Diputados del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México presentaron 10 iniciativas de reforma a la Ley y Código electorales, que principalmente buscan un cambio al alza en los financiamientos a los partidos políticos, así como elevar los topes de campaña en beneficio de los candidatos. al parecer, la tendencia es allegarse mayor número de votantes
Por Miguel Villarello
Saltillo, MÁS. – La primera semana de septiembre marcó el inicio de la carrera electoral a nivel nacional para elegir Presidencia, diputaciones y senadurías. A la par Coahuila también elegirá 38 alcaldías en 2024. Por lo que empieza a mover su estructura y sus engranes para buscar concretar una reforma electoral tendiente a obtener una bolsa mayor de recursos para varios partidos.
De acuerdo con datos consultados se trata de 10 iniciativas de reforma electoral que tienen que ver principalmente con un cambio al alza en los financiamientos a los partidos políticos, así como elevar los topes de campaña en beneficio de los candidatos, al parecer, la tendencia es allegarse mayor número de votantes.
Esa es la postura que deriva del análisis de dichas iniciativas que fueron subidas a tribuna por los grupos parlamentarios el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México sin contar, trascendió extraoficialmente, otras tres que prepara el Ejecutivo y que la siguiente semana podría estar remitiendo al Congreso y de las que destacan dos, según fuentes allegadas: el incremento a 27 diputados y el refuerzo a la equidad de género.
El tiempo corre y el paquete de reformas deberá analizarse los próximos días y aprobarse a más tardar el 30 de septiembre, tres meses antes de que inicie el proceso electoral en Coahuila que es el 1 de enero del 2024 para elegir presidentes municipales.
En sí, se busca más dinero para partidos y candidatos e incrementar los topes financieros de gasto de campaña para el juego electoral.

NUEVA REFORMA
El martes anterior los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México presentaron 10 iniciativas de reforma a la Ley y Código electorales.
Todas tiene que ver en lo general con violencia política de género, candidaturas, convenios de participación política, boletas electorales, reelección, Tribunal Electoral, financiamiento a partidos y medios de impugnación electorales.
Y, sin excepción, se turnaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, discusión y posterior dictamen, y tendrían que ser aprobadas en sesión del Pleno a más tardar a finales de este mes de septiembre y que se puedan aplicar los ordenamientos para el proceso electoral del 2024 en que se elegirán las 38 alcaldías de Coahuila.
Resalta la materia de financiamiento, un ejemplo es el Artículo 58 numeral 1, a), inciso I. “El Consejo General del Instituto determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal, a la fecha de corte de septiembre de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización en su valor diario vigente en el Estado”.
El numeral 2, a) y b) dice que los partidos políticos nacionales que no tuvieren derecho a financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, el año de la elección de que se trate, les corresponderá solamente financiamiento para gastos de campaña en términos de un inciso previo.

Mientras que el Artículo 60 aborda el tema de las aportaciones o cuotas de militantes, de precandidatos y candidatos para financiar precampañas y campañas cuyos topes van de un 40 a un 15, un 20 y 2 por ciento respectivamente y dependiendo de la procedencia de la aportación.
Los cuales no podrán exceder “en su conjunto el monto total de financiamiento público otorgado a cada uno de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y de campaña en el año en que se lleve a cabo la jornada electoral”.
Una de las justificantes es que, con la experiencia de la elección de 2017 quedó demostrado que el tope de gastos correspondiente a 19 millones 242 mil 478 pesos “resultó insuficiente para cubrir los gastos de propaganda, operativos de campaña, de promocionales, gasto de la jornada electoral, entre otras, en un periodo de duración de 60 días de campaña electoral, aunado a que Coahuila tiene el tope de gastos más bajo para la elección de la gubernatura sólo por encima de Ciudad de México, Jalisco y Tlaxcala”.
“Esta regulación de topes de gastos de campaña provocó que Coahuila tenga uno de los índices más bajos de tope de gastos en relación con el número de electores, comparado con las demás entidades federativas”.
Al respecto, una modificación que se propone y que destaca es la referente a la elección del Ejecutivo.
Indica que “para la elección de la Gubernatura el tope máximo será equivalente al setenta por ciento del financiamiento público de campaña para todos los partidos políticos en el año de que se trate”.
Otra materia que destaca es la referente a la violencia política de género en el Artículo 11 BIS “determinará la inelegibilidad de cualquier persona a la que se le haya dictado una resolución o condena judicial firme en su contra por delito, infracción o declaración de cualquier tipo o modalidad de violencia contra una mujer en razón de género de las contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia”.
Para ello deberán abstenerse de, entre otras cosas, ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o cualquier otro tipo y modalidad de violencia por la ley, abstenerse de calumniar a otras personas aspirantes o precandidatas y abstenerse de recabar firmas apócrifas o no auténticas.

Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género la autoridad competente ordenará suspender, de manera inmediata, la difusión de propaganda, además de aplicar una multa de una a 5 mil unidades de medidas y actualización en los casos de violencia política de género contra las mujeres según la gravedad de la falta; así como la suspensión temporal de los derechos político-electorales.
La reforma también indica y adiciona a diversas disposiciones del Código Electoral en materia de registro y asignación de candidaturas y tienen que ver con acciones para garantizar la paridad, la competitividad y la asignación de diputaciones; facilitar el acceso a candidaturas independientes o la sustitución de candidaturas.
El registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa se realizará mediante el sistema de fórmulas. Los partidos políticos, registrarán candidaturas observando el principio de paridad de género. Las fórmulas encabezadas por hombres podrán registrar suplentes hombres o mujeres indistintamente, en tanto que las fórmulas encabezadas por mujeres deberán registrar suplentes de este mismo género.
Para el registro deberán de postular de forma igualitaria, hombres y mujeres en cuando menos la mitad de los distritos, entregando una lista para que la autoridad realice la asignación que corresponda al partido.
En caso de que, en la integración del Congreso las mujeres se encuentren subrepresentadas, el Instituto tendrá la obligación de hacer las sustituciones necesarias para garantizar la paridad; ello en cuanto a la revisión de los límites de sobre y subrepresentación de género.
Por lo que se refiere a las candidaturas independientes, durante el proceso de selección de candidaturas independientes, el Instituto podrá autorizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que permitan, entre otros trámites, la administración y recepción de la documentación que la ciudadanía interesada deba presentar para obtener su registro.
Sin embargo, advierte que “no podrán ser candidatas o candidatos independientes las personas ciudadanas que hayan desempeñado un cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político, a menos que renuncien al mismo un día antes de la manifestación de intención de contender como candidata o candidato independiente”.
O quienes desempeñen un cargo de elección popular, a menos que renuncien al partido por el que accedieron al cargo un día antes de la manifestación de intención de contender como candidata o candidato independiente.

La sustitución de candidaturas podrá darse a quien rebase los topes de precampaña, La comisión de fraude, además de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia ratificada por la candidatura ante el Instituto o cancelación del registro por autoridad competente.
Refiere también los convenios de participación política entre partidos, las boletas electorales en las que se propone, aparte del nombre de la persona candidata, si así lo desea incluir sobrenombre o apodo y fotografía; además, en cuanto a la reelección que, en el caso de diputaciones sigue igual para que “las diputadas y los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos”.
Además, indica que las diputaciones externas o sin partido deberán desvincularse del partido político que originalmente los postuló, antes de la mitad de su mandato, si pretenden reelegirse por un partido político distinto, requisito que no será exigible si el partido postulante perdió su registro.
Incluso aborda cambios relativos al fortalecimiento del funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el estado.
Este último resalta lo siguiente: “En los casos específicos en los que el motivo del juicio electoral se relacione con la práctica de los cómputos el término previsto en esta ley de cuatro días para presentar el medio de impugnación correspondiente, deberá́ computarse a partir del día siguiente al en que concluya la práctica de dichos cómputos”, cuando anteriormente era de tres días.
MÁS FINANCIAMIENTO
Debido a que la elección anterior se jugó con reglas pasadas pues no prosperó la reforma electoral del 2022, es imprescindible que para la elección de 2024 se modifiquen las reglas, al menos en cuanto al financiamiento y topes de campañas, precisó Eduardo Olmos Castro, quien abordó las 10 iniciativas de reforma que se cocinan en el Congreso.
Apenas esta semana se presentaron en la sesión parlamentaria, curiosamente todas provenientes del PRI y PVEM, aunque trascendió que por parte del Ejecutivo estarían presentándose otras tres iniciativas de reforma referentes a los procesos electorales la semana entrante.
Aunque el presidente de la Junta de Gobierno no declaró si era cierta dicha propuesta de reforma, explicó el porqué de las iniciativas que ya están en análisis ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y deberán ser aprobadas a finales de este mes.
“Las iniciativas de reforma se discuten en comisiones, se aprueban y llegan como dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación; en esta reforma electoral existen algunos planteamientos que tiene que ver con la materia de financiamiento y topes de campaña”.

“Ello porque es necesario recordar que cuando se cayó la iniciativa anterior, en 2022, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la hizo a un lado, pues jugamos prácticamente con las mismas reglas de la elección pasada, entonces los topes se tienen que modificar”.
“Y el financiamiento tiene que modificarse también para que podamos jugar con nuevas reglas en la próxima elección”, afirmó.
Dijo que, si bien algunas de estas modificaciones se pudieron sacar adelante mediante acuerdos con el órgano electoral, acotó que lo deseable y correcto es de que vayan al Pleno del Congreso, se discutan y se aprueben.
Luego de recalcar que el Parlamento se enfoca en esta reforma electoral por el momento, el diputado precisó que este período también se aprovecha para aprobar el paquete fiscal estatal, los presupuestos de egresos y leyes de ingresos municipales las cuales tendrán que ser recibidas para ser discutidas.
ADECUARSE
Consultada al respecto, la diputada panista Mayra Valdés González expresó brevemente que “estamos en tiempo de que se presenten estas reformas al código electoral”.
Y afirmó que, por parte de Acción Nacional y a partir de este fin de semana se efectuarían “unas mesas de análisis previas con el partido para poder desglosar estas iniciativas y hacer los comentarios en la comisión correspondiente que es la de Gobernación”.
“Ello con el fin de saber en qué cosas vamos a favor, en qué cosas diferimos y ver si hay manera de poder conciliar una nueva reforma electoral que vaya de acuerdo con las necesidades del estado de Coahuila”.
INCREMENTO
Coincidente con este planteamiento de reforma electoral en el Legislativo al día siguiente resultó la propuesta del proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Coahuila para el 2024, año en que se elegirán las 38 alcaldías de la entidad.
Aprobado por su Consejo General, curiosamente se trata de un monto superior a los 632 millones de pesos, de los cuales, el 55.50 por ciento, algo así como 351 millones de pesos, serían canalizados a actividades que tiene que ver con el asunto electoral.
Entre otras, prerrogativas que se entregan a los partidos políticos como parte de sus funciones de actividades específicas y electorales, precampañas, campañas y jornada electoral para el 2024.
Este proyecto financiero fue puesto en la mesa de discusión en la sesión extraordinaria del organismo electoral y fue aprobado para ser enviado al Ejecutivo y Legislativo para su posible aprobación sin cambios.
Del total que son 632 millones 161 mil 832 pesos, 351 millones 130 mil 109 pesos serán destinados a actividades que tienen que ver con el proceso electoral local.
Mientras que al organismo electoral sólo le corresponderían 281 millones 31 mil 723 pesos para sus de administración y operativas, es decir, el 44.45 por ciento.
En conclusión, lo que se vislumbra es que resulta más caro elegir los 38 alcaldes que una gubernatura y 16 diputaciones de mayoría, pues para los primeros se gastarían más de 351 millones de pesos mientras que para los segundos en este 2023 se utilizaron alrededor de 250 millones de pesos.
La moneda continúa en el aire mientras se espera la llegada de más iniciativas de reforma electoral de parte del Ejecutivo.
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