Astillero
Julio Hernández López
No fue suficiente el empuje presidencial para conseguir reformas electorales de mayor calado. El sistema tradicional de partidos políticos botó el plan A originalmente propuesto por la presidenta Sheinbaum y terminó aprobando una versión B orientada hacia puntos aritméticos y presupuestales que, siendo interesantes, no significan mucho más que un rediseño operativo, sin replanteamientos profundos y sustanciales.
A fin de cuentas, el procesamiento de la intencionalidad reformista fue manejado con ostentoso sentido contrario por las élites con poder operativo: Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López Hernández y su continuidad en el control del Senado, Ignacio Mier; los partidos ya no tan aliados, el Verde, histórica y comprobadamente adverso a los propósitos de la regeneración nacional y el del Trabajo, que cargó a su cuenta el costo del rechazo al punto más polémico del citado plan B: la autorización para que un hipotético ejercicio de revocación de mandato se pudiera hacer en el tercer o cuarto año del periodo presidencial; es decir, en la especie, el año entrante, en muy discutible coincidencia de calendario con los comicios intermedios, o en 2028, como originalmente estaba establecido y anoche en el Senado se confirmó.
La presidenta Sheinbaum abierta e insistentemente lanzó su apuesta política en favor de esa revocación de mandato para 2027, para que fuera coincidente con las elecciones de gobernadores, diputados federales y locales, y presidencias municipales, estos dos últimos rubros en los lugares donde correspondiera. Le pareció nada ventajoso el poder promover ese ejercicio desde las plataformas mediáticas, políticas y sociales a su alcance (mañanera, actos públicos, giras de fin de semana, varias de ellas con enfoque en lo asistencial). E incluso promover el voto a favor de ella misma, en defensa del proyecto amplio cuyo segundo piso va construyendo.
Saltaba a la vista el intento de uso distorsionado del sentido revocatorio, que debería ser impulsado por ciudadanos inconformes con alguien que ejerce un cargo Ejecutivo, no por el propio partido en el poder ni por la persona impugnada; esa figura jurídica no fue creada para convalidar o confirmar, sino para que opositores a un poder puedan intentar por vías legales deponerlo.
En la realidad política mexicana, dominada por un presidencialismo que aun en sus momentos menos fuertes ha podido utilizar sus múltiples facultades para apoyar sus proyectos y al partido que lo llevó al poder, había una clara connotación de estrategia electoral para 2027 en la pretensión de que la Presidenta de la República hiciera una defensa de sí misma ante un ejercicio de revocación de mandato, que en realidad habría sido impulsado por Morena para buscar una confirmación innecesaria en lo individual (Sheinbaum mantiene una alta popularidad, por ejemplo), pero sí extensible al partido guinda que no tiene las mejores calificaciones ciudadanas, ni en su directiva actual ni en sus perspectivas de acción electoral y candidaturas futuras.
A fin de cuentas, lo sucedido con los planes A y B forma parte de un contexto de disfuncionalidad política derivada del proceso de las corcholatas y la imposición de piezas operativas de primer nivel a quien emergió como ganadora de esa competencia interna. La presidenta Sheinbaum necesita consolidar su poder y afinar su equipo de trabajo en lo general (es decir, también en el mando morenista y en el control de las cámaras que la votación de 2024 otorgó al proceso 4T) no sólo para sacar adelante sus planes y proyectos con eficacia, sino también para evitar episodios desgastantes de derrotas políticas flagrantes.
Y, mientras el autor de los presentes teclazos deja descansar durante una semana a quienes con amabilidad lo leen (y a quienes mucho les agradece tal acompañamiento cotidiano), ¡hasta el próximo lunes 6 de abril!
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