Redacción Más / IA
David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, ha realizado una completa renovación de los principales puestos de la institución desde que asumió el cargo en 2018. En este proceso, ningún funcionario de la administración anterior, encabezada por Juan Manuel Portal, ha sido mantenido en su puesto.
El cambio más reciente ha sido el despido de Agustín Caso Raphael, quien lideraba la Auditoría Especial de Desempeño. Caso Raphael fue reemplazado por Arely Gómez, exprocuradora general durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta información fue publicada por la agencia Animal Político.
Desde el inicio de su gestión, Colmenares ha llevado a cabo una serie de despidos. El primero fue Muna Dora Buchain, encargada de la Auditoría Forense, seguida por la salida de todo su equipo poco después.
Uno de los cambios más significativos fue la renuncia de Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero, quien denunció que la Auditoría no había presentado denuncias por posibles irregularidades debido a cambios administrativos impulsados por Colmenares.
Colmenares también realizó cambios en el reglamento de la Auditoría, creando una nueva área responsable de interponer denuncias por irregularidades detectadas en las cuentas públicas. A partir de 2021, esta área, liderada por Nemesio Ibáñez Aguirre, es la única facultada para realizar estas acciones.
En cuanto a las denuncias tramitadas por la Auditoría, se destaca que únicamente se han presentado 22 sobre presuntas irregularidades en la actual administración. Este es el menor número de denuncias en los últimos 18 años contra una administración en funciones.
El exauditor Agustín Caso Raphael ha denunciado el uso político de la institución por parte de Colmenares y la «autocensura» en la selección de áreas para auditar.
Por último, un diagnóstico elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados advierte un aumento en el rezago en la recuperación de recursos públicos durante la gestión de Colmenares, así como un estancamiento en los procedimientos sancionatorios por posibles actos de corrupción.
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