Distancia, tiempo y percepción de mala calidad en sistema público son los principales motivos por los que usuarios prefieren los consultorios de farmacia
ANIMAL POLÍTICO. – La distancia, el tiempo de espera para obtener una consulta y la mala percepción sobre la calidad de los servicios en instituciones de salud públicas son los principales factores por los cuales las personas prefieren acudir a atenderse en consultorios adyacentes a farmacias (CAF), incluso si cuentan con seguridad social.
Lilia, de 60 años, vive en Coyoacán, en la Ciudad de México. Aunque es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuenta que tiene más de seis años que no acude ahí a recibir atención médica. “Lograr una consulta implica tener que levantarme a las 4:00 de la mañana para irme a formar, sin que eso asegure que me van a dar cita”, dice.
“En los consultorios de farmacia que tengo a cinco minutos caminando me cobran, por mucho, 50 pesos la consulta, y aunque fueran 100 pesos, prefiero pagar, con tal de ahorrarme el tiempo de espera, que es menor aun cuando hay más gente en la fila, pero no se compara, y el dinero que gasto sigue siendo menos que el que pagaría por ir en taxi a la clínica del ISSSTE, a la que podría ir en microbús, pero a esa hora de la madrugada todavía no hay servicio”, agrega.
Clotilde, de 91 años, quien vive en Xochimilco, también en la capital, coincide en que por comodidad y cercanía es preferible acudir a atenderse en un CAF, ya que trasladarse hasta la clínica que le corresponde, en el Estado de México, implica un recorrido de hasta hora y media de camino, más el tiempo de espera para que la atiendan. Esto le resulta cansado e impráctico, ya que utiliza silla de ruedas.
Su hija Guadalupe señala que la última vez que acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que es derechohabiente, fue hace más de siete años. Desde que ubicaron consultorios cercanos a su domicilio, prefieren ir a estos negocios, donde llegan a gastar hasta 500 pesos por consulta, con todo y medicamentos, pero se ahorran el tiempo de traslado y de espera. “(Es) más cómodo, porque ella no puede estar tanto tiempo sentada, después de un rato termina súper cansada”.
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, los servicios de CAF son utilizados, en su mayoría, por personas que no cuentan con seguridad social (24.9%). En el caso de quienes tienen IMSS, el 11.3% decide aun así atenderse en consultorios adyacentes a farmacias, y de los que pueden atenderse en el ISSSTE, el 8.9% recurrió a estos negocios.
Según esta misma encuesta, en el caso de padecimientos crónicos, es más probable que las personas regresen al sector público.
Entre las principales causas por las cuales las personas con seguridad social deciden no atenderse en donde les corresponde, el 71% respondió que es por la distancia, mientras otro 21% indicó que es por la percepción de la calidad.
Al respecto, el Estudio sobre el derecho a la salud 2023, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló que las personas usuarias de los servicios públicos en primer nivel de atención se quejan, principalmente, de que no hay sillas para que los pacientes esperen consulta, que los baños no cuentan con papel o jabón, y que se encuentran en condiciones descuidadas o con falta de higiene.
En contraste, de acuerdo con el estudio del Coneval, quienes acuden a atenderse en servicios privados declararon que las condiciones de los consultorios adyacentes a farmacias y clínicas que utilizan “son adecuadas y están limpias”.
Para la elaboración del estudio, el Coneval entrevistó a personal de la salud que trabaja en instituciones públicas, que reconoció “que existen casos en que la infraestructura requiere mantenimiento preventivo y correctivo por falta de fondos destinados a estas áreas”.
En algunos casos, el personal señaló que, ante la falta de recursos para este efecto, “tienen que buscar estrategias adicionales para procurar el mantenimiento de hospitales a través de fondos estatales”, para atender problemáticas relacionadas con el funcionamiento del aire acondicionado, plantas de emergencia, pintura para las instalaciones o impermeabilización de las unidades.
El Coneval también documentó que, en cuanto a la percepción de la calidad de los servicios, las personas usuarias de servicios públicos señalan que existen dificultades para acceder de manera oportuna a la atención médica, por largos tiempos de espera en las clínicas, e incluso hay casos en los que comentaron que han sido rechazadas de las unidades por alta demanda de atención, por lo que deben recurrir a los servicios privados.
Sobre este tema, las personas funcionarias señalaron que en algunas unidades médicas resulta complejo mejorar los tiempos de espera —que pueden ser de hasta cuatro meses—, porque son unidades asignadas para la atención de diversas localidades. Además, reconocieron que ante la falta de infraestructura para estudios de laboratorio, estos deben realizarse en servicios subrogados, o turnarse a otras instituciones.
UNA ALTERNATIVA “BAJO UNA LÓGICA DE MERCADO”
Datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México señalan que en México existen alrededor de 18 mil consultorios adyacentes a farmacias, que generan 10 millones de consultas al mes.
Al respecto, el Coneval apuntó que estos “surgen como una alternativa para acercar los servicios de primer nivel a la población en ciertas regiones”, pero destacó que estos impactan en la economía del hogar, porque “operan bajo una lógica de mercado”, dado que implican la existencia de incentivos para recetar medicamentos, partiendo de que quien los suscribe y vende pertenece al mismo negocio.
Esta situación “prolifera ante la ausencia de una regulación y supervisión por parte de las autoridades e instituciones del sector”, a la que se suman las afectaciones que se generan por atenderse en un CAF, “ya que no siempre se obtienen tratamientos efectivos, al tener una infraestructura deficiente, y, en muchas ocasiones, personal que atiende con credenciales médicas limitadas”.
Ante este contexto, el Coneval destacó que persiste el reto de que los distintos niveles de gobierno garanticen servicios de salud, principalmente aquellos de atención especializada en comunidades rurales o alejadas, ya que la población —sobre todo aquella que no cuenta con seguridad social— debe realizar gastos de bolsillo en la búsqueda de atención, incluyendo los traslados, hospedajes y alimentación.
Algunas buenas prácticas que se han implementado en algunos estados para minimizar los obstáculos para la atención médica en instituciones públicas son el uso de tecnología para acercar a especialistas a comunidades marginadas o alejadas de zonas con hospitales y el envío de insumos o material especializado, así como la conformación de brigadas médicas para subsanar el déficit de personal.
El estudio del Coneval concluyó que los esfuerzos para mejorar el acceso a la salud deben partir del fortalecimiento de las estrategias de información para que la población conozca sus derechos a servicios gratuitos, particularmente aquellas personas que no cuentan con seguridad social, ya que el no acudir a consultas de primer nivel en instituciones públicas podría generar complicaciones médicas por recibir una atención tardía, y profundizar las brechas de desigualdad.
Por Eréndira Aquino