Ciudad de México. Agosto 26.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene activo el proceso penal contra Grupo México por el derrame tóxico ocurrido en el Río Sonora en 2014, considerado uno de los mayores desastres ambientales en la historia reciente del país. La mandataria subrayó que el objetivo es lograr el resarcimiento integral de los daños ocasionados a las comunidades afectadas.
De acuerdo con información publicada por Infobae México, Sheinbaum explicó que al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto se clausuró el fideicomiso creado para financiar las acciones de remediación en suelos y agua, así como para la construcción de hospitales y un laboratorio especializado. El cierre del fondo provocó que numerosas obras quedaran inconclusas y que la atención a la población afectada se interrumpiera.
Durante su conferencia mañanera, la presidenta detalló que actualmente existe un grupo de trabajo en diálogo directo con Grupo México, con el objetivo de atender las demandas de las comunidades. Entre las principales peticiones se encuentran la conclusión de hospitales, el seguimiento epidemiológico a toda la población impactada por el derrame, la remediación de los suelos contaminados, un sistema permanente de monitoreo de la calidad del agua y la instalación de un laboratorio que permita evaluar de forma continua los efectos del desastre.
Sheinbaum recalcó que el accidente dejó pendientes graves que siguen afectando a las comunidades de la cuenca del Río Sonora. “Antes de irse Peña cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas, que la comunidad quiere que se terminen”, expuso, al destacar la necesidad de que el gobierno federal y Grupo México actúen con transparencia en la atención a las víctimas.
La mandataria puntualizó que la exigencia es que Grupo México asuma plenamente los costos de la reparación. “Se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pague todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo”, afirmó desde Palacio Nacional.
Con estas declaraciones, el gobierno federal busca dar certidumbre a las comunidades afectadas, que llevan más de una década reclamando justicia ambiental y sanitaria tras el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora.