Caracas, 20/05/24 (Más / IA).- En la capital de Venezuela, el grupo de derechos humanos del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos (Provea) reforzó sus oficinas ante la amenaza de violencia, simbolizando los peligros de su labor en la defensa de los derechos humanos en el país.
La organización, que ha sido tildada de “enemigo del pueblo” por funcionarios gubernamentales, enfrenta acusaciones de conspiración contra el Estado venezolano.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a permitir que Provea continúe su trabajo sin interferencias, tras denunciar amenazas de agentes estatales.
Marino Alvarado, coordinador del programa legal de Provea, expresó su preocupación por la detención arbitraria de al menos tres activistas de derechos humanos en la antesala de las elecciones de julio en Venezuela.
Además, funcionarios de derechos humanos de las Naciones Unidas fueron expulsados del país tras uno de estos arrestos.
El equipo de Provea, compuesto por 14 miembros, fue reconocido por su valentía en la investigación de violaciones de derechos humanos y la promoción de la democracia en Venezuela.
A pesar de los desafíos, Alvarado reafirma su compromiso con la causa, declarando que “la gente necesita nuestra ayuda ahora más que nunca”.
Fundada en 1988, Provea mantiene una postura crítica frente a las administraciones gubernamentales, lo que genera tensiones.
La impunidad prevalece en Venezuela, según Alvarado, y la organización se ha visto obligada a documentar violaciones de derechos humanos que el gobierno no investiga. Esto generó en represalias como arrestos, amenazas y campañas de difamación.
Grupos armados leales al presidente Nicolás Maduro amenazaron a Provea en repetidas ocasiones.
Alvarado y su hijo fueron víctimas de un ataque violento tras solicitar protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela es cada vez más peligrosa.
Desde la llegada al poder de Maduro en 2013, Provea ha registrado más de 43 mil violaciones al “derecho a la integridad personal”, incluyendo casos de tortura y tratos crueles.
En 2023, se documentaron más de 2 mil 600 víctimas de violaciones de derechos humanos, un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior.
A pesar de las negativas del gobierno, la Misión de Investigación de la ONU en Venezuela ha publicado informes detallando graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Venezuela es el único país latinoamericano bajo investigación en la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.
Los grupos de derechos humanos, como Provea, continúan su labor esencial, a menudo en condiciones adversas y bajo persecución gubernamental.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elogiado a estos defensores y periodistas por su apoyo a una Venezuela más democrática.
En un evento en Washington, Lissette González, investigadora de Provea, recibió el Premio de Derechos Humanos 2024 por el trabajo de la organización.
González, cuyo padre fue una víctima de la represión gubernamental, es una defensora de los derechos humanos y mantiene la esperanza de un cambio positivo en Venezuela.
Su historia y la de otros activistas reflejan la resistencia y la lucha por la justicia en un país marcado por la violación sistemática de los derechos humanos.
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