La desaparición de Carlos Emilio Galván, joven duranguense de 21 años, ha sacudido a Sinaloa y provocado la renuncia del secretario estatal de Economía, dueño del bar donde fue visto por última vez. El caso ha detonado protestas y evidenciado una preocupante cadena de desapariciones vinculadas a bares del mismo grupo empresarial
Redacción Más
A casi un mes de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven duranguense de 21 años, el caso ha escalado al punto de provocar la renuncia del secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, propietario del bar Terraza Valentino, lugar donde el joven fue visto por última vez la noche del 4 de octubre. La decisión, anunciada por el gobernador Rubén Rocha Moya, ocurre en medio de una creciente presión social y mediática por la falta de resultados en la investigación.
La información, dada a conocer por el medio Emeequis, señala que el gobernador aceptó la dimisión del funcionario y reconoció su “profesionalismo y responsabilidad” al separarse del cargo, afirmando que con ello asume un compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos en su establecimiento. Sin embargo, el gesto ha sido visto por muchas familias y colectivos como tardío e insuficiente.
Horas antes del anuncio, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó un cateo en el bar Terraza Valentino, ubicado en una zona turística de Mazatlán y actualmente resguardado por la Guardia Nacional. A pesar de ello, el gobierno estatal aún no ha definido quién asumirá provisionalmente el cargo dejado por Velarde, quien además es propietario del Grupo Eleva, un consorcio que agrupa más de 15 restaurantes y bares, incluyendo locales como El Muchacho Alegre y Gusto al Gusto.
Carlos Emilio había viajado a Mazatlán en un viaje familiar para celebrar su reciente graduación como chef. Aquella noche del 4 de octubre, ingresó al bar acompañado de sus primas. Según declaraciones de sus familiares, el joven entró al baño del establecimiento acompañado de un hombre desconocido que le hablaba sobre un vapeador, y desde entonces no se supo más de él.
Su madre, Brenda María Valenzuela Gil, relató a Emeequis que lo buscaron por todo el recinto sin obtener respuesta: “Entró al baño y no regresó. Lo hemos buscado por todas partes, pero nadie da una respuesta clara”, expresó.
Las sospechas crecieron cuando se detectó que la última ubicación del celular del joven coincidía con una zona cercana al establecimiento. La familia emprendió búsquedas casa por casa, sin éxito. “En algunas casas no quisieron abrirnos”, lamentó su madre. La ropa que vestía el joven era una camiseta negra con letras blancas, pantalón negro de mezclilla y tenis blancos. Mide 1.83 metros, de tez blanca y ojos y cabello castaños.
Desde entonces, su familia ha liderado una intensa búsqueda que se ha transformado en una causa pública. Han organizado marchas, compartido su imagen en redes sociales y exigido la intervención directa de las autoridades.
Este sábado 25 de octubre, colectivos de madres buscadoras de Durango y Sinaloa convocaron una marcha en Mazatlán para exigir la aparición con vida del joven y denunciar la falta de avances en las investigaciones.
Este no es un caso aislado. De acuerdo con medios locales, en el último año al menos cuatro personas han desaparecido en circunstancias similares dentro de bares vinculados al Grupo Eleva. La mayoría de estos incidentes están relacionados con conflictos por la venta de vapeadores en los establecimientos. Uno de los casos más notorios fue el de Danna Fernanda, Gonzalo Ismael y Rodolfo, jóvenes de entre 22 y 24 años que desaparecieron el 4 de agosto tras un altercado en el bar Cotorritos, también propiedad del consorcio. Según Proceso, los jóvenes fueron retenidos tras negarse a adquirir vapeadores dentro del local, aunque posteriormente fueron liberados.
La madre de Carlos Emilio ha denunciado públicamente la nula cooperación del bar tras la desaparición. “No hay un responsable directo ni alguien que te dé la cara”, dijo. Añadió que sus sobrinas lograron salir del lugar en un Uber, “y gracias a Dios tampoco las desaparecieron a ellas”.
Hasta ahora, no hay personas detenidas ni imputadas directamente en relación con la desaparición del joven. La presión pública y las manifestaciones han obligado a las autoridades a tomar acciones más visibles, como el cateo al bar, pero los resultados siguen sin aparecer. Para las familias, el tiempo transcurre entre la angustia y la desconfianza, en un estado donde, como señalan los colectivos, el entretenimiento, el poder y la impunidad parecen ir de la mano.
La renuncia del funcionario estatal, lejos de cerrar el capítulo, deja en evidencia lo que muchos ya perciben como una profunda podredumbre institucional: una red de negocios protegidos, una fiscalía lenta en sus reacciones y una ciudadanía que, frente a la inacción, ha tenido que convertirse en buscadora, investigadora y vocera de la verdad.