Ciudad de México, 10/09/25 (Más).- Miles de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) comenzaron a organizarse para presentar amparos colectivos e individuales en defensa de sus pensiones, ante la posibilidad de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum establezca un tope salarial equivalente al sueldo presidencial, estimado en 133 mil pesos mensuales.
La medida, que está bajo análisis, podría afectar a más de 214 mil extrabajadores, entre sindicalizados y de confianza, lo que ha encendido la alarma en un sector que considera sus ingresos como el principal sustento de sus familias.
De acuerdo con Animal Político, la movilización tomó fuerza luego de que el gobierno exhibiera casos de “pensiones exorbitantes” y advirtiera que prepara una revisión al esquema vigente en las empresas del sector energético.
En reuniones privadas y virtuales, como la celebrada el pasado 29 de agosto con el abogado Rodolfo Martínez, los extrabajadores de Pemex han manifestado su preocupación e incluso han planteado salir a las calles para defender sus derechos. “Somos cientos, miles, quienes vamos a defender nuestros ingresos”, advirtió uno de los asistentes.
El temor de los jubilados crece porque la propuesta presidencial no aclara si los recortes serían únicamente para directivos de alto nivel o si impactarán a toda la plantilla. En las reuniones, algunos expresaron que podrían cambiar incluso la Constitución para legitimar los ajustes y cuestionaron la independencia del Poder Judicial. “No nos van a salvar los jueces del Bienestar”, señaló un pensionado.
En paralelo, el paquete económico 2026, entregado al Congreso por la Secretaría de Hacienda, contempla un aumento en el gasto para pensiones: 92 mil 333 millones de pesos para Pemex, 8 mil 505 millones más que en 2025, y 67 mil 841 millones para la CFE, con un incremento de 3 mil 503 millones. No obstante, los legisladores tendrán la última palabra y podrían modificar estas partidas durante la revisión presupuestal.
El abogado Martínez precisó que, de aprobarse un decreto, éste solo aplicaría para quienes se jubilen después de su publicación, pues la ley no puede ser retroactiva. En caso contrario, dijo, habría que acudir a instancias internacionales. Para los pensionados, lo que está en juego no es solo el monto de sus ingresos, sino un derecho constitucional a un retiro digno.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que las pensiones en Pemex y LyFC son exorbitantes comparadas con la actual situación del Gobierno. Según datos oficiales, 9 mil 457 jubilados de LyFC reciben entre 100 mil y un millón de pesos al mes, y 3 mil 504 de ellos perciben más que la presidenta. En Pemex, 544 extrabajadores superan ese mismo nivel de ingreso.
Aunque algunos extrabajadores de la CFE y Pemex tienen pensiones superiores a los 300 mil pesos mensuales, especialistas como Ramses Pech señalan que la mayoría no ocupó puestos de alto nivel y trabajó en condiciones de riesgo, por lo que homologar su retiro con el salario presidencial “no es justo”. Recordó que las pensiones están garantizadas en la Constitución y que muchos jubilados entregaron más de 30 años de su vida a estas empresas.
El fondo del problema, advierten analistas, no radica únicamente en las pensiones altas, sino en el pasivo laboral: Pemex acumula compromisos futuros por 1.2 billones de pesos y la CFE por 442 mil millones. En el caso de la petrolera, el número de jubilados incluso supera a sus trabajadores activos, lo que compromete la viabilidad financiera de la empresa.
Ante este panorama, los pensionados del sector energético refuerzan su organización y asesoría legal para blindar lo que consideran un derecho ganado tras décadas de servicio. “Aquí se juegan su patrimonio, su economía y su libertad”, advirtió el abogado Martínez.