Ciudad de México, 09/02/26 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) se alista para formular una nueva imputación penal contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, derivado del supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales que debieron ser destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en 2012.
De concretarse su vinculación a proceso, este nuevo expediente podría impedirle abandonar la prisión en abril próximo, cuando estaría por concluir la sentencia que cumple desde 2018 por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Según reporta el portal Animal Político, la acusación será atendida por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a Duarte a una nueva audiencia inicial el próximo jueves 12 de febrero oras. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) es la encargada del caso y ya había intentado imputarlo formalmente esta semana, sin éxito.
Durante la audiencia previa, celebrada este lunes, Duarte solicitó el aplazamiento del procedimiento argumentando que sus abogados, Pablo Campuzano y Gerardo Arteaga, no pudieron asistir por estar hospitalizados. Ante esto, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez seguir con la audiencia y asignarle un defensor público al exmandatario, acusándolo de recurrir a “tácticas dilatorias” para frenar el avance del proceso. El juez Aquiles recordó que esta es al menos la tercera vez que se suspende una diligencia por motivos similares, por lo que resolvió señalar una nueva fecha dentro de la misma semana.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado puede castigarse con una pena de entre 2 y 14 años de prisión, y conlleva prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir que Duarte obtenga su libertad en los próximos meses como lo había solicitado.
A finales de 2025, Javier Duarte también buscó acceder al beneficio de liberación anticipada por la condena de lavado de dinero, pero la jueza federal Ángela Zamorano Herrera determinó negarle la salida, al concluir que no cumplía con el plan de actividades obligatorias del Reclusorio Norte, como parte de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, Duarte mantiene un proceso abierto por desaparición forzada, delito que fue determinante para frenar su excarcelación. Este cargo sigue activo en su contra por su presunta responsabilidad en un caso ocurrido durante su gestión en Veracruz, lo que mantiene al exgobernador como uno de los principales perfiles en la mira de la justicia federal.
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