Tijuana, Baja California, 23/07/25 (Más).- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, solicitó un amparo judicial en Baja California antes de que se hiciera pública la orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reveló el juez Alfonso Javier Flores Padilla del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Tijuana.
Esta acción legal se interpretó como una estrategia de “blindaje judicial” para evitar su detención, de acuerdo con información dada a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El amparo fue promovido el 17 de abril de 2025, cuando Bermúdez Requena ya era investigado formalmente por autoridades estatales y federales desde noviembre de 2024.
Aunque el juez Flores Padilla concedió una suspensión provisional automática –figura que impide la ejecución de una orden hasta verificar su legalidad–, el proceso no se concretó, debido a que la orden de aprehensión no correspondía a la jurisdicción de Baja California, sino a Tabasco.
“El exfuncionario promovió varios amparos en distintas partes del país”, declaró el juez en entrevista con la periodista Azucena Uresti. “Nosotros, de entrada, otorgamos la suspensión provisional (…) hasta que verifiquemos que esas órdenes sean constitucionales y todo sea conforme a derecho”, agregó. Sin embargo, al no encontrarse ninguna orden emitida en la entidad, el juzgado se vio impedido para continuar con el trámite, y el expediente fue turnado a un juez en Tabasco.
Además del error jurisdiccional, el proceso fue interrumpido por otras razones.
El juez explicó que Bermúdez Requena no cumplió con dos requisitos indispensables: no presentó la garantía económica exigida para mantener vigente la suspensión provisional y decidió no continuar el proceso legal en Tabasco. “Al día de hoy, ya no está la suspensión definitiva, no se cumplió la garantía. Incluso esa suspensión dejó de surtir efectos al no haber exhibido la garantía correspondiente”, detalló Flores Padilla.
El tipo de recurso legal que presentó Bermúdez Requena es conocido como “amparo buscador” o “amparo buscapiés”, mecanismo que permite a una persona solicitar la revisión de si existe o no una orden de aprehensión en su contra, sin necesidad de que la autoridad le notifique directamente. Este tipo de amparo se ha utilizado en otras ocasiones por personas que prevén acciones penales en su contra y buscan ganar tiempo para definir su estrategia legal.
La promoción del amparo se hizo pública poco después de que se revelara que Bermúdez Requena había abandonado el país en febrero de 2025, una vez que se giró en su contra una orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con La Barredora. La Interpol emitió una ficha roja para su localización y captura a nivel internacional.
En semanas recientes, el colectivo Guacamaya Leaks filtró documentos de inteligencia militar en los que se muestra la supuesta red de relaciones de Bermúdez Requena con operadores de La Barredora, incluyendo vínculos con actividades como robo de combustible, extorsión y negocios relacionados con obras públicas, como el Tren Maya. Según esos documentos, su figura aparecía en organigramas del Ejército como cabeza de la estructura criminal.
El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, se ha pronunciado públicamente en relación con el caso. El 13 de noviembre de 2024, apenas un mes después de asumir el cargo, May señaló que la participación de Bermúdez en actividades criminales era un secreto a voces.
Durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador por Morena, Hernán Bermúdez Requena fue designado como titular de Seguridad Pública en diciembre de 2019. A pesar de que reportes de inteligencia militar lo vinculaban con actividades criminales desde ese mismo año, se mantuvo en funciones incluso cuando Carlos Merino Campos asumió la gubernatura en sustitución de López Hernández.
La estrategia de amparo presentada por Bermúdez Requena buscaba detener la acción de la justicia federal y estatal, pero finalmente resultó ineficaz ante la falta de cumplimiento de los requisitos legales y la incorrecta jurisdicción. Hasta la fecha, las autoridades mexicanas no han logrado su captura, mientras continúa prófugo de la justicia.