Por Leopoldo Maldonado
El debate sobre los derechos de las audiencias ha regresado al espacio público envuelto en una paradoja inquietante. Estamos ante una herramienta pensada para proteger a la ciudadanía frente a los abusos informativos que comienza a ser invocada como arma de censura. El caso Berman/Verástegui ilustra bien esta tensión. Bajo el argumento de defender a las audiencias de supuestos agravios derivados de los dichos de Verástegui en una entrevista realizada por Sabina Berman, los canales públicos de televisión 11 y 14 abrieron la puerta para castigar –a priori– coberturas, opiniones y enfoques que resultan incómodos al poder político y a su enfoque ideológico.
No nos confundamos, los derechos de las audiencias existen, son legítimos y responden a una historia concreta. Nacen del reconocimiento de que, durante décadas, sectores de la prensa se han puesto al servicio del poder económico y político y han excluido voces. La exigencia de información veraz, plural y contextualizada es una conquista democrática. El problema surge cuando esa lucha histórica se instrumentaliza desde el poder para disciplinar a los medios, no para mejorar la calidad informativa.
Pero además, desde el punto de vista estrictamente político, resulta en una mala estrategia del gobierno, si es que pretende echarla a andar. Voces abiertamente antiderechos han aprendido a convertirse en “mártires de la censura”. En Francia, el fallecido Jean-Marie Le Pen, fundador del ultraderechista Frente Nacional (hoy dirigida por su hija Marie), fue condenado en varias ocasiones por expresiones racistas y xenófobas. De esta forma, construyó su capital político presentándose como víctima de un sistema que supuestamente castigaba su libertad de expresión. La sanción se transformó en propaganda y victimismo. Ese guion se repite hoy en distintos contextos, donde la denuncia de censura sirve para ganar adeptos y blindar discursos excluyentes, como ocurre con los simpatizantes del trumpismo.
El riesgo es que los derechos de las audiencias sean absorbidos por esa lógica. En lugar de empoderar a la ciudadanía frente a la desinformación, se convierten en ariete del poder en turno para castigar la disidencia y la crítica. En suma, estos derechos corren el mismo riesgo de que suceda lo que ya vimos con la figura electoral de la violencia política en razón de género que, hoy por hoy, es el mecanismo judicial más usado para censurar.
A esta preocupación se suma un elemento adicional que no puede ignorarse. En distintas coyunturas recientes, la presidenta ha invocado los derechos de las audiencias para cuestionar coberturas que no le resultan favorables. Lo hizo, por ejemplo, ante la portada de El Universal en la que mostró los rostros de las víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico. El mensaje, aunque no siempre explícito, es que ciertos enfoques periodísticos son vistos como excesos que merecen corrección… desde el Estado. El amago de convertir estos derechos en herramienta de régimen es una posibilidad real en un contexto donde la crítica es cada vez más incómoda para el poder y se utilizan las armas legales para censurar.
No es casual que durante la discusión de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se intentaran introducir disposiciones abiertamente censoras. Es cierto que ese intento fracasó, pero diversas voces advirtieron que la intención se desplazó al uso expansivo y punitivo de los derechos de las audiencias como vía indirecta de control de contenidos periodísticos.
La defensa de estos derechos no puede desligarse de la defensa de la libertad de expresión. Son complementarios, no antagónicos. Cuando se oponen artificialmente, lo que se debilita no es a los medios, sino al debate democrático. En un país donde ya existen suficiente violencia, estigmatización y acoso judicial contra la prensa, normalizar el mal uso de figuras legítimas para castigar la crítica es un paso peligroso.
La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir –eso está fuera de discusión–, sino quién los invoca, con qué fines, mediante qué mecanismos y contra quiénes. Cuando el poder político empieza a apropiarse de ellos para acallar voces incómodas, dejan de ser una conquista ciudadana y se convierten en un instrumento de censura. Y esa es una frontera que, una vez cruzada, resulta muy difícil de desandar.