Ciudad de México febrero 4. Un panel internacional de especialistas presentó 56 recomendaciones dirigidas a gobiernos, sistemas de salud y autoridades públicas para reducir el riesgo de demencia, en una hoja de ruta que articula políticas basadas en evidencia científica y adaptables a diferentes realidades nacionales, informó el portal Infobae México. Estas recomendaciones, publicadas en la revista Nature Reviews Neurology, se estructuran en cuatro áreas clave: comunicación de salud pública, intervenciones individuales, acciones poblacionales y fortalecimiento de investigación.
El principal objetivo del panel fue orientar a las autoridades en la formulación de políticas que disminuyan la incidencia de demencia asociada a la edad, fomenten una vida saludable prolongada y reduzcan el peso social y económico de este trastorno. Las 56 recomendaciones emergen de un consenso entre 40 expertos de diversas disciplinas, tras rondas de evaluación que permitieron fusionar evidencia científica con perspectivas de múltiples sectores sociales.
Las recomendaciones comienzan con un enfoque en mensajes de salud pública claros y accesibles. Se enfatiza que la comunicación debe priorizar el uso del término “reducir el riesgo de demencia”, evitando expresiones como “prevenir” o “eliminar”, y promoviendo mensajes que contemplen factores de riesgo modificables como inactividad física, aislamiento social, obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, pérdida auditiva, colesterol LDL elevado y pérdida visual.
En cuanto a la investigación en comunicación, el panel recomienda evaluar formatos, canales y lenguaje; medir el impacto real en conductas y no solo en conocimiento; y probar la credibilidad del mensaje y la fuente en distintos grupos sociodemográficos.
Las directrices sobre intervenciones individuales sugieren no basar la evidencia únicamente en tests cognitivos, priorizar intervenciones según la evidencia epidemiológica, considerar causalidad verdadera del riesgo, evaluar el valor añadido frente a políticas existentes y diseñar acciones que reduzcan, no amplíen, desigualdades sociales. Además, se recomienda integrar la prevención de demencia en controles de salud desde la mediana edad y evaluar efectos más allá de la cognición, como la función, el bienestar y la autonomía.
Sobre intervenciones poblacionales, el panel plantea integrar la reducción del riesgo de demencia dentro de estrategias nacionales de enfermedades no transmisibles y políticas relacionadas con tabaco, alcohol, azúcar y contaminación del aire; abordar desigualdades socioeconómicas; priorizar intervenciones de bajo esfuerzo individual; asegurar escalabilidad y equidad; desarrollar sistemas nacionales de datos de incidencia; y publicar datos comparables y sostenidos en el tiempo.
En la agenda de investigación y financiamiento, las recomendaciones incluyen financiar estudios sobre cambio de comportamiento, investigar cómo comunicar prevención a lo largo de la vida, evaluar mensajes según si son claros, accionables, relevantes y confiables, construir sistemas nacionales de datos de demencia, incluir resultados de cuidados sociales no solo sanitarios, co-diseñar investigaciones con poblaciones en mayor riesgo, garantizar inclusión y diversidad en estudios, aceptar evidencia no experimental cuando ensayos clínicos aleatorizados no sean viables y financiar estudios de largo plazo acorde a la latencia del trastorno.
El panel subraya que estas recomendaciones son amplias y deberán adaptarse a cada sistema sanitario, con especial atención a la equidad para evitar que las políticas profundicen desigualdades y afecten negativamente a grupos vulnerables. Asimismo, se destaca la necesidad de más investigación para evaluar la eficacia de las estrategias propuestas y la participación de poblaciones en mayor riesgo en la formulación de políticas.
La demencia representa un reto creciente de salud pública global en el contexto del envejecimiento de la población. Según estimaciones citadas por el panel, se prevé que la prevalencia de este trastorno casi se triplique hasta 153 millones de personas en 2050, con un impacto económico mundial que en 2019 superó los 1.3 billones de dólares.
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