Por Héctor García Álvarez
Saltillo, Coahuila, 30/04/25 (Más).- La sesión del Congreso del Estado de Coahuila estuvo marcada por la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Antonio Attolini Murra, de Morena, mediante la cual pretendía exhortar al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a cumplir integralmente con la Recomendación 07/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).
Dicha recomendación se originó a raíz de los hechos ocurridos en el ejido Nuevo Mieleras, donde se documentaron violaciones a los derechos humanos y la muerte de una persona causada por un disparo efectuado por un policía municipal.
El caso Nuevo Mieleras, en Torreón, se refiere a un operativo de desalojo realizado el 7 de abril de 2025 en el ejido del mismo nombre, durante el cual un agente del Grupo de Reacción Torreón (GRT) disparó y provocó la muerte de Rolando Medina.
Este miércoles, la controversia en el Congreso escaló durante la votación de la propuesta, que concluyó con 15 votos en contra y 6 a favor. El resultado evidenció la división entre los legisladores en torno al papel del Congreso en la supervisión de las acciones municipales y en la implementación de recomendaciones en materia de derechos humanos.
Según el expediente de la Recomendación 07/2025, la CDHEC concluyó que elementos de la Policía Municipal de Torreón incurrieron en detenciones arbitrarias, especialmente de jóvenes y trabajadores; revisiones ilegales, actos de intimidación y uso excesivo de la fuerza. El caso más grave fue el de una víctima que sufrió un choque hipovolémico y una hemorragia externa aguda a causa de heridas de bala.
En su intervención, Attolini Murra subrayó la necesidad de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad y reparen de manera integral el daño causado a la víctima y a la comunidad.
“No podemos tolerar la impunidad ante estos atropellos”, expuso. “La Recomendación 07/2025 no es una sugerencia, es un mandato que busca justicia y garantías de no repetición”.
Sin embargo, la votación mostró que la mayoría del Congreso no respaldó esta postura. Algunas voces dentro del recinto legislativo manifestaron reservas ante la posibilidad de presionar al alcalde de Torreón, argumentando la autonomía municipal y la conveniencia de esperar los resultados de las investigaciones internas sobre los hechos. Esta posición prevaleció, lo que representó un revés para quienes impulsan una intervención más directa del Congreso en el caso.
La propuesta presentada por Attolini Murra retomaba los puntos principales de la Recomendación 07/2025, entre ellos:
Disculpa pública formal: que el Ayuntamiento de Torreón ofrezca una disculpa pública a las víctimas por las violaciones a sus derechos.
Reparación integral: implementar medidas de reparación del daño material y moral a los afectados.
Sanciones a responsables: iniciar los procedimientos administrativos y legales para sancionar a los elementos de la Policía Municipal involucrados.
Capacitación en derechos humanos: establecer programas permanentes de formación en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza para los cuerpos de seguridad municipales.
El resultado de la votación evidenció un momento de tensión en el Congreso de Coahuila, donde distintas posturas sobre la autonomía municipal y la defensa de los derechos humanos entraron en conflicto, dejando en incertidumbre el rumbo de la respuesta institucional ante el caso Nuevo Mieleras.
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