Ciudad de México, 08/01/25 (Más / IA).- Nacional Financiera (Nafin) ha rechazado cumplir con la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reintegrar más de 16 mil millones de pesos provenientes de 10 fideicomisos del Poder Judicial, argumentando que diversas suspensiones definitivas otorgadas por órganos jurisdiccionales impiden legalmente la transferencia de estos recursos.
De acuerdo con la SCJN, los 16 mil millones de pesos se distribuyen en seis fideicomisos de la propia Corte, con un monto total de 6,241.9 millones de pesos, y cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que acumulan un saldo de 10,260 millones de pesos al 6 de enero de 2025.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, instruyó a Nafin a transferir la totalidad de los recursos a la Tesorería de la Federación como parte del cumplimiento al artículo transitorio de la reforma judicial aprobada en 2023. Sin embargo, Nafin señaló que no puede proceder debido a las suspensiones definitivas otorgadas contra la extinción de estos fideicomisos, alertando sobre posibles violaciones a la Ley de Amparo en caso de ignorar dichas medidas cautelares.
Nafin justificó su negativa citando los artículos 209 y 262 de la Ley de Amparo, que sancionan conductas contrarias a suspensiones judiciales. Además, notificó al CJF, al Congreso de la Unión y a la Tesorería de la Federación sobre su impedimento legal antes del periodo vacacional de diciembre.
En contraste, la SCJN ya había avanzado con la entrega de recursos del Fondo Jurica, el único fideicomiso constituido por la Corte en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). El pasado 10 de diciembre, Banobras transfirió 853.9 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cumpliendo con el decreto de reforma judicial.
La negativa de Nafin se enmarca en el cumplimiento del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Este decreto, publicado el 27 de octubre de 2023, incluye disposiciones para la extinción de fideicomisos y la transferencia de sus recursos al gobierno federal.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha promovido amparos para frenar la extinción de fideicomisos, argumentando que estas medidas podrían generar inestabilidad laboral y afectar la impartición de justicia en México.
La SCJN reiteró que instruyó tanto a Banobras como a Nafin para proceder con la transferencia de todos los recursos bajo su administración. No obstante, el cumplimiento pleno del decreto está condicionado por los litigios en curso y las resoluciones que puedan derivarse de estos procesos legales.
El diferendo entre la Corte y Nafin refleja las tensiones derivadas de la implementación de la reforma judicial, con implicaciones financieras, laborales y políticas para el Poder Judicial y su relación con el Ejecutivo federal.
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