Saltillo, Coahuila, 25/11/25 (Más).- Saltillo, la capital de Coahuila, se ubica entre los municipios con mayor número de denuncias por violación a menores en el país, al registrar al menos 429 casos entre 2020 y junio de 2025, una cifra que la coloca como uno de los focos rojos en el mapa nacional de violencia sexual infantil.
A pesar de la gravedad del problema, el nivel de impunidad es alarmante: en Coahuila, como en otras entidades, la gran mayoría de los agresores no recibe una sentencia condenatoria.
De acuerdo con datos recopilados por Milenio a través de solicitudes de información a fiscalías estatales y al Poder Judicial, la impunidad nacional en casos de violación contra menores de edad alcanza el 87 por ciento.
Saltillo aparece entre los municipios con mayor número de denuncias por violación a menores en el país, con 429 casos registrados entre 2020 y junio de 2025, una cifra que, si bien es menor a la de ciudades fronterizas como Juárez –que acumula mil 955 denuncias– y Tijuana –con mil 514–, ubica a la capital de Coahuila por encima de otras capitales estatales como Aguascalientes, que reporta 655 casos, y la coloca dentro del grupo de urbes donde este delito muestra una persistencia particularmente alarmante.
Aunque no se desglosan cifras específicas por municipio en cuanto a sentencias, la tendencia nacional se refleja en Coahuila, donde la participación de familiares como agresores es especialmente significativa.
En el caso particular de Coahuila, las fiscalías han identificado al padrastro como el principal agresor en los casos de abuso sexual infantil, seguido del padre y, en menor medida, de hermanos y hermanastros.
Esta característica, compartida con estados como Chiapas, Guerrero y Tamaulipas, revela que el entorno familiar –donde debiera existir protección– se convierte en el espacio más peligroso para muchas niñas y adolescentes.
La mayor parte de las víctimas tienen entre 12 y 17 años, aunque hay casos extremos de menores de 10 años e incluso de bebés que han sido violentados sexualmente en otras entidades del país. Estas agresiones no solo generan secuelas psicológicas severas, sino que también pueden poner en riesgo la vida de las víctimas.
Expertos como la pediatra Ángeles Navarro han advertido sobre los peligros físicos que enfrentan las niñas más pequeñas, incluyendo hemorragias, infecciones graves y desgarros que pueden derivar en la muerte.
En Saltillo y en Coahuila, como en gran parte del país, el silencio de las víctimas muchas veces está relacionado con el miedo, la cercanía con el agresor y las amenazas recibidas.
José Pablo Balandro, de la organización Reinserta, explicó que el vínculo familiar con el agresor provoca que muchas víctimas no denuncien a tiempo o lo hagan años después, cuando las secuelas ya son profundas.
La crisis de impunidad se agrava por la falta de respuesta de algunos Poderes Judiciales. Aunque Milenio solicitó información sobre sentencias a todas las entidades, varios estados no respondieron, lo que contribuye a la opacidad del tema y a la falta de políticas efectivas para la prevención y sanción del delito.
Saltillo, con sus 429 casos registrados en apenas cinco años, se ha convertido en un símbolo de la urgencia de atender el abuso sexual infantil con mayor seriedad y transparencia. Especialistas, organizaciones civiles y víctimas exigen que las autoridades estatales reconozcan la magnitud del problema, fortalezcan las rutas de denuncia y garanticen justicia para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de este delito.

