Por Marco Campos Mena
En los últimos años, la democracia ha dejado de ser ese ideal que parecía garantizar representación, libertad y participación, para convertirse en una estructura vaciada de sentido, un mecanismo cada vez más disfuncional donde las mayorías reales, las que se expresan con su ausencia, no tienen cabida.
En México, el fenómeno del abstencionismo ha dejado de ser una señal de apatía: hoy es un acto político. Sin embargo, el sistema electoral no sólo lo ignora, sino que lo descarta sistemáticamente. No votar es, en sí mismo, una postura crítica, pero cuando más del 60% del padrón decide no participar, y aun así se proclaman “triunfos democráticos”, queda claro que esa abstención no tiene valor político alguno dentro del marco institucional actual.
El argumento de que “la democracia es de todos” suena bien, pero en la práctica, permite que se distorsione. Es una falacia pensar que el voto de alguien que decide informado, con criterios de análisis, es equivalente al voto comprado por un billete de mediano valor, una despensa o una amenaza velada sobre la continuidad de un apoyo económico. No se trata de discriminar, sino de reconocer un problema estructural: un país que vota desde la necesidad no está decidiendo libremente. La equidad del sufragio no puede medirse en papel si la realidad económica y educativa de la mayoría los hace presa fácil de la manipulación. No puede hablarse de democracia plena cuando millones votan coaccionados por programas sociales que los mantienen cautivos de una maquinaria partidista, mientras aquellos que han desarrollado una conciencia crítica y se abstienen quedan fuera de toda representatividad.
Existen países donde el ser beneficiario de programas sociales implica una suspensión temporal de los derechos electorales, precisamente para evitar que esa relación de dependencia contamine la voluntad política. No es una medida extrema, es una forma de garantizar que el voto no esté condicionado por el estómago vacío ni por el miedo al retiro de un apoyo. ¿Qué tan democrático puede ser un sistema donde la miseria y el clientelismo determinan los resultados? Mientras no se rompa esa lógica perversa, seguiremos repitiendo elecciones que, aunque “legales”, son profundamente ilegítimas.
La reciente elección de integrantes del Poder Judicial promovida por el partido en el poder es un claro ejemplo del desgaste institucional que enfrentamos. Una mayoría optó por no votar y otra parte decidió anular su voto con mensajes explícitos de rechazo. Lo que debería haber sido una señal inequívoca de que la sociedad no avala este tipo de mecanismos, fue ignorado.
Los órganos promotores se limitaron a cantar los resultados como si la ausencia masiva no tuviera significado alguno, y para agravar aún más la situación, se denunció el uso de “acordeones” entre votantes afines al régimen, lo cual no es un simple detalle, es una forma descarada de manipulación del voto. Este tipo de prácticas debería ser causal suficiente para anular la elección, ya que atenta directamente contra el principio de libertad del sufragio.
Desde el punto de vista legal, podrían invocarse principios fundamentales del derecho electoral mexicano, como el de equidad en la contienda y libertad de sufragio, ambos contenidos en el artículo 41 constitucional. Además, se abre la puerta para impugnar esta elección por la intervención indebida de servidores públicos, lo cual está expresamente prohibido. Cuando el partido en el poder interviene para colocar jueces, magistrados y ministros a modo en el poder Judicial, no sólo estamos hablando de una elección amañada, sino de un golpe institucional disfrazado de democracia participativa.
El desaseo no termina ahí. Muchos de los perfiles que lograron colarse en esta elección ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la propia convocatoria. No tenían la trayectoria, ni los conocimientos, ni el promedio mínimo, ni la experiencia necesarios, pero sí tenían el respaldo del partido oficialista. En este contexto, no sorprende que el proceso esté lleno de vicios, improvisaciones y violaciones al debido procedimiento. Las leyes hechas al vapor, sin planeación ni análisis de consecuencias, están comprometiendo el futuro político y jurídico del país. Están legislando desde el impulso y la consigna, no desde el consenso ni el entendimiento profundo del marco institucional.
Lo que estamos presenciando no es una democracia en evolución, sino un simulacro cada vez más burdo, una farsa en la que las reglas cambian para beneficiar a quienes ya están en el poder, y donde la ciudadanía crítica, la que no se deja seducir por discursos vacíos ni por migajas, es sistemáticamente excluida. La democracia, para ser real, exige algo más que urnas y boletas, necesita ciudadanos libres, informados y conscientes, y mientras sigamos confundiendo participación con legitimidad, seguiremos construyendo un país en el que cada elección es un paso más hacia la descomposición.