Revelan compras caras del IMSS a empresas “patito”

Más de mil contratos con un valor total de 1,666 millones fueron adjudicados a proveedores con apenas meses de creación y sin trayectoria

Ciudad de México, 07/05/24 (Más).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asignó contratos millonarios para la adquisición de medicamentos a empresas recién creadas, muchas de ellas sin experiencia previa en el sector, con sobreprecios de hasta 678% y, en varios casos, sin garantizar la entrega completa de los insumos adquiridos.

Una investigación publicada por Animal Político revela que entre 2022 y 2023, al menos 19 empresas con apenas meses de operación recibieron mil 382 contratos por mil 666 millones de pesos a través de adjudicaciones directas.

Los contratos fueron asignados sin licitación pública bajo el argumento de “urgencia” y como resultado de la fragmentación del modelo de compras de medicamentos impulsado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según los datos analizados, el 95% de las adquisiciones realizadas por el IMSS en 2023 se realizaron por adjudicación directa, frente al 80 % registrado en 2018.

El análisis de 59 contratos correspondientes a esas empresas reveló que, por 1.9 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, se pagaron 292 millones de pesos. Si las mismas compras se hubieran realizado mediante el esquema de compras consolidadas, el costo habría sido de 141 millones de pesos. Esto representa un sobreprecio de 106%, equivalente a 150 millones de pesos pagados de más con recursos públicos.

Uno de los casos más representativos fue el de Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV, empresa creada en junio de 2021. Esta compañía recibió 205 contratos por 525 millones de pesos y vendió insumos con sobreprecios de hasta cinco veces más que su valor en el mercado. En una adjudicación hecha por la delegación Guerrero del IMSS, vendió pruebas rápidas de covid-19 en 2 mil 925 pesos por unidad, pero sólo 11% de las piezas llegó a los hospitales.

Otra empresa, Comercializadora de Medicamentos CMI, obtuvo contratos por más de 8 millones de pesos a sólo ocho meses de su creación. La empresa fue posteriormente boletinada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por irregularidades sanitarias.

También destaca Promotora Médica Selec SA de CV, con 149 contratos por 155 millones de pesos, la mayoría en Nuevo León y Guanajuato. Uno de sus representantes, Francisco Pavel Gutiérrez Mújica, estuvo vinculado a Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), parte del consorcio señalado por el entonces presidente López Obrador por acaparar el mercado de medicamentos.

Leo-Medik, creada en septiembre de 2021, obtuvo 117 contratos por 198 millones de pesos. Compartió accionistas con Grupo Farmacéutico MDK, empresa también beneficiada con contratos por 173 millones de pesos. Ambas compañías presentaron estructuras empresariales ligadas a otras firmas proveedoras, con actividades sociales diversas y sin trayectoria comprobada en el rubro farmacéutico.

El esquema permitió que medicamentos de uso común y tratamientos especializados, como insulina, inmunoglobulina, anticoagulantes, antidepresivos y tiras reactivas para glucosa, fueran adquiridos con precios superiores a los del mercado.

La aitagliptina metformina, utilizada para el control de la diabetes, se compró en 1,750 pesos, cuando su precio de compra consolidada era de 225 pesos. Las tiras reactivas fueron vendidas en 2,150 pesos, frente a un costo comercial promedio de 260 pesos.

El sobrecosto en estas compras coincidió con un incremento del 31% en el gasto del IMSS para adquisición de medicamentos entre 2018 y 2024, al pasar de 71 mil a 93 mil millones de pesos anuales. En contraste, el desabasto se acentuó: en 2021 no se surtieron 22 millones de recetas, frente a 1.4 millones en 2018. Para 2023, la cifra bajó a 5 millones, pero continuó reflejando una tendencia preocupante.

El nuevo modelo de adquisiciones inició con la centralización en la Secretaría de Hacienda, seguida por la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la participación de Birmex como distribuidor estatal y, finalmente, el regreso del IMSS como ejecutor de compras.

Durante este proceso, múltiples fallas afectaron la entrega de medicamentos.

En 2021, la UNOPS adjudicó sólo 50.8% de las claves de medicamentos requeridas. La Auditoría Superior de la Federación concluyó que no se entregaron todos los insumos contratados y que se debía reembolsar más de 32 millones de dólares. En 2022, el Insabi asumió nuevamente las compras y dejó sin adquirir 22% de los medicamentos necesarios.

La multiplicación de contratos menores a cinco millones de pesos, que representaban 5% del gasto en 2018, alcanzó 20% en 2022. Esta fragmentación debilitó el poder de negociación del Estado y permitió que empresas sin experiencia, recién constituidas y sin capacidad comprobada, accedieran a recursos públicos en condiciones desventajosas para el erario.

En 19 entidades del país, incluyendo Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Aguascalientes, Colima y Yucatán, las delegaciones del IMSS contrataron a estas empresas, muchas veces justificando sus decisiones en la necesidad urgente de insumos y en el incumplimiento de otros proveedores. Sin embargo, los registros de entrega y los precios analizados revelan que dichas contrataciones no respondieron a una estrategia de eficiencia o ahorro.

El caso evidencia la falta de controles eficaces en los procesos de contratación pública en el sector salud y la ausencia de criterios rigurosos en la evaluación de proveedores. La investigación también documentó vínculos entre empresas aparentemente distintas, pero con los mismos representantes o accionistas, lo que sugiere la existencia de redes empresariales que operaron en paralelo para acceder a contratos gubernamentales.

A pesar de las alertas emitidas por la Cofepris y los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, el IMSS justificó que la antigüedad de una empresa no constituye un impedimento para la adjudicación, al considerar que sus procesos de evaluación son de tipo binario: cumplen o no cumplen.

El resultado de esta política fue el encarecimiento de medicamentos básicos, el debilitamiento de la red de proveedores tradicionales, el incremento del gasto público y la persistencia del desabasto que ha afectado a millones de usuarios del sistema público de salud.