Ciudad de México, noviembre 6. Documentos oficiales del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), revelaron el modus operandi de al menos tres grupos delictivos que operan en la región de Tierra Caliente, Michoacán, los cuales emplean un mecanismo denominado “extorsión gubernamental” para financiar sus operaciones, controlar sectores productivos y coordinar acciones con funcionarios públicos.
Estas prácticas incluyen la imposición de cuotas obligatorias, manipulación de precios y uso de fuerzas de seguridad para proteger sus intereses criminales.
De acuerdo con información original publicada por Infobae México, los documentos fueron dados a conocer por el periodista José Luis Montenegro luego de los homicidios del defensor limonero Bernardo Bravo en Apatzingán y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Las fichas de inteligencia detallan cómo estructuras de Cárteles Unidos, Los Viagras y Los Blancos de Troya mantenían acuerdos con autoridades y operadores locales para sostener un sistema de extorsión en sectores como la citricultura, la industria avícola y el comercio de productos básicos.
En los informes se señala que, tan solo entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, el CENFI emitió 81 fichas informativas que exhiben comunicaciones intervenidas entre jefes delictivos y funcionarios.
Entre los líderes identificados destaca César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, jefe de Los Blancos de Troya, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares y presunto responsable intelectual del asesinato de Bernardo Bravo.
Los documentos indican que “El Bótox” controlaba la venta de pollo, limón, metales y materiales reciclables, además de imponer cuotas para financiar su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según una ficha del 29 de noviembre de 2021, el Gobierno Federal tenía conocimiento de que el capo operaba con apoyo de al menos 17 unidades de la Guardia Nacional y la policía estatal. También se detalla que el 4 de noviembre de ese mismo año planeó el homicidio de policías estatales que podían interferir con sus actividades criminales.
Las fichas también registran que tras el asesinato de Horacio Zamora Ruelas, alias “Lacho”, operador de laboratorios de drogas sintéticas, la familia de “El Bótox” fue trasladada a un rancho en Zihuatanejo bajo protección de “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos.
Para ello utilizaron una avioneta y personal de la Guardia Nacional. Días después, el 27 de diciembre de 2021, el propio “Bótox” fungió como intermediario entre autoridades y productores avícolas de Apatzingán para facilitar acuerdos relacionados con la seguridad del transporte de mercancías, proponiendo incentivos económicos para garantizar la protección a los camiones de carga.
En paralelo, el informe revela el papel de Alberto García Flores, alias “La Peggy”, operador de confianza de Nicolás Sierra Santana “El Coruco”, líder de Los Viagras. Durante 2022, “La Peggy” implementó cuotas de 80 pesos por cada vaca sacrificada y cobros similares para productores de cerdo, extendiendo el sistema de extorsión en el sector ganadero.
También intervino para fijar tarifas en la compra de limón entre 4.10 y 4.30 pesos por kilo, mientras exigía veinte centavos adicionales por kilogramo a los productores, quienes podían comercializar hasta 300 toneladas diarias.
El 21 de enero de 2022, otro informe registró un acuerdo entre “El Coruco” y “El Bótox” para fijar el precio del limón en 34 pesos ante el descontento de productores. Asimismo, se estableció la designación de solo tres distribuidores autorizados de cerveza, y Los Blancos de Troya instalaron un filtro en San Juan de los Plátanos para incautar productos sin autorización.
En abril de ese año, “El Bótox” se negó a reubicar sus laboratorios de drogas sintéticas pese a operativos locales, argumentando que tenía control absoluto de la zona.
Las autoridades también documentaron que empresas como Citrolim S. A. de C. V. y Citrojugo aparecen en la red de compradores vinculados a Los Viagras. El Gobierno Federal advirtió que la disputa entre “El Bótox” y “El Coruco” por el control del sector citrícola podía derivar en violencia. Aunque en su momento mantuvieron confrontaciones, actualmente ambos grupos mantienen una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para combatir a otras células criminales en Tierra Caliente.
Finalmente, el especialista en seguridad David Saucedo señaló que en Uruapan operan al menos cinco organizaciones criminales y que los decomisos, capturas y abatimientos realizados por el alcalde Carlos Manzo estuvieron focalizados contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que podría explicar que dicho grupo haya ejecutado su asesinato.