Por Miguel Villarello
Pocos se han preguntado sobre el destino de los inmuebles propiedad del narco o de organizaciones criminales en Coahuila y confiscados anteriormente por la Fiscalía General de la República (FGR) y que tampoco nadie desea adquirirlos.
Aunque es sabido por todos que, una vez asegurados por la FGR después de un litigio, amañado dicen algunos por la autoridad judicial, van a depositarse en la Secretaría de Hacienda y posteriormente ofrecidos en remate, sin embargo, nadie muestra interés ante el temor a que regrese el dueño y lo reclame “por la buena o por la mala”.
En el mejor de los casos, las propiedades o terrenos permanecen ahí sin que nadie se preocupe por ellos y pasan los años, tiempo en que son desmantelados y, los que contienen muebles, equipos de electrónicos, vehículos y demás desaparecen.
Hoy en muchas partes del país, y Coahuila no es la excepción, estas propiedades están abandonadas, derruidas una que otra y sin puertas ni ventanas, pero son custodiadas por rejas con cadenas y candados oxidados por el paso del tiempo y con letreros casi invisibles con leyendas como “Prohibido el paso” o “Propiedad federal”.
Un ejemplo en Saltillo es el centro social conocido como Candilejas, allá por los 90s fue un lujoso complejo de salones de eventos sociales, escolares y políticos, está ubicado en la Zona Dorada de la ciudad al norte sobre el periférico Luis Echeverría.
Hoy está en el abandono y sólo cuenta con una barda frontal como fachada, está rodeado de una malla ciclónica perimetral de más de 200 metros de fondo y unos 100 metros de frente.
En aquel entonces funcionó unos años y después fue incautado entre otros bienes a una persona como parte de una investigación por delitos relacionados con el narcotráfico, la entonces PGR requisó el predio, con el tiempo fue saqueado y unos años más tarde derruido para evitar el vandalismo y paracaidistas que pretendían apropiarse del terreno.
Sin embargo, es una muestra del rumor que manejan quienes saben del predio y su historia, nadie puede apropiárselo o reclamarlo ni su propietario legítimo ante el temor a que el narco regrese y se lo quite.
De acuerdo con una investigación de datos, es sabido que todo este tipo de bienes van a parar a una dependencia federal como resultado de un litigio entre la autoridad federal y el personaje inculpado por actividades delictuosas relacionadas con el narcotráfico o corrupción, es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Esta oficina es la que administra y liquida los bienes transferidos al Estado luego de los litigios y temporalmente los almacena en bodegas de grandes dimensiones, sólo en cuanto al monto de lo almacenado, sin contar los bienes inmuebles diseminados en todo el país, se sospecha que la dependencia hasta el 2011 tenía bajo su custodia más de 70 millones de pesos en bienes asegurados, equivalentes a unos 50 millones de dólares de entonces, monto que se duplicó para 2014.
Un dato revelador es que en ese año esta oficina sólo mantenía el 10% de los bienes decomisados en operativos contra el narcotráfico, no obstante, el incremento de actividades en contra del crimen organizado en todo México y que los bienes para el Estado fueran en aumento.
Antes de que se decretara la Ley de Extinción de Dominio para contrarrestar el rápido incremento de las adquisiciones de predios, equipos y flotillas vehiculares como resultado de las actividades ilícitas, en 2003 el Gobierno federal creó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Para ello se fusionaron varias dependencias, la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Dirección General Adjunta de Cartera y Activos no Monetarios; además del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito.
El rumor, confirmado por litigantes defensores de sospechosos de tráfico de drogas y crimen organizado, es que muchos de los bienes incautados se perdían o eran sustraídos de las bodegas ante la lenta y desorganizada acción legal para su administración y liquidación.
Similar situación padecieron terrenos, predios, ranchos, mansiones y complejos de eventos sociales propiedad de los narcos, pero a los meses de distancia lucían totalmente desmantelados e imposibles de vender o adjudicar por la autoridad para rematarlos posteriormente.
En cuanto a los bienes, se dice que algunos eran más fáciles de rematar, pero el dinero obtenido por ello iba etiquetado para impulsar actividades de seguridad ciudadana y equipamiento policial.
Aquí surgen cuestionamientos como cuál es el destino que tienen las propiedades, dinero, equipos electrónicos, armamento, vehículos o menaje inmobiliario que confisca la autoridad a sentenciados por actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico.
CASAS DE LUJO Y PROPIEDADES
Un ejemplo es la casa de “El Marro” líder huachicolero del bajío, es un caso reciente y en proceso de litigio en el que la autoridad seguramente buscará rematar y que recuerda las casas de narcotraficantes en Saltillo que han sido aseguradas por autoridades y de las que llaman la atención el lujo y excentricidades que se han encontrado en ellas.
Al “Marro” le incautaron una casa que tenía en una comunidad de Celaya, Guanajuato y, como muestra un botón: la lujosa vivienda tiene siete albercas y jardines como si fuera un palacio en sus exteriores, pero dentro los pisos son de madera, además de estar adornada con plantas exóticas en sus solares entre habitaciones.
NARCO EN SALTILLO
En lo particular, llama la atención el caso de Juan Chapa Garza o José Luis García Treviño, personaje que a finales de los 80s y principios de los 90s operó en Saltillo y la región sur del estado como desarrollador de vivienda, caminos, puentes y obra pública.
Todo inició con un rumor, sus empresas eran producto del narco y estaban dedicadas al lavado de dinero, la autoridad federal inició la investigación y el sujeto fue encontrado culpable y extraditado a Estados Unidos donde fue encontrado culpable gracias a la aportación de pruebas y datos por parte de la DEA estadunidense y sentenciado a prisión.
Una de sus empresas era la constructora Grupo Aztlán y mediante la que tejió una red de complicidades con dependencias públicas estatales y municipales, el mundo político, social y público, a través de un centro de convenciones de su propiedad: Candilejas.
La leyenda pública insiste en que García Treviño a su llegada a esta ciudad se relacionó con la alta sociedad, políticos y empresarios que le vendían predios a más del triple de su valor comercial, pero realmente se dedicaba a dos actividades ilícitas, tráfico de sustancias adictivas en pipas disfrazadas que cruzaban a Estados Unidos y lavado de dinero.
Entonces políticos y empresarios muy conocidos se beneficiaron apareciendo en su nómina de negocios, pero cuando fue detenido por la PGR en una acción coordinada con la DEA en Baja California, México, para extraditarlo al país vecino curiosamente nadie lo conocía.
Actualmente, luego de unos 20 años, se dice que salió de la cárcel por haber cumplido su condena y anda libre desarrollando negocios en Texas, pero afirma que no regresará a Coahuila.
REGISTRO PÚBLICO
Para el caso de una investigación para conocer la procedencia de algún terreno o predio urbano o suburbano en la entidad, está el Registro Público de la Propiedad, ente que desde hace unos años sufrió un cambio al introducir la consulta mediante un complejo sistema electrónico; este sistema colapsó durante algunos meses volviendo lenta y, a veces, imposible, la consulta por parte de notarios, abogados, constructores o particulares en la búsqueda de datos.
El RPP es básico para conocer si alguna propiedad o vivienda tiene dueño, pero dadas las condiciones en que se encuentra hoy, pues anteriormente cualquier ciudadano podía hacer una consulta en sus archivos, es prácticamente imposible, sólo los notarios y algunos abogados por parte de los desarrolladores de vivienda tienen acceso.
Por ello es casi incierto saber quién sería el verdadero dueño de predios conocidos en Saltillo como Candilejas o un amplio terreno ubicado en el libramiento Óscar Flores Tapia y el bulevar Fundadores en Arteaga incautados en los 90s a Juan Chapa Garza por parte de la entonces PGR.
El rumor, por ejemplo, es que un notario tiene escrituras atrasadas debido a ese sistema electrónico del RPP y afirman que antes una libertad de gravamen tardaba pocos días y en la actualidad tarda meses; de ahí que sea casi imposible efectuar una consulta a dicha base de datos y saber sobre el propietario legítimo del terreno, en este caso que le fuese incautado a alguna persona sujeta a investigación por actividades ilícitas.
LO QUE DICE LA LEY
Hasta el 2010 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era considerada la paraestatal más activa y la que más activos producía al Gobierno Federal.
Un dato dice que desde 2003 cuando se instituyó, para 2010 había liquidado casi 40 mil créditos de cartera vencida de bancos quebrados, vendido casi 9 mil bienes inmuebles y comercializado alrededor de 50 millones de muebles.
De haber vendido, por ejemplo, 80 inmuebles a un costo de 145 millones de pesos, subió hasta alcanzar casi 320 millones de pesos por el mismo concepto sólo en un periodo de tres años.
El sistema que utilizaba la dependencia era el siguiente: el dinero era administrado con controles fiduciarios estrictos, cuyas ganancias eran distribuidas en partes iguales entre el sector salud, el judicial y los organismos policiales; fondos que, de 40 millones en 2006 subieron a más de 150 millones de pesos en 2010.
Entonces la dependencia federal organizaba subastas públicas a través de una página www.sae.gob.mx, con el fin de establecer la protección de datos personales de los interesados para vender desde inmuebles y autos lujosos, furgones de ferrocarril o animales disecados de adorno.
Sin embargo, con la institucionalización de la Ley de Extinción de Dominio creada para incautar bienes a personas acusadas de narcotráfico, lavado de dinero y secuestros, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes recibió un fuerte impacto al ver reducidas sus atribuciones.
Y la queja de abogados y litigantes es que la Ley de Extinción de Dominio tiene dos caras para dicha dependencia, la buena porque se pueden vender a precio de mercado los bienes aun cuando los casos no han sido definidos por los juzgados, y el lado malo es que dicha normativa establece términos más rápidos, que van de los 6 a los 12 meses, para deshacerse de los bienes.
Con esta Ley de Extinción de Dominio, por ejemplo, cita un legalista consultado, anteriormente el sector público debía mantener los bienes intactos para venderlos o regresarlos al final de un juicio que podía durar hasta 10 años; pero en la actualidad los fondos serán depositados en fideicomisos para, cuando termine el proceso judicial, si los acusados son inocentes recibirán el dinero con intereses.
¿Justo o no?, cuestiona el mismo abogado y sigue con su explicación referente a los “narcopredios” incautados y abandonados en Saltillo.
“Por temor nadie quiere adquirir esas propiedades cuando salen a remate, dicha actividad iría en dos vías, creo yo, o continúan en el abandono o las sigue administrando la autoridad federal por mucho tiempo o las remata en cantidades irrisorias.
“Pero el temor principal entre los posibles interesados, que sí los hay, es a que, una vez que la adquirió, corre el peligro de que el propietario luego de haber cumplido su condena y salir en libertad, llegará y se la quitará bajo amenazas, entonces no tiene caso”, mencionó.
En esta situación, finalmente comenta: “están muchas propiedades, casas, ranchos, autos, equipamiento domiciliario, menaje de excelente calidad en Saltillo, el estado o todo el país y se trata de economías o desarrollos inmobiliarios que prácticamente se van a la basura porque nadie muestra interés”.
SAQUEO
De vuelta al caso Chapa Garza o José Luis García Treviño y dos de sus predios que le incautaría la PGR en los 90s son el centro de convenciones y social Candilejas de Saltillo y un extenso predio ubicado en Arteaga, Coahuila que, con el paso del tiempo, más de 25 años, fueron presa del saqueo y hoy lucen en el abandono total.
De ambos predios nadie, ni siquiera quienes tienen propiedades aledañas, desean saber de la posibilidad de adquirirlos, no hay interés, o más bien existe el temor para comprarlos.
Por ejemplo, Candilejas el cual en una búsqueda en internet todavía aparece y en proceso de funcionamiento, está ubicado en la colonia Cumbres por el Periférico Luis Echeverría Álvarez en una de las áreas de mayor plusvalía de la localidad conocida como la Zona Dorada.
No obstante, el paso del tiempo cobró su factura y está abandonado, y sirve de lugar de recogimiento de migrantes o vándalos que realizan pintas en las pocas paredes que lo conforman.
Por lo que respecta al otro predio, de por lo menos dos hectáreas de extensión y ubicado a unos metros del bulevar fundadores y el libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga, que pertenecía al mismo sujeto, el terreno en aquellos años era el corralón donde se guardaban y almacenaban maquinaria de construcción, maquinaria pesada, equipos mobiliario habitacional y flotillas de vehículos pertenecientes principalmente a Grupo Aztlán, principal empresa desarrolladora y por la cual el imputado de actividades ilícitas lavaba dinero procedente del narco.
Ambos sitios fueron incautados por la Procuraduría General de la República, hoy conocida como Fiscalía General de la República, al inicio del proceso judicial y los resguardaba con mucha deficiencia.
Ante tal circunstancia los predios fueron saqueados, así como los resguardos que mantenían en sus bodegas: menaje, mobiliario, equipos de cómputo, equipos electrónicos, autos, camiones, maquinaria para la construcción, maquinaria pesada, pipas de combustible, entre otros y que se perdieron como consecuencia del saqueo por parte de los mismos agentes o personas extrañas que ingresaban a los predios cobijados en la oscuridad, cuenta la leyenda popular.
ESTRATEGIA CAÍDA
En investigaciones más recientes trasciende en medios nacionales que el actual gobierno federal ha dejado de lado la estrategia de incautar bienes a las empresas del narco, secuestro y crimen organizado que se había desarrollado insistentemente en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos investigados la 4T contrajo en un 600% su estrategia para la incautación y administración de bienes inmuebles, ranchos, casas y departamentos de lujo, casas de seguridad o bodegas utilizadas por personas relacionadas con actividades ilícitas según las leyes penales.
Ello en comparación con los programas aplicados por cada uno de los tres sexenios anteriores en cuanto a la cantidad de propiedades incautadas a delincuentes, pues hay quien afirma que se debe a que el actual Gobierno aplicó el enfoque para tener una menor confrontación con estos tres tipos de delincuencia.
Como ejemplo, la investigación cita propiedades como un edificio similar a un palacio estilo árabe de Amado Carrillo Fuentes en Hermosillo Sonora, una lujosa residencia cuyos patios estaban adornados con siete albercas propiedad de José Antonio Yépez “El Marro” en Celaya Guanajuato, la casona del chino Zhenli Ye Gon en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, o la hacienda con más de 200 animales exóticos que poseía Jesús Zambada “El Rey” cerca de Toluca en el Estado de México.
Y da a conocer algunos datos: el gobierno de Vicente Fox se embargaron 208 propiedades, bajo la administración e Felipe Calderón fueron asegurados 141 propiedades; por su parte Enrique Peña Nieto fueron 134 edificios despojados al crimen organizado en los tres sexenios el comparativo abarca sus dos primeros años de gestión.
La investigación de datos va más allá y cita cifras recientes: el norte del país es donde se focaliza el aseguramiento de inmuebles ligados a delitos relacionados con sustancias tóxicas, secuestro y lavado de dinero.
Dos ejemplos bastan: en la administración de Fox más de la mitad de los casi 500 aseguramientos fueron en el norte del país; similar circunstancia se presentó en el sexenio calderonista con casi el 65% de las incautaciones inmobiliarias de más de 510 también se cumplimentaron en la zona norte y en estados como Coahuila, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Durango y Zacatecas.
Al tanto, la cifra de la 4T se ubica a la baja por mucho comparada con anteriores administraciones, dicta la investigación, pues sólo entre 2019 y 2020 se han incautado 27 propiedades del narco.
Sólo por dar un ejemplo, comentan los investigadores finalmente, impactan las joyas que tiene un banco bajo custodia y que fueron incautadas a delincuentes conocidos: relojes Bling Bling similares a los que usa un rapero famoso, piezas llenas de diamantes, relojes semejando una hoja de mariguana o la santa muerte, otros de las marcas Patek Philippe y Hublot que cuestan arriba de los 20 mil dólares, etcétera.
Otro dato curioso, ¿o excéntrico?, después de asegurarlos mediante proceso jurídico, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes hace unos años vendió el periódico El Independiente y los equipos de futbol Santos y León confiscados a Carlos Ahumada.
Bien o mal, estas más de cuatro propiedades en Saltillo incautadas al narco están ubicadas en zonas de alta plusvalía, pero el fundado temor a sus propietarios no deja que se acerquen inversionistas a tratar de adquirirlas y convertirlas en polos de desarrollo económico.
NUMERALIA
512 inmuebles fueron asegurados al narco por Felipe Calderón al narco.
469 correspondieron a Vicente Fox.
302 inmuebles fueron incautados por Enrique Peña Nieto.
El norte del país es donde más inmuebles se han asegurado por actividades ilícitas.
Estos decomisos fueron contra delincuencia que operaba en las zonas de Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Sonora y Chihuahua son estados norteños donde más se han asegurado bienes procedentes del narco.