Plan B: la ruta corta a la autocracia

Escrutinio

Rodrigo Morales M.

En la presentación del llamado Plan B para la reforma electoral, la presidenta insiste en que hay que acabar con los privilegios y generar ahorros que se destinen a obras prioritarias. Vayamos a lo básico: ¿cuál es el gasto en materia electoral que debiera devengar un país? Yo sostengo que es aquel monto que genere la confianza y credibilidad suficientes en el proceso y en los resultados electorales, y que evite conflictos postelectorales. Hay que invertir en la paz.

Y la construcción de esa legitimidad tiene que ver con atender los agravios de las oposiciones y atajar todas las dudas que se pudieran tener sobre los resultados. Cualquier otra operación desvirtúa el juego democrático. El gasto o el ahorro tendrían que observar, desde mi punto de vista, cómo no se lesiona la confianza en el complejo sistema electoral de un país. Sin duda puede haber ahorros operativos, pero también inversiones estratégicas.

Sin embargo, cuando la base de la propuesta oficial de adecuaciones electorales es la convicción a ultranza del ahorro, la inexistencia de diálogo o negociación con las fuerzas opositoras y la improvisación, ciertamente estamos ante un escenario complicado. Veamos.

Se nos dice que los congresos locales no pueden tener un gasto que sobrepase el 0.7% del presupuesto de la entidad. Bien, según estimaciones del PAN, con esa medida habría 16 entidades beneficiadas —tienen menos del 0.7%— y otras 16 castigadas —hoy tienen más del 0.7%—. El ahorro genera dudas. También se nos dice que las regidurías son un dolor de cabeza para las finanzas públicas.

Pues resulta que, según la propuesta, la reducción presupuestal la obtendríamos solo en 56 ayuntamientos, mientras que en los restantes tendríamos que erogar recursos para darle cumplimiento a la norma. Aquí lo que tenemos es el colmo del centralismo, el capricho y la insolvencia.

Pretender imponer normas para la organización interna de los gobiernos estatales es una embestida centralista inédita contra la genuina capacidad local para darse reglas que normen su convivencia. Lo que nos proponen es sepultar el federalismo. Ante el fracaso del plan original, insistir en que debemos reformar nuestras reglas electorales sin un plan de navegación claro suena a capricho. No hay claridad sobre los escenarios políticos que se producirían de prosperar la reforma, ni sobre las adecuaciones en leyes secundarias que habría que hacer si la tentativa centralista fuera exitosa.

La insolvencia es evidente cuando se exhiben los desahorros y la inocultable pretensión centralista. El Plan B es un despropósito, pero no pasa inadvertido. La comunidad internacional ha estado atenta a los cambios que se han emprendido en nuestra convivencia política y ya nos sitúa como una autocracia electoral.

Hay de dos sopas: insistir en la autocracia —escenario inercial que se agravará— o ensayar el diálogo. El sentido común aconseja lo segundo, pero la realidad se decanta por lo primero. Ojalá estemos preparados.