Ciudad de México, diciembre 18. La violencia en Michoacán atraviesa una nueva etapa marcada por el uso de tecnología de punta por parte de grupos criminales, que han incorporado drones cargados con explosivos, minas antipersona colocadas en caminos rurales y vehículos bomba para atacar tanto a fuerzas comunitarias como a autoridades y población civil, de acuerdo con información publicada por Animal Político
El episodio más reciente de esta escalada ocurrió el pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, en la costa del Pacífico, donde un vehículo cargado con explosivos estalló frente a una base de la Policía Comunitaria, provocando la muerte de al menos cinco personas y dejando más de una decena de heridos, entre ellos policías comunitarios y civiles.
Este ataque se inscribe en un patrón creciente de violencia explosiva que ha transformado el tipo de confrontación en el estado, con el uso de artefactos improvisados capaces de generar daños masivos y sembrar el terror en comunidades enteras, lo que ha encendido alertas entre especialistas en seguridad.
Grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como organizaciones locales identificadas como Cárteles Unidos y Los Caballeros Templarios, han ampliado el uso de armamento artesanal de alta letalidad. Entre las tácticas documentadas se encuentran drones que liberan cargas explosivas desde el aire, difíciles de detectar y neutralizar, además de la colocación de minas antipersona que han provocado muertes y lesiones graves en distintas zonas rurales de Michoacán.
El Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán ha contabilizado al menos 26 eventos relacionados con violencia explosiva desde 2022 hasta la fecha, incluyendo ataques con drones y minas terrestres. Estos hechos han dejado un saldo de 33 personas fallecidas, entre ellas 14 elementos militares, además de decenas de heridos.
La utilización de este tipo de tecnología criminal ha generado también el desplazamiento forzado de familias completas, así como el abandono de comunidades que han quedado atrapadas entre territorios minados y constantes enfrentamientos, profundizando el impacto social y económico de la violencia en el estado.
Tras el atentado en Coahuayana, autoridades estatales y federales desplegaron operativos de seguridad en la región; sin embargo, analistas advierten que la actual carrera armamentista entre organizaciones criminales refleja un salto cualitativo en su capacidad de daño y en la sofisticación de sus métodos.
Organizaciones civiles y observatorios especializados han urgido al Estado mexicano a diseñar estrategias específicas para contener el uso de tecnología bélica por parte del crimen organizado, así como a atender de manera integral a las comunidades desplazadas y a fortalecer los mecanismos de prevención frente a esta nueva modalidad de violencia de alto impacto.
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