A un año del hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, el caso sigue marcado por versiones contradictorias entre autoridades y colectivos de búsqueda. Mientras el gobierno federal sostiene que el lugar operaba principalmente como centro de adiestramiento criminal y reporta 47 detenidos, familiares de desaparecidos aseguran que en el predio también se cometieron asesinatos y se hallaron restos humanos
Redacción Más
A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el caso continúa envuelto en versiones encontradas entre autoridades y colectivos de búsqueda, mientras investigaciones oficiales, denuncias de irregularidades y testimonios de familiares de desaparecidos mantienen abierta la disputa por la verdad sobre lo ocurrido en el predio.
De acuerdo con información de Animal Político, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento hay 47 personas detenidas vinculadas al caso y que las investigaciones oficiales indican que el sitio funcionaba principalmente como un centro de adiestramiento criminal.
El funcionario señaló que, según los indicios disponibles, sólo se ha confirmado la muerte de una persona en el lugar, aunque aclaró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de presentar un informe completo sobre el caso.
Las indagatorias federales han documentado que en el rancho se realizaban prácticas de tiro, entrenamiento físico y simulaciones tácticas dentro de una casa táctica, además de que presuntamente se reclutaba de manera forzada a personas, a quienes se les retiraban sus pertenencias para obligarlas a vestir ropa distinta.
La FGR también ha informado sobre la localización de indicios como elementos balísticos, prendas de vestir y dos fragmentos de restos óseos que se encuentran bajo análisis pericial.
Sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas cuestionan la narrativa oficial.
Según El Universal, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco –que localizó el sitio el 5 de marzo de 2025 tras recibir una denuncia anónima– sostiene que el rancho no fue sólo un centro de adiestramiento, sino un lugar donde se registraron asesinatos.
En un comunicado difundido al cumplirse un año del hallazgo, el colectivo recordó que durante las excavaciones comenzaron a encontrar huesos calcinados y restos humanos entre la tierra. En el mismo mensaje afirmaron: “En ese lugar muchas personas perdieron la vida. No fue solamente un sitio de adiestramiento o reclutamiento. En ese rancho hubo muerte, dolor y silencio”.
Los buscadores reportaron haber encontrado más de 400 objetos, entre ellos zapatos, ropa, bolsos y pertenencias personales, además de restos óseos. Las imágenes del lugar, que mostraban cientos de zapatos abandonados, llevaron a que algunos usuarios en redes sociales lo compararan con un campo de exterminio.
El predio había sido intervenido previamente por autoridades en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional detuvo a diez personas y liberó a dos víctimas secuestradas. No obstante, según denunciaron los colectivos, el lugar quedó sin vigilancia y posteriormente volvió a ser ocupado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las familias también han denunciado irregularidades en las investigaciones. Según Animal Político, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por fallas en el resguardo del lugar, el manejo de evidencias y la preservación del sitio.
El organismo concluyó que dichas omisiones vulneraron derechos humanos relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, al no garantizar una investigación exhaustiva ni el adecuado procesamiento de los indicios encontrados.
Para los colectivos, esta recomendación confirma las denuncias que habían realizado desde el inicio del caso. Los familiares afirman que durante las diligencias se recuperaron fragmentos óseos calcinados y restos que presentaban signos de haber sido sometidos a altas temperaturas.
Las críticas también han alcanzado a las autoridades federales. De acuerdo con Proceso, la recomendación de la CNDH señaló principalmente a la fiscalía estatal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por las irregularidades detectadas, sin responsabilizar directamente a la Fiscalía General de la República.
El documento establece que la Fiscalía de Jalisco no resguardó adecuadamente el predio después de una intervención realizada en noviembre de 2024, lo que permitió el ingreso posterior de colectivos de búsqueda. Esa falta de custodia, según la CNDH, evidenció deficiencias en la preservación del lugar y en el manejo de los indicios.
La recomendación también menciona que durante un recorrido realizado el 20 de marzo de 2025 –cuando el sitio aún estaba en proceso de investigación– el número de personas que ingresaron al rancho provocó la alteración de áreas del inmueble y de posibles evidencias.
Ante estas irregularidades, la CNDH determinó que hubo violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, atribuibles a funcionarios de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Mientras tanto, las investigaciones continúan sin que se haya logrado identificar plenamente los restos humanos encontrados en el lugar. La FGR informó que uno de los fragmentos óseos permitió obtener un perfil genético masculino, pero hasta ahora no coincide con los registros disponibles de personas desaparecidas.
En medio de versiones encontradas, colectivos de búsqueda mantienen la exigencia de que el caso no sea reducido a un simple centro de entrenamiento criminal. Para las familias, la dimensión de los hallazgos y las irregularidades detectadas obligan a esclarecer a fondo lo ocurrido en el Rancho Izaguirre y a determinar responsabilidades por las omisiones en la investigación.
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