PROFESOR POBRE, LÍDER SINDICAL RICO

Por Miguel Villarello

Hablar del quebranto ocasionado al gremio magisterial es escuchar historias tristes en las que cientos de profesores apostaron todo su patrimonio a un futuro de abundante cosecha en el mediano plazo o a vivir el resto de su vida, luego de más de 30 años de servicio activo, en tranquilidad económica y social.

En el caso del gremio magisterial que está compuesto por más de 28 mil profesores, según cifras conservadoras de la Secretaría de Educación estatal, que incluye a directivos, docentes frente a grupo, asistentes, inspectores, administrativos y todos los que “viven de la escuela”, que prestan sus servicios en nivel básico, medio y superior, inclusive en universidades públicas aglutinados en tres secciones sindicales la 5, 38 y 35.

No obstante, desde hace unos años a la fecha, concretamente en el sexenio de lo que ellos llaman la docena trágica compuesta por dos gobernadores de apellido Moreira, han padecido el quebranto financiero a su sistema de pensiones, a través de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila (DIPETRE), a su sistema de vivienda y servicios médicos.

A ello se suma el estilo de vida que ostentan sus dirigentes sindicales, sobre quienes existe la sospecha de sustracción indebida de recursos para uso personal, mejorar o cambiar su estilo de vida, y la adquisición de lujosas viviendas en fraccionamientos de alta plusvalía y coches costosos.

Ante ello la queja de la mayoría de los profesores va dirigida hacia sus líderes magisteriales, específicamente de las secciones 38 como 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la presunción, de acuerdo con las indagatorias de maestros aglutinados en la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila, es que son los mismos dirigentes quienes han sustraído recursos de las arcas sindicales para uso personal, de sus familias y colaboradores cercanos discrecionalmente.

Tanto maestros como maestras platican, pidiendo el anonimato por temor a represalias, que desde hace años les llega un descuento en su recibo salarial de aproximadamente un 15% para aportación sindical y canalizarse a rubros como pensión para retiro (el DIPETRE), fondo de vivienda y fondo para servicio médico.

Curiosamente allá por 2006 desaparecieron, dice uno de ellos, estos fondos se convirtieron en polvo pues comenzaron a hacerse los desvíos del recurso.

Y cita un ejemplo: La Sección 38 cuenta con dos clínicas que funcionan bajo un sistema semiprivado, la de Saltillo y la de Torreón: “pero su cuadro básico de medicamento desde hace unos 10 años ha dejado de suministrarse a los pacientes, ya no se diga de quienes acuden por una operación pues ni especialistas hay en las clínicas; ello a pesar de que quincenalmente a los miles de docentes nos llega el descuento en el recibo de nómina y que corresponde a ese servicio médico”.

Por otra parte, recientemente la Coalición de Trabajadores de la Educación se conformó y aglutina, cifras conservadoras, a por lo menos 3 mil maestros pensionados en la entidad y quienes iniciaron su movimiento, aproximadamente en 2015, con el fin de rescatar dichos recursos que, afirman según sus datos y pesquisas, está entre los 3 mil y 4 mil millones de pesos solamente de los fondos de pensiones y de salud.

ADVERTENCIA

Fue en 2015 que el gobierno estatal advirtió de la quiebra del sistema de pensiones de los maestros de las secciones 5 y 38 del SNTE y ofreció una solución “duradera”.

El déficit alcanzaba los 55 mil millones de pesos y el Estado ofreció enviar una iniciativa de ley tendiente a solventar la problemática ya que a partir de 2018 al Gobierno tendría que decidir si hacía obra pública o pagar las pensiones de los profesores, la cual se “atoró”.

Entonces se justificó que destinaba anualmente poco más de 700 millones de pesos al sistema de pensiones del magisterio, recursos que resultaban insuficientes ya que las jubilaciones se incrementaron porque los docentes se estaban jubilando a los 50 años y el fondo no había sido calculado adecuadamente ante el cambio de expectativa de vida pues pasó de 55 a 80 años.

Al respecto, los de la Coalición hacen un ejercicio: si en ese año el pasivo de las pensiones de maestros era de 55 mil millones y la deuda estatal alcanzaba los 36 mil millones de pesos, quería decir que la problemática se encontraba en el sistema de pensiones estatal y el supuesto saqueo financiero para beneficio personal, además de estar soportado con las participaciones federales que la entidad recibía entonces.

LOS LÍDERES

En la actualidad, ambas secciones magisteriales tienen, la 38 un secretario general, la 5 un delegado especial.

Por la Sección 38 del SNTE el cargo es ocupado por Xicoténcatl de la Cruz García desde aproximadamente el 2014; y la dirigencia de la Sección 5 es ocupada por Omar Pereyra Pérez como Delegado Especial.

Sin embargo, por la Sección 5 han pasado Carlos Moreira Valdez y José Luis Ponce Grimaldo quien, por cierto, enfrenta un proceso penal por peculado, entre otros dirigentes; mientras que en la 38 estuvieron Alfonso Cepeda Salas quien, de acuerdo con datos aportados por los docentes, dejó en el cargo actual a Xicoténcatl de la Cruz.

Fuera del asunto de las pensiones, que se verá más adelante, está el tema del Fondo de Vivienda de los educadores que, afirman, no es parejo, pues mientras que un maestro común tiene que sujetarse a sistemas burocráticos y tardados como el FOVISSSTE, sus dirigentes sindicales y altos directivos escolares obtienen recursos extras para adquisición de vivienda que muchas veces no van de acuerdo con el salario que perciben.

En otras palabras, a decir de los mismos maestros, mientras que la mayoría de ellos de escalafón más bajo en el sistema educativo viven en casas de interés social y otros de nivel superior en el escalafón viven en desarrollos habitacionales más de acuerdo con sus posibilidades por su percepción salarial, sus dirigentes gremiales ostentan casas que parecen palacios.

En Saltillo existen tres colonias que en diferentes épocas el Estado ha otorgado con facilidades a los profesores para que los mentores posean una vivienda digna, son el fraccionamiento Los Maestros al poniente de la ciudad y cercano a la zona universitaria, El Magisterio ubicado al oriente de la ciudad en donde algunas casas de profesores contrastan con las de otros más austeras, y el fraccionamiento Sección 38 al oriente de la ciudad y aledaño al deportivo del mismo nombre, aquí las viviendas son catalogadas como de interés social medio alto.

Sin embargo, hay quienes sobre todo los ligados a sus dirigentes magisteriales o los mismos líderes han preferido los sectores de alta plusvalía y residenciales como Lomas de Lourdes y San Patricio Plus, entre otros ubicados al norte de la ciudad, para edificar sus viviendas.

PLANTÓN

Con más de 80 días de plantón en la Plaza de Armas, los aglutinados en la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila tienen sus propios datos, ellos persiguen un fin, a través de la instalación de una mesa técnica entre gobierno y la coalición tendiente a la solución a demandas de atención médica integral, pago del adeudo millonario al DIPETRE, mejoras al servicio médico, pago del seguro y retiro a pensionados, además de auditorías a cuentas individuales y fondo de vivienda.

De ahí su manifestación que, no obstante que es pacífica, ha trastocado momentáneamente algunos sectores citadinos, como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Coahuila, las sedes sindicales de las Secciones 38 y 5, además del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad, así como las calles aledañas a la Plaza de Armas con marchas breves en las que entregan a conductores y la gente su boleta de peticiones para el Estado.

Básicamente, insisten, se busca establecer una mesa técnica de diálogo tendiente a encontrar la solución a nuestra problemática, situación que nos afecta desde hace unos años con este desvío de recursos, pero el Gobierno no ha hecho caso; de ahí que el plantón siga a las puertas de Palacio.

Derivado de ello, la propuesta de instalación de la mesa técnica de diálogo llegó hasta el Congreso del Estado, pero, para la suerte de los pensionados, fue desechada por mayoría legislativa y enviada a comisiones para ser analizada y resolverse “en lo conducente” posteriormente.

Mediante uno de sus comunicados a la ciudadanía en el que piden resistencia a la dignidad magisterial, precisan que persiste la irresponsabilidad de la autoridad y rectores de las universidades públicas en cuanto a su negativa de pagar los adeudos institucionales a los fondos de pensiones y servicio médico.

De acuerdo con un estudio, presentado también por los docentes pensionados los primeros días de su plantón, afirmaban que al 31 de marzo del 2021 el monto adeudado al servicio médico por parte del Estado en el DIPETRE era de 446 millones de pesos, mientras que la UAdeC adeudaba 175 millones y la UAAAN 42 millones de pesos; más 5 millones de pesos para el Seguro del Maestro y 2.6 millones al sistema de Vivienda, cantidad que sumada arrojaba un total de 670.6 millones de pesos.

En cuanto al Fondo de Pensiones el monto de la deuda era de 3 mil 623 millones de pesos en total, por rubros del Estado 2 mil 900 millones de pesos, la UAdeC sumaba 415 millones, la UAAAN superaba los 258 millones, el Seguro del Maestro más de 41 millones, el servicio médico 6 millones de pesos y el Fondo de Vivienda poco más de 3 millones de pesos.

Y, según sus datos, en poco más de tres años el gobierno dejó de pagar más de 514 millones de pesos al fondo de pensiones de los trabajadores de la educación.

Su conclusión, mientras que el Estado incumplió su obligación con los educadores, sí pagó puntualmente más de 3 mil 600 millones de pesos de su deuda pública al año y de los cuales, sólo el 1.9% fue abonado directamente a capital.

Emiten otro dato, éste correspondiente a las aportaciones federales extraordinarias destinadas a las pensiones magisteriales de la entidad y comentan que en 2019 y 2020 Coahuila recibió 623 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, denominado FAFEF.

Monto financiero que entonces se etiquetó “como recurso federal y registrado como apoyo extraordinario para que el DIPETRE lo destinara a la consecución de sus fines, sin embargo, la sospecha es que se aplicó para cubrir el pago de la nómina bruta y neta de pensionados de nivel básico y homologado adscritos a una cuenta institucional perteneciente a la Sección 38 del SNTE».

Inclusive citan un sitio electrónico como fuente: http://dipetre.gob.mx/images/informacion_financiera/AC2020/T320/I/o.pdf y cuestionan el ¿por qué el gobierno decidió aplicar esa aportación federal extraordinaria solo a la cuenta institucional del gremio indicado?, y ¿por qué no se destinó alguna parte proporcional a las cuentas institucionales de la UAdeC y de la UAAAN, que atienden a sus pensionados también adscritos a la DIPETRE?

Por eso exhortan a incluir en su mesa de diálogo pacífica el realizar una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera contra la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

A principios de junio, continuaba la lucha de los docentes pensionados, entonces denunciaban la persistencia a la violación del derecho humano a la salud de los trabajadores de la educación y la negativa de la autoridad a pagar los casi 3 mil millones que el Estado adeuda a los fondos de Pensiones y Servicio Médico.

También continuaba la negativa a pagar el ahorro de los trabajadores para su seguro y retiro, fondo que cumplió cinco años de no ser aportado a pensionados o familiares de fallecidos.

Y el dato revelador fue que persistía la utilización de miles de millones de pesos de las cuentas individuales de los trabajadores activos para pagar a los pensionados, “debido a que el Estado no había hecho las aportaciones de ley durante los últimos tres años por lo que faltaba de pagar más de 514 millones de pesos a todo el Fondo de Pensiones del magisterio estatal”.

Otra sospecha, la impunidad otorgada a dirigentes o los supuestamente involucrados en el quebranto, pues no se había iniciado investigación alguna por los delitos denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), inclusive “la negativa a exigir la reparación del daño ocasionado que asciende a más de 1 mil 300 millones de pesos”.

Luego, a principios de julio los mismos profesores disidentes denunciaron la negativa del rector de la UAdeC para pagar 600 millones de pesos que la institución pública adeudaba a los fondos de Pensiones y Servicio Médico; y la del rector de la UAAAN para solventar más de 300 millones por el mismo concepto.

DEFENSA

Con más de 80 días de plantón, los docentes vuelven a la carga e informan que: “la defensa de nuestros derechos la hemos hecho los trabajadores y pensionados perjudicados a contracorriente de la dirigencia seccional y nacional”; concretamente las secciones 38 y 5 pues, afirman, ambas han dado la espalda a la base.

Ante el temor de politizar el tema por parte de sus dirigentes “oportunistas que lo utilizan como escaparate para hacerse promoción personal”, la denominada disidencia que conforman esta coalición de trabajadores de la educación denuncian que dos exgobernadores “han causado un gran daño a la Sección 38, han sido y son protectores de Carlos Moreira y el grupo que sigue destruyendo nuestras instituciones; Elba lo impuso como Secretario General en 2007 y Cepeda lo ha respaldado siempre al ser recientemente nombrado como coordinador de las tres secciones sindicales de Coahuila, el líder moral sigue operando bajo el cobijo de ambas corrientes nacionales”.

PROCESO PENAL

El caso de José Luis Ponce Grimaldo, exdirigente de la Sección 5 del SNTE Coahuila es ilustrativa, aparte de que los disidentes afirman que se trata de apenas la punta del iceberg.

Algunos profesores, cobijados en el anonimato por temor a represalias, tienen esa perspectiva ya que, luego de varios años de la indagatoria, apenas en enero del 2021 el exdirigente fue vinculado a proceso penal para continuarlo investigando por el delito relativo a un faltante superior a los 3 millones de pesos de las arcas del magisterio de la 5ta.

No obstante que decenas de mentores consideran que el quebranto a las arcas sindicales, tras varios dirigentes y funcionarios de la Secretaría de Educación que pudiesen estar involucrados, supera varios miles de millones de pesos.

Durante la imputación de cargos trascendió que de enero a febrero del 2019 ambas personas, José Luis, exlíder sindical de la Sección 5 y Juan Antonio, su colaborador en el área del Fondo del Ahorro, indebidamente firmaron la emisión de cuatro cheques de la cuenta sindical en beneficio de una persona de nombre Berta Patricia, no agremiada ni docente de la Secretaría de Educación.

Se dio a conocer entonces que serían cheques por 143 mil pesos en enero, 487 mil pesos, 1 millón 270 mil pesos y 178 mil en febrero, monto que sumaba poco más de 2 millones 80 mil pesos.

Luego de aportar datos de que la beneficiaria era trabajadora de un bar ubicado en Saltillo y que los cheques fueron por el concepto de servicios no especificados, fue conocido que los delitos que imputó la juez de la sala penal eran el ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, así como peculado clasificado como intervención en calidad de coautores materiales de forma dolosa por un agravio considerado como cuantía mayor agravando el recurso público.

En marzo, dos meses después, se conoció que la vinculación a proceso penal fue por los delitos de sustracción, ocultamiento, alteración, disimulo o afectación de información o documentación oficial o resguardada otorgándoseles un plazo de seis meses para la investigación complementaria con aporte de pruebas.

Aparte se les impuso como medida cautelar de presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares del sistema judicial de la región y, a la fecha, está a punto de llegar a su fin para continuar en audiencia de control que marcaría el inicio de juicio respectivo.

Mientras se llega a la conclusión de la investigación, ha trascendido entre el gremio magisterial y los “disidentes” de la Coalición el rumor de que sólo en la Sección 5 del SNTE el desfalco a las arcas financieras podría superar los 60 millones de pesos.

En cuanto a la diferencia de las viviendas y ranchos adquiridos por los líderes contra las casas de interés social medio en que viven los maestros y sus familias, éstos piden “ya no hablar”.