Morelia, Michoacán, 04/11/25 (Más).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido vinculado por documentos de inteligencia militar y reportes de la DEA con presuntos operadores financieros del crimen organizado, específicamente con la banda de Los Viagras, que domina zonas clave de la región de Tierra Caliente.
Las sospechas recaen particularmente sobre su tía, Anabel Bedolla Marín, quien habría facilitado recursos para su campaña a la gubernatura y fungido como enlace directo con líderes criminales, según reportes difundidos por La Silla Rota.
Las líneas de investigación que involucran al mandatario surgieron a raíz del seguimiento de redes criminales ligadas a Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcalde de Aguililla y actual reo en Estados Unidos, identificado como miembro de Los Viagras. Comparán es esposo de Anabel Bedolla Marín, tía del gobernador.
Documentos obtenidos por el colectivo Guacamaya en los hackeos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan que Anabel actuaba como interlocutora del grupo liderado por Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Coruco’, antiguo líder de autodefensas que ahora encabeza una de las facciones más violentas del crimen organizado en la entidad.
Los registros militares sugieren que Anabel Bedolla mantenía vínculos estrechos con políticos de distintos partidos durante el proceso electoral de 2021, con el fin de proteger los intereses de Los Viagras en los municipios estratégicos del estado. Según los reportes, operaba como pieza clave entre los criminales y las estructuras políticas locales.
Este escándalo estalla en medio de una escalada de violencia en Michoacán, particularmente en la Tierra Caliente, donde operan Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. En esta zona, que abarca municipios como Aguililla, Apatzingán y Tepalcatepec, la extorsión a citricultores se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. Los grupos criminales también han comenzado a emplear drones y artefactos explosivos improvisados, aumentando la presión sobre la población y las autoridades.
El asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola de Apatzingán que promovía una ley contra la extorsión, intensificó las críticas a la gestión estatal. Tras el homicidio, Ramírez Bedolla sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo, comandante de la Sedena, para anunciar un reforzamiento en la zona. Sin embargo, sectores ciudadanos interpretaron esta acción como un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia de seguridad en la región.
Las sospechas sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno también se han reforzado por los recientes asesinatos de siete alcaldes y dos empresarios durante la administración de Ramírez Bedolla. La creciente percepción de que las redes criminales gozan de “lobby político” en gobiernos municipales y estatales ha agudizado la crisis de legitimidad en Michoacán.
En este contexto, los señalamientos sobre los presuntos vínculos familiares del gobernador con operadores del crimen han avivado el debate sobre la profundidad de la narcopolítica en el estado, en un momento en que la gobernabilidad se ve cuestionada tanto por los ciudadanos como por las propias instituciones federales.
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