Saltillo, Coahuila, 23/03/26 (Más).- Al considerar que su coincidencia con diversos comicios federales y locales podría generar confusión entre el electorado y dificultar la participación informada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, planteó la necesidad de replantear la elección judicial prevista para 2027.
El magistrado advirtió que la elección judicial se realizaría junto con procesos como la renovación de diputaciones federales, alcaldías y, a nivel nacional, 17 gubernaturas, lo que implicaría una cantidad elevada de candidaturas en una misma jornada.
“Yo creo que no es conveniente que vayan juntas desde mi punto de vista. Son demasiados candidatos en la parte judicial, así como también la importancia que reviste en el 27 diputados federales y alcaldes por lo que hace Coahuila”, señaló.
Mery Ayup subrayó que la combinación de elecciones del Poder Ejecutivo local, el Congreso, la Cámara de Diputados y el ámbito judicial representaría una carga excesiva para los votantes. “Estás mezclando al poder ejecutivo local, al Congreso, a la Cámara de Diputados y la parte judicial, es demasiado para el elector”, expresó.
Desde su perspectiva, esta acumulación de procesos podría afectar la calidad democrática, al dificultar que la ciudadanía conozca y evalúe a todos los perfiles en competencia. “No me parece que democráticamente sea prudente, oportuno ni mucho menos tenga la posibilidad un elector de evaluar toda la cantidad de perfiles judiciales que se van a presentar”, añadió.
En cuanto al impacto presupuestal, el presidente del Tribunal recordó que la elección judicial anterior implicó costos significativos que no estaban previstos por los estados. Indicó que a nivel federal el gasto ascendió a cerca de 9 mil millones de pesos, mientras que en Coahuila el Instituto Electoral destinó alrededor de 400 millones de pesos.
No obstante, señaló que en caso de realizarse de manera concurrente con otros comicios, el costo podría reducirse a cerca de 100 millones de pesos, al aprovechar infraestructura ya instalada, aunque persistirían gastos como la impresión de boletas.
Finalmente, mencionó que existen propuestas para posponer la elección judicial, ya sea a noviembre de 2027 o incluso a años posteriores como 2028 o 2029, ante los retos logísticos, financieros y de organización que representa su implementación simultánea con otros procesos electorales.
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