Solicita diputado juicio político contra el Congreso de Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja solicitó juicio político contra legisladores del PRI y PAN en Coahuila por no incluir la revocación de mandato en la Constitución

Ciudad de México, 24/07/25 (Más).- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una solicitud de juicio político en contra de las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que conforman la mayoría del Congreso de Coahuila.

La denuncia fue formalizada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, con el argumento de que el Congreso local ha incumplido, desde 2019, con su obligación constitucional de incorporar la figura de revocación de mandato en la Constitución estatal.

Mejía Berdeja afirmó que la omisión ha sido deliberada y responde a un intento por proteger al actual gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Según explicó, la inclusión de la figura de revocación de mandato permitiría activar un proceso de consulta ciudadana a mitad del periodo de gobierno, lo que representaría un riesgo político para la administración estatal.

“Esta mayoría del Congreso estatal ha incumplido este decreto constitucional, debido al temor que existe entre sus legisladores locales, para que se active un proceso de revocación en contra del actual gobernador del estado, Manolo Jiménez, ya que quieren que el tiempo transcurra para que no pueda ser sometido a este procedimiento y por eso es que se presenta esta demanda”, declaró.

El diputado recordó que en el ámbito federal, la revocación de mandato está establecida como un mecanismo constitucional que debe replicarse en las entidades federativas. En ese contexto, señaló que la falta de armonización legislativa por parte del Congreso de Coahuila constituye una violación directa a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, refirió que el diputado local del PT, Antonio Flores, presentó en su momento una iniciativa para incluir la revocación de mandato en la Constitución local. Dicha propuesta fue desechada por la mayoría conformada por el PRI, el PAN y partidos afines. Según Mejía Berdeja, este rechazo es parte de una estrategia para permitir que transcurra el plazo legal que impediría aplicar la figura durante el actual mandato del gobernador.

El legislador subrayó que la solicitud de juicio político no obedece a razones partidistas ni a represalias, sino a la defensa de los principios constitucionales. “La denuncia no responde a alguna represalia, sino al ejercicio legítimo de un recurso constitucional, como el juicio político ante el mandato claro de una ley suprema, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, explicó.

También acusó al Congreso de Coahuila de actuar de forma negligente y con desprecio hacia la ciudadanía.

“El Congreso de Coahuila, con una actitud dolosa, negligente y burlona hacia el pueblo de Coahuila, se ha negado a establecer esta figura. Nosotros traemos un movimiento muy fuerte en la entidad, levantando firmas para presionarlo a que haga la reforma constitucional y establezca la revocación de mandato, como debe estar en todo el país, esta es una omisión muy grave a la Constitución”, sostuvo.

El legislador reiteró que la propuesta cuenta con respaldo ciudadano, y que la intención es obligar a las autoridades estatales a cumplir con lo establecido a nivel nacional. La figura de revocación de mandato ha sido promovida como un instrumento de participación directa que permite a la ciudadanía evaluar y, en su caso, retirar el mandato a quienes ejerzan un cargo público, particularmente el Ejecutivo.

La solicitud de juicio político presentada por Mejía Berdeja será turnada a la Comisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, instancia que determinará la procedencia del caso y su posible avance hacia la Comisión Jurisdiccional. Este procedimiento está regulado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y puede derivar en sanciones para quienes incurran en actos u omisiones graves en el ejercicio de sus funciones.

Hasta el momento, el Congreso de Coahuila no ha emitido una respuesta oficial ante la solicitud del diputado federal. El proceso legislativo continuará conforme a los plazos establecidos por la normativa aplicable, mientras las acusaciones sobre incumplimiento constitucional abren un nuevo capítulo de confrontación entre el Poder Legislativo federal y los órganos legislativos locales.