Por Francisco Padilla
Saltillo, 06/12/2024 (Más).- El diputado Antonio Attolini Murra presentó en el Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Torreón a informar sobre el estado financiero del programa Iluminando Torreón y para solicitar a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila que inicie una investigación sobre posibles irregularidades en su ejecución.
“Como éste es un hecho público y notorio, se debe de investigar de oficio y deslinde las responsabilidades correspondientes porque el descaro del alcalde ya no conoce límites y tenemos que poner un límite”, indicó el legislador del partido Morena.
“Es, de entrada, negligencia, omisión y una irresponsabilidad de quien ha pensado que es dueño de Torreón, que es latifundista, terrateniente, hacendado… no le gusta ser alcalde, desprecia al pueblo de Torreón y en cada oportunidad que tiene, nos lo reafirma con declaraciones de que no va a dar información”, añadió.
El programa Iluminando Torreón enfrenta señalamientos de irregularidades tras detectarse un posible desvío de recursos mediante contratos inflados. La empresa Comercializadora Aura Imal, vinculada a actividades comerciales dudosas y registrada como proveedora en 2023, recibió más de 12 millones de pesos por la adquisición de focos ahorradores. Sin embargo, documentos oficiales reportan un monto 40% menor, lo que ha despertado sospechas sobre el manejo de los recursos.
La compañía también ha sido señalada por mantener una relación opaca con el Ayuntamiento de Torreón, encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda. Este caso se suma a antecedentes previos de posibles irregularidades durante su administración.
Attolini Murra calificó el caso como un hecho gravísimo de corrupción, particularmente porque se trata de un programa dirigido a atender a las poblaciones más vulnerables.
Además, el diputado criticó otro aspecto de la gestión municipal: el hecho de que el alcalde entregara su Informe de Gobierno a un consejo consultivo integrado por personas allegadas. Esto, señaló, “lo convierte en juez y parte en el proceso de evaluación”, lo que consideró un acto cuestionable y poco transparente.
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