Renuncia abogado de Ayotzinapa para irse a la Suprema Corte

Ciudad de México, 21/08/25 (Más).- El abogado Vidulfo Rosales presentó su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización desde la cual representó durante casi 11 años a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Su salida se dio en el contexto de su incorporación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte del equipo de Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente del Poder Judicial.

Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, confirmó que la renuncia de Rosales se concretó el 15 de agosto. Afirmó que esta decisión marca un cambio significativo en el equipo que ha acompañado a las familias de Ayotzinapa y señaló que la salida del abogado se da con su incorporación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tomará protesta el 1 de septiembre.

Rosales explicó que su renuncia obedeció a la imposibilidad de continuar la defensa del caso de manera individual, debido a la magnitud del proceso, la falta de respaldo institucional y las amenazas recibidas.

“No cuento ni con los recursos ni con la cobertura política, pues es un caso sumamente grande en el que se enfrentan demasiadas amenazas y demasiadas presiones, y es sumamente difícil poder llevar de manera personal este tipo de defensas, como el caso de los 43 de Ayotzinapa”, declaró en entrevista con Animal Político.

El abogado informó directamente a las madres y padres de los estudiantes sobre su decisión. Señaló que la defensa del caso continuará de manera colectiva a través de Tlachinollan, el Centro Prodh y otras organizaciones que han acompañado a los familiares desde 2014. Añadió que el apoyo institucional permitirá la continuidad del litigio.

Respecto al encuentro con los familiares, Rosales indicó que fue una situación difícil por los años de acompañamiento. “Fue un momento duro, porque la representación que habíamos hecho durante mucho tiempo, durante estos casi 11 años, nos había convertido en la voz de ellos, en su representación. Éramos un apoyo que ellos tenían”, expresó.

En su balance, Rosales destacó avances en el caso, como la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el desmontaje de la llamada “verdad histórica”, lo cual permitió abrir nuevas líneas de investigación. “Se pudieron lograr pasos importantes en el esclarecimiento de cómo ocurrieron los hechos”, afirmó.

No obstante, reconoció que aún hay aspectos pendientes, especialmente en lo relacionado con el destino de los estudiantes. “Todavía no está plenamente dilucidado, pues falta mucho también ahí por recorrer, y lo principal que falta pues es saber el paradero”, señaló.

También subrayó que el panorama para las familias sigue siendo complejo y que su recomendación fue mantener la unidad. “Obviamente, al ponerles mi renuncia, ellos ven un panorama complicado, pero les hicimos saber que lo fundamental es que se mantengan unidos y firmes en la lucha por el esclarecimiento del caso de sus hijos”, dijo.

Rosales afirmó que su relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de apertura al diálogo. Aseguró que hubo disposición institucional para atender las demandas de los familiares y dar continuidad a las investigaciones. Informó que está pendiente una reunión entre las familias y el gobierno el próximo 3 de septiembre. “Hay una reunión pendiente el día 3 de septiembre, en la que ya no me tocará estar presente, pero en esa reunión espero que haya mucha más claridad en las nuevas líneas que la actual fiscalía está desplegando”, indicó.

Por su parte, Abel Barrera confió en que la incorporación de Rosales a la Suprema Corte represente una oportunidad para fortalecer la justicia en el país.

“Esperemos que esta pérdida redunde en un gran acierto para que en el nuevo lugar donde va a estar, con el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, sirva para lo que estamos luchando: que haya justicia en México, que se atienda a las víctimas, que ante todo se juzgue con esta perspectiva de los derechos humanos, desde la visión intercultural, desde la perspectiva de las víctimas”, declaró.

Barrera aseguró que la defensa del caso continuará con el trabajo de las organizaciones involucradas. Dentro de Tlachinollan, mencionó la posibilidad de que Isidoro Vicario asuma el lugar de Rosales, aunque aclaró que el relevo aún no está definido. También informó que se están realizando ajustes internos de cara a la reunión de septiembre.

Finalmente, señaló que el gobierno federal ha mostrado disposición para continuar con el caso. “Hay esta apertura de la presidenta, hay un nuevo fiscal que obviamente está tomando, pues las líneas que se han dibujado y planteado a la por parte de las madres y padres”, indicó. Sin embargo, reconoció que los avances aún no alcanzan las expectativas de las familias. “El ritmo de este caminar no va acorde con lo que las madres y padres quisieran debido a que ya van a hacer 11 años y todavía no hay avances significativos en términos de paradero de los 43 estudiantes”, concluyó.