Ciudad de México, 27/08/24 (Más / IA).- Para expresar su rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron una manifestación pacífica en los pasillos del edificio del máximo tribunal.
Con cartulinas y hojas blancas en mano, los empleados se posicionaron estratégicamente antes del inicio de la sesión del pleno, donde participaron todos los ministros.
Entre las consignas escritas se podían leer frases como “Soy carrera judicial”, “No somos oposición, servimos a la nación”, “Rechazo la reforma judicial”, “Por un Poder Judicial independiente” y “Todos somos PJF”, que reflejaban la preocupación y desaprobación de los manifestantes hacia los cambios propuestos en el Poder Judicial.
La protesta, marcada por el silencio, se desarrolló de manera que los ministros, al dirigirse al pleno, fueran recibidos con las expresiones de inconformidad de los trabajadores.
Entre los ministros que atravesaron los pasillos llenos de manifestantes estaban Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis Alcántara Carrancá y Javier Laynez, quienes expresaron su solidaridad con los empleados: “Estamos con ustedes, nos solidarizamos”.
En la oficina de la ministra Lenia Batres Guadarrama, los trabajadores colocaron la frase “juraron servir al pueblo no al Ejecutivo”, en referencia a la aparente alineación de Batres con la ideología del presidente y el proyecto de gobierno en el que su hermano Martí Batres también participa.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció la situación y, al inicio de la sesión, propuso a los ministros votar por la suspensión de la misma en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes llevan una semana en paro.
El descontento de los empleados de la SCJN se da en el contexto de la aprobación, el día de ayer, del dictamen de la reforma judicial por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Entre los cambios más polémicos se encuentran la eliminación de la experiencia mínima para ocupar un cargo judicial y la introducción de jueces sin rostro para resolver casos de narcotráfico y crimen organizado, medidas que han generado preocupación en diversos sectores sobre la independencia y calidad de la justicia en México.
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