Por Miguel Villarello
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A pesar de la necesidad manifiesta, por error de diputada se fue a la Comisión de Gobernación del Congreso proposición para exigir a la PROFECO reactivar las oficinas en las regiones Sureste, Centro y Carbonífera de Coahuila y brindar un adecuado servicio para la protección de los derechos de los consumidores.
Debido a que la legisladora del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Elvira Rodríguez Márquez, no la presentó como de urgente y obvia resolución, mencionó el presidente de la mesa directiva, Francisco Javier Cortez Gómez: “la proposición fue turnada a la Comisión de Gobernación para lo que a lugar tenga, además de ser inscrita en el diario de debates del Legislativo”.
Dicha propuesta era en el sentido de exhortar al Gobierno federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor para que reactive las oficinas de la Profeco en las regiones Sureste, Centro y Carbonífera de la entidad con el propósito de que los consumidores que solicitaron algún servicio o producto en el período de la semana santa pudieran tener acceso a la protección de sus derechos, pues sólo hay oficinas en Torreón y Piedras Negras.
En su exposición de motivos la legisladora precisó que el documento derivó de datos aportados por la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila en el sentido de que una empresa regiomontana defraudó a por lo menos 50 familias saltillenses que firmaron contratos para viajes en este pasado periodo vacacional y fueron defraudados.
Pero por la falta de oficinas de la Profeco en Saltillo o Monclova, por ejemplo, la problemática continua pues no hay una solución para que los consumidores que requieren ser atendidos en su lugar de origen cuenten con el servicio.
A ello se suma, consideró la diputada, sin embargo, la decepción del consumidor por tener que viajar hasta Torreón o Piedras Negras, donde sí hay oficinas, para interponer su queja pues tendrá que volver a desembolsar su dinero y mejor opta por no denunciar y aceptar la pérdida de su economía.
Dadas las bondades de la proposición, no obstante, fue turnada a la “congeladora” legislativa para posterior análisis.
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