordinador Empresarial.
En su evaluación de la política fiscal actual, el CEESP afirmó que la inversión pública en mayo de 2025 disminuyó 25.8 por ciento y acumuló trece meses consecutivos a la baja. Esta caída en la inversión gubernamental fue vinculada directamente con un menor ritmo de ejecución en proyectos de infraestructura, considerados clave para impulsar el crecimiento económico.
“El reducido gasto del gobierno en infraestructura inhibe la inversión privada”, expresó el organismo. A su juicio, esta situación contribuye a la debilidad de la actividad económica y al estancamiento del mercado laboral. La disminución en la inversión pública habría generado un entorno menos propicio para el desarrollo de nuevas empresas y para la expansión del empleo formal.
La inversión privada también mostró señales de deterioro. En mayo de 2025, esta variable se contrajo 4.9 por ciento, según el CEESP, que advirtió sobre la posibilidad de que la tendencia descendente iniciada a finales de 2023 continúe en los próximos meses.
El organismo identificó varios factores internos que afectan la confianza empresarial, entre ellos la ausencia de estado de derecho, la inseguridad y la corrupción. Estos elementos, afirmó, aumentan la cautela para realizar inversiones en el país.
En este contexto, el CEESP sostuvo que el comportamiento del gasto público bajo el actual gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está limitando la posibilidad de una mayor participación del sector privado en la economía. La disminución en la inversión tanto pública como privada plantea desafíos significativos para la recuperación económica y el bienestar de los hogares mexicanos.
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