Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 04/12/2025 (Más).- Vecinos de al menos 16 colonias de Saltillo acudieron al Congreso del Estado para presentar iniciativas populares que buscan frenar los efectos de la gentrificación y fortalecer la participación ciudadana en decisiones sobre el desarrollo urbano.
Armando López Romero, presidente de la Asociación de Vecinas y Vecinos en defensa del Nogal, explicó que estas propuestas surgieron tras un foro realizado el año pasado, donde diversas comunidades coincidieron en que el fenómeno de la gentrificación se está extendiendo y afectando a las colonias tradicionales de la ciudad.
En noviembre de 2024, grupos ciudadanos realizaron el Foro de Gentrificación y su Impacto en Saltillo, en el que residentes, especialistas y autoridades municipales discutieron las afectaciones derivadas del crecimiento urbano acelerado –como cambios de uso de suelo, presión sobre los servicios públicos y deterioro del entorno– y analizaron alternativas para enfrentar un proceso que, según los organizadores, ha modificado su calidad de vida desde que la construcción del proyecto inició hace una década.

La primera de las iniciativas promueve el reconocimiento pleno del derecho a la ciudad. “(Es) un derecho de tercera generación que viene desde 2016, basado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, dijo el representante vecinal, quien explicó que este derecho garantiza el acceso equitativo a servicios esenciales como agua y luz, además de la posibilidad de que los habitantes participen en decisiones que influyen en el desarrollo de sus barrios.
“No estamos contra el desarrollo, sino en cómo vamos a enfrentar el desarrollo de los vecinos y vecinas de esta ciudad”, afirmó.
Casos como el desarrollo de Parque Centro, proyecto inmobiliario al norte de Saltillo que incluye edificios con áreas comerciales y habitacionales, evidenciaron la necesidad de establecer mecanismos que protejan a las comunidades.
López Romero destacó que dicho proyecto afectó a varias colonias aledañas, provocando daños en viviendas y tensiones con residentes así como también señaló la urgencia de contar con herramientas legales que obliguen a considerar el impacto social de estas obras. “De repente apareció un edificio frente a nosotros que dañó nuestras paredes; hubo gente que tuvo que corregir su casa”, recordó.
La gentrificación es un proceso urbano mediante el cual zonas tradicionalmente populares se transforman tras la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo, lo que impulsa la renovación de viviendas y comercios, eleva el costo de vida y provoca el desplazamiento de habitantes originales; el término se usa porque alude al concepto inglés ‘gentry’, que designa a las clases acomodadas que, al instalarse en estos barrios, modifican su composición social y económica, generando una reconfiguración profunda del entorno urbano.
La segunda iniciativa ciudadana propone reformar la Ley de Participación Ciudadana para ampliar el acceso a los instrumentos de participación, fortalecerlos y establecer sanciones para los funcionarios que no cumplan sus obligaciones.
Al respecto, el representante de los autores de las iniciativas explicó que la norma actual carece de mecanismos de exigibilidad, es decir que establece figuras de participación pero no cuenta con procedimientos ni sanciones necesarias para garantizar que realmente se cumplan.
“La ley obligaba al gobierno a hacerlo (aplicar mecanismos de participación ciudadana), pero no había sanción alguna si no lo hacía”, dijo. La propuesta incluye penalidades contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluida la posibilidad de inhabilitación de funcionarios públicos.
Como parte de estas reformas, los vecinos también proponen democratizar los consejos de participación ciudadana, al considerar que su estructura actual limita la representación de las colonias afectadas. “Está en el discurso político, hagámoslo real”, expresó López Romero, quien aseguró que los grupos vecinales no persiguen fines partidistas ni religiosos, sino la defensa de sus comunidades: “No queremos el poder, queremos empoderarnos”.

La tercera propuesta busca reformar el Código Municipal para que toda obra pública incluya una consulta obligatoria a los habitantes de la zona afectada por nuevos desarrollos inmobiliarios.
De acuerdo con el planteamiento, si un proyecto no cuenta con aprobación vecinal, no se otorgaría la autorización correspondiente, y una evaluación negativa podría ser motivo de rescisión. “Es bien importante porque estamos poniéndole al gobierno la necesidad de responder”, apuntó López Romero.
Entre las colonias participantes en la presentación de las iniciativas ciudadanas se encuentran Lomas de Lourdes, Álamos, Centro Histórico, Los Parques, Los Ángeles, Jardines, Jardín Oriente, Brisas y Latinoamericana, entre otras zonas que enfrentan problemáticas derivadas de la gentrificación, el crecimiento urbano y la presión sobre servicios básicos. Los ciudadanos que acudieron al Congreso del Estado recalcaron que su objetivo es ser escuchados ante el aumento de desarrollos que, aseguran, están transformando su entorno sin considerar su impacto en la calidad de vida de los residentes.
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