Ciudad de México, 18/07/25 (Más).- El 56.1 por ciento de las personas privadas de la libertad en Coahuila aún no han sido sentenciadas, lo que equivale a 2,458 internos de un total de 4,376 registrados en la entidad hasta febrero de 2025.
Los datos anteriores están consignados en el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 y actualizado a febrero de 2025, así como a los reportes de de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana.
La cifra indica que más de la mitad de las personas recluidas en los centros penitenciarios de Coahuila están sujetas a proceso sin haber recibido una resolución judicial definitiva. Esto se alinea con un patrón observado en varios estados del país, donde prevalece un uso extendido de la prisión preventiva.
Por otra parte, 1,918 personas privadas de la libertad ya contaban con sentencia condenatoria, lo que equivale al 43.9 % del total de internos en la entidad.
Del total de 2,458 personas sin sentencia en Coahuila, 2,321 eran hombres y 137 eran mujeres. En cuanto a la población con sentencia, 1,860 correspondían a hombres y 58 a mujeres. Estos datos muestran que la mayoría de las personas privadas de la libertad, tanto en condición de procesadas como sentenciadas, son del sexo masculino, lo cual es consistente con las tendencias nacionales en los sistemas penitenciarios.
Respecto al fuero, el documento indica que 3,833 personas se encontraban bajo proceso o sentencia del fuero común, mientras que 543 estaban sujetas al fuero federal. Esto implica que aproximadamente el 87.6 % de la población penitenciaria en Coahuila estaba relacionada con delitos del fuero común, mientras que el 12.4 % restante correspondía a delitos del orden federal. Esta distribución reafirma la predominancia de procesos locales en la carga del sistema penitenciario estatal.
Los penales de Coahuila presentan además el problema de la sobrepoblación, Coahuila registró una tasa de ocupación penitenciaria del 134.3 % al cierre de 2023, lo que evidencia una situación de sobrecupo en sus centros de reclusión. Con una capacidad instalada para 3,258 personas, el sistema penitenciario estatal albergaba a 4,376 internos, superando por más de mil espacios el límite establecido para una operación adecuada.
La sobrepoblación ha sido constante en los últimos años y afecta tanto a los centros estatales como a los especializados en adolescentes. La entidad cuenta con 10 centros penitenciarios, de los cuales 7 son estatales, 2 especializados y 1 federal. Este déficit de espacio genera condiciones adversas para la estancia de las personas privadas de la libertad y dificulta la gestión operativa y de seguridad de los centros.
La saturación carcelaria tiene implicaciones directas en el acceso a servicios básicos, programas de reinserción social, atención médica y medidas de seguridad. Además, según especialistas, incrementa el riesgo de violencia interna, problemas de salud pública y vulneración de derechos humanos.
El fenómeno de sobrepoblación en Coahuila está estrechamente vinculado al elevado porcentaje de personas procesadas sin sentencia, que representa más de la mitad de la población penitenciaria. Este dato sugiere que una revisión del uso de la prisión preventiva y una agilización en los procesos judiciales podrían ser factores clave para reducir la presión sobre los centros de reclusión.
En cuanto a la infraestructura penitenciaria, Coahuila reportó 10 centros de reclusión: 7 estatales, 2 especializados en adolescentes y 1 federal. La capacidad instalada fue de 3,258 espacios, lo que contrasta con la población total de 4,376 personas privadas de la libertad, arrojando una tasa de ocupación de 134.3 %.
Durante 2023, los registros oficiales indican que ingresaron 2,069 personas al sistema penitenciario estatal y egresaron 2,529. Este movimiento neto refleja una ligera disminución en la población reclusa.
En cuanto al presupuesto, el sistema penitenciario de Coahuila ejerció un gasto de 163.8 millones de pesos en 2023. Este recurso fue destinado al mantenimiento de los centros, servicios operativos y personal administrativo y de custodia, aunque no se detalló su distribución por rubros.
En relación con el personal asignado a las funciones penitenciarias, el informe reconoce la participación de elementos en tareas administrativas, técnicas y de seguridad, sin especificar cuántos de ellos están destinados exclusivamente a la atención de personas procesadas sin sentencia.
Las cifras reveladas ubican a Coahuila como una de las entidades con mayor proporción de personas privadas de la libertad sin condena, una condición que podría tener implicaciones para el sistema de justicia penal en su conjunto.
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