Por Miguel Villarello
Saltillo, Coahuila, MÁS. – Candidaturas a las alcaldías en Coahuila, principalmente las de oposición, continúan en el ojo del huracán por supuestos delitos que van desde la violencia política de género hasta amenazas e incluso investigaciones por posible corrupción, ello por causas atribuidas a que han remontado en las encuestas de preferencia electoral entre la ciudadanía.
Las investigaciones por violencia política de género están ligadas con siete candidaturas en San Pedro y Castaños de la coalición Morena-PT, en Frontera a Morena, en Saltillo por parte de PT, PVEM y Morena y en Ramos Arizpe para el PVEM.
Por lo que se refiere a las presuntas amenazas, se han visto afectadas candidaturas en municipios como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Arteaga, Múzquiz, Castaños y Frontera.
Por posibles hechos de corrupción resaltó el municipio de Múzquiz como resultado del aparente distanciamiento entre dos candidatas, Tania Flores Guerra y Mónica Escalera, por la coalición Morena-PT y Movimiento Ciudadano respectivamente.
Lo que llama la atención es que, una vez que las encuestas de preferencia electoral hacia las candidaturas arrojan resultados, por ejemplo, la diferencia entre la oposición y el PRI es cuando empieza a moverse el engranaje a través de las denuncias.
En muchas ocasiones, este es un ardid mediático para contrarrestar el supuesto avance en las preferencias ciudadanas e impedir cierta tendencia negativa en el voto.
Múzquiz, Coahuila, es un municipio administrado por Tania Flores Guerra, quien busca la reelección por la coalición PT-Morena.
Derivado de una denuncia que interpusiera ante el Congreso, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción Mónica Escalera por malversación de fondos públicos, en la semana que termina dos funcionarios de esa alcaldía fueron llamados a cuentas por la justicia.
Ambos fueron imputados por hechos posibles de corrupción y fueron vinculados a proceso penal, mientras que la alcaldesa en funciones, Tania Flores, acudió al Poder Legislativo para presentar una denuncia en contra de la ASE por exceso de funciones en auditorías practicadas a un anterior ejercicio fiscal.
CORRUPCIÓN
Luego de definirla como “los primeros frutos”, de la denuncia interpuesta por la ex secretaria del ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, en agosto del año pasado y por corrupción en la administración de Tania Flores Guerra, dos funcionarios fueron vinculados a proceso por un juez de control en el distrito judicial en materia penal en Sabinas.
Se trata de Víctor Hernández y Fernando Palao, quienes antes del 26 de abril habrían sido separados de sus cargos municipales, como secretario del ayuntamiento y director del SIMAS-Múzquiz respectivamente.
Ello para dar paso a la investigación en su contra, comparecer y aportar pruebas de su inocencia ante la justicia por los hechos que se les imputaron.
En la audiencia inicial, el 26 de abril, los delitos que se les imputaron ante el juez de la causa, entre otros, fueron la facturación indebida de obras públicas que no se realizaron, el uso de empresas fantasmas para desviar recursos, el alquiler de maquinaria municipal que nunca fue utilizada, así como la falta de transparencia en el manejo de los recursos físicos y financieros propiedad del erario del municipio de la región Carbonífera.
A ambos funcionarios el 2 de mayo les fue fijada como medida cautelar la firma periódica en el juzgado penal y en lo que se realiza la investigación complementaria los siguientes cuatro meses.
Mónica Escalera, actualmente candidata a la alcaldía de Múzquiz por el partido Movimiento Ciudadano, a través de sus redes sociales informó públicamente que poseía documentos con los que este “escándalo de corrupción” en la actual administración municipal pudiera extender sus ligas hacia dos empresarios del norte del estado, un candidato a la alcaldía de Piedras Negras por el partido Morena y su hermano.
No obstante, fuentes allegadas a la Fiscalía Anticorrupción que fueron consultadas, bajo la condición del anonimato por ser una investigación en curso, indicaron que luego de una indagatoria de varios meses, basada en un dictamen emitido por la Auditoría Superior del Estado en cuanto al manejo de los recursos municipales, se logró la imputación contra el secretario del ayuntamiento y el director del SIMAS de Múzquiz.
Aunque hasta hoy la investigación no ha arrojado datos certeros de la posible participación de la alcaldesa Tania Flores en el delito imputado, comentó la fuente consultada, por parte de la ASE se confirmó el incidente jurídico.
Incluso la fuente de la auditoría corroboró que el caso, fue derivado de la investigación que se emprendiera el año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por la exsecretaria del ayuntamiento, Mónica Escalera, en julio del 2023 y quien acusó directamente a la alcaldesa y a quienes resultaran responsables del posible mal manejo de recursos públicos por más de 100 millones de pesos.
EMPRESAS “FACHADA”
Karla Mónica Escalera Mendoza, participante a la alcaldía por Múzquiz por el partido Movimiento Ciudadano, tiene la trayectoria política siguiente:
Entre el 2006 y el 2020 ha ocupado diversos cargos, fue secretaria de organización política del OMNIPR, consejera municipal del PRI, delegada estatal del PRI en un proceso electoral, regidora por el partido UDC, presidenta del mismo partido, consejera estatal de Morena y candidata a diputada local por el Distrito 06.
Ello según la plataforma Candidatas y Candidatos Conóceles 2024 ubicada en la página electrónica del Instituto Electoral de Coahuila https://www.conoceles-coahuila.org/index_plat.php?c=Candidatura&a=vercand&id=1825.
Recientemente, utilizó su red social de Facebook, Mónica Escalera, en la que públicamente comentó pormenores de la investigación y los clasificó como delitos de corrupción.
Entre otros, la renta de camiones para recolección de basura y pipas de agua por las empresas factureras Rova o Tobi, pero que fueron camiones adquiridos a la empresa Oasis del Desierto, propiedad de una familiar de los Flores Guerra.
La supuesta doble facturación por la empresa Servicios y Minerales Guel, vinculada a un hermano de la alcaldesa, que rentó patrullas y cobró obras en cruceros y pavimentación.
Asimismo, la compañía constructora Aikin con sede en Piedras Negras y cuyo representante legal es el hermano del candidato a la alcaldía por la coalición Morena-PT, Jacobo Rodríguez González.
CONTRAATAQUE
La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, salió en defensa de su administración.
El 30 de abril presentó ante el Congreso dos denuncias en contra del Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones, por haber cruzado la línea en una investigación tomándose atribuciones indebidas respecto de la auditoría realizada a la cuenta pública municipal del ejercicio 2022, estimó ella.
Desde su punto de vista, insistió la presidenta municipal, el funcionario habría “cruzado la línea en una investigación tomándose atribuciones indebidas, ese es el motivo principal de la denuncia”.
No manifestó que fuera como respuesta a la investigación derivada de la denuncia de Mónica Escalera Mendoza por presunta corrupción de su administración, sin embargo, aseguró que era por la auditoría practicada al ejercicio municipal del 2022.
Flores Guerra expresó que llegó al Congreso a presentar “dos denuncias de las que quiero mantenerme al margen y no hacer comentarios”.
¿Por violencia de género?, se le preguntó y respondió que “sí porque en Múzquiz se da mucho eso”.
Luego comentó que, sobre todo, eran en contra del auditor sobre las irregularidades que vivieron en la revisión del 22.
“Se hicieron muchos señalamientos, pero creo que el auditor cruzó la línea, se tomó atribuciones que no debía”; ¿cuáles fueron?, se le insistió, pero se reservó el aportar más datos.
Mencionó que “sobre todo el daño moral que le hace a mi persona, en diciembre él en entrevistas dijo que se hicieron observaciones sobre un presupuesto que no era local, sino federal”.
Por lo que se refiere al monto de lo observado, Flores Guerra precisó que se trata de observaciones administrativas por alrededor de 20 millones de pesos, muchas de ellas por falta de documentación y no por desvío de recursos.
“No hay comprobación de desvío, pero la Auditoría hizo acciones que lo hacían verse de otra manera”, aseveró.
Finalmente, enfatizó que el procedimiento de denuncia se haría “de manera pacífica, con todo el derecho que nos da el poder defendernos, nos llevamos el tema hasta el final, decidimos presentar las denuncias porque lo más importante es que el tema no se politice porque estoy en un proceso electoral”.
Ello mientras el juzgado penal con sede en Sabinas se preparaba para la continuación de la audiencia inicial en la que se imputaron los cargos a su secretario del ayuntamiento y su director del SIMAS-Múzquiz y vincularlos a proceso.
Tania Vanessa Flores Guerra participa actualmente en el proceso electoral por la alcaldía por Múzquiz por la coalición Morena-Partido del Trabajo.
De acuerdo con la plataforma Candidatas y Candidatos Conóceles 2024 ubicada en la página electrónica del IEC https://www.conoceles-coahuila.org/index_plat.php?c=Candidatura&a=vercand&id=3289, cuenta con la trayectoria política siguiente:
En 2017 y 2018 fue candidata a la presidencia municipal, en 2019 fue regidora en la administración 2019-2021, entre el 2021 y 2023 fue diputada plurinominal local, cargo del que pidió licencia para participar en la elección y triunfar en 2021 por Morena-UDC, actualmente es alcaldesa en funciones y busca la reelección por la coalición PT-Morena.
ENCUESTAS
Un dato curioso es el que en los municipios donde las candidaturas de oposición al PRI han subido en las encuestas de preferencia y se colocan a pocos puntos de diferencia para un posible triunfo, es en los que se han destacado casos de agresiones, amenazas, violencia de género y corrupción.
La muestra es en Múzquiz donde Tania Flores va por la coalición Morena-PT y tiene el 25 por ciento de las preferencias, Mónica Escalera por el partido Movimiento Ciudadano con el 15 por ciento, 10 puntos de diferencia, la primera interpuso una denuncia por exceso de funciones de auditoría y la segunda denunció penalmente a Flores Guerra por posible corrupción.
En Saltillo Javier Díaz por la coalición PRI-PRD-UDC tiene el 34 por ciento de las preferencias y Alejandra Salazar el 25 por ciento, 9 puntos de diferencia, ella solicitó protección en su campaña y algunos medios afines al partido en el poder la ligaron a un litigio del orden civil-familiar.
En Torreón Román Alberto Cepeda del PRI-PRD-UDC busca la reelección con el 40 por ciento de preferencias y Shamir Fernández de Morena-PT y con el 32 por ciento, 8 puntos de diferencia, el segundo se quejó de destrucción de propaganda y agresiones por parte de lideresas identificadas con el PRI.
Mientras que en Piedras Negras Norma Treviño va por el PRI-PRD-UDC con el 48 por ciento de las preferencias y Jacobo Rodríguez por Morena-PT con el 31 por ciento de las preferencias, 17 puntos de diferencia, el segundo fue señalado por medios locales de enfrentar tres denuncias por violencia de género.
Al final de cuentas pareciera que las redes sociales y algunos medios tendenciosos son parte del engranaje que utilizan algunos partidos para contrarrestar el avance de sus adversarios políticos por haber subido en las preferencias.
Las controversias van desde amenazas, agresiones verbales, incluso la destrucción de propaganda hasta casos de violencia política contra las mujeres y actos que pudiesen constituirse como corrupción.
A unos 25 días para que concluyan las campañas, también pareciera que el sistema estatal ha puesto a funcionar sus dependencias de fiscalización para detener el avance de las candidaturas de oposición y los organismos tanto ciudadanos como jurisdiccionales electorales permanecen expectantes.
