Pierde México demanda contra armerías de EU

La Corte Suprema rechazó por unanimidad la demanda mexicana contra fabricantes de armas, al considerar que están protegidos

Washington, 5 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó este jueves, por unanimidad, la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas del país, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento que termina en manos del crimen organizado en territorio mexicano.

Los nueve jueces del alto tribunal coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, otorga una amplia inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego frente a demandas relacionadas con el uso que los compradores hagan de sus productos.

México interpuso la demanda en 2021 contra compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, reclamando una compensación de 10,000 millones de dólares por los daños provocados por la violencia armada en el país, alimentada por el contrabando de armas desde Estados Unidos.

Durante el proceso, el Gobierno mexicano sostuvo que su denuncia se amparaba en una excepción contemplada en la ley, que permite acciones legales cuando una empresa ha violado “a sabiendas” las leyes sobre armas de fuego.

No obstante, en el fallo redactado por la jueza progresista Elena Kagan, el Supremo concluyó que no existen pruebas plausibles de que las compañías demandadas hayan permitido deliberadamente el tráfico ilegal de armas.

A diferencia de Estados Unidos –donde la posesión de armas está protegida por la Constitución–, México mantiene una legislación restrictiva en materia de acceso a armamento.

En México, solo hay un establecimiento autorizado para la venta legal de armas de fuego, pero cada año ingresan miles de ellas de forma ilegal, principalmente por medio del contrabando relacionado con el narcotráfico. Según el gobierno mexicano, al menos el 70 % de estas armas tienen su origen en Estados Unidos.

La administración de Donald Trump, que designó como grupos terroristas a los narcotraficantes mexicanos, acusa a México de facilitar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, pero el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que las organizaciones responsables del narcotráfico son poderosas gracias a las armas estadounidenses.

Con la demanda civil, el gobierno de México buscaba obtener una compensación económica y modificar las prácticas de las compañías demandadas.

De acuerdo con información difundida por USA Today, los abogados del gobierno mexicano buscaron una cantidad no especificada de daños monetarios, que se estimaba en aproximadamente 10,000 millones de dólares, así como una orden judicial que obligara a los fabricantes a cambiar su forma de operar.

La demanda fue inicialmente desestimada por un juez federal con base en una ley de 2005 que otorga protección a las compañías de armas frente a la mayoría de los litigios civiles. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones determinó que el caso presentado por México caía dentro de una de las excepciones previstas por dicha legislación, lo cual permitió que el proceso legal continuara de forma temporal antes de ser nuevamente rechazado.

Esa excepción a la ley también ha sido invocada en otros litigios, como el caso de las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut. En aquel entonces, los demandantes argumentaron que el fabricante del rifle AR-15 había violado la ley estatal en la forma en que comercializó el arma usada en el ataque, el cual dejó un saldo de 20 niños y seis adultos muertos. La empresa Remington, fabricante del arma, alcanzó un acuerdo de 73 millones de dólares con los demandantes, según reportó la agencia AP.

La acción judicial pretendía responsabilizar a los fabricantes de armas por facilitar, directa o indirectamente, el flujo de armamento a grupos criminales en México. Para los representantes legales del gobierno mexicano, las prácticas de comercialización y distribución de estas compañías contribuían a la violencia armada en el país. El caso reabrió el debate sobre el alcance de la ley de 2005 que protege a las empresas de armas en Estados Unidos. Esta legislación, aprobada por el Congreso estadounidense, ha sido objeto de controversia debido a que limita significativamente la posibilidad de responsabilizar civilmente a los fabricantes por el uso de sus productos en actos delictivos.