Ciudad de México, noviembre 6. Empresarios de Sinaloa, encabezados por Alberto Coppel, así como el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Miguel Calderón, solicitaron al gobierno estatal y al gobernador Rubén Rocha Moya duplicar el presupuesto destinado a seguridad y justicia para 2026.
La petición surge ante el panorama de violencia que enfrentan las empresas sinaloenses en medio de la disputa entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, así como por el impacto económico que este conflicto ha generado en pérdidas y gastos adicionales para el sector productivo.
De acuerdo con información publicada por Infobae México, los dirigentes del CESP advirtieron que el presupuesto actual resulta insuficiente para fortalecer las capacidades operativas de seguridad en la entidad, ya que mantiene a Sinaloa por debajo del promedio nacional.
Durante una reunión con medios de comunicación en Culiacán, Coppel —director general del Grupo GC1, conglomerado de asociaciones ciudadanas— enfatizó que la situación es “muy clara y muy grave”, y que el gasto actual no permite enfrentar los desafíos que impone el incremento de la violencia.
En la presentación realizada ante representantes de la prensa local, se detalló que el presupuesto aprobado para 2025 asciende a 3 mil 472 millones de pesos. Sin embargo, para que Sinaloa se ubique en niveles competitivos respecto a otras entidades, la inversión debería aproximarse a los 7 mil millones de pesos.
Los empresarios señalaron que la brecha financiera limita la capacidad institucional para responder a la crisis de seguridad asociada a la confrontación entre las dos alas del Cártel de Sinaloa.
El documento expuesto por Coppel y Calderón también da cuenta de un rezago histórico. Desde 2017, el presupuesto estatal para seguridad ha mostrado variaciones importantes: aumentos en 2018 y 2019, cuando se alcanzaron 3 mil 110 y 3 mil 95 millones de pesos, y una caída progresiva en los años siguientes, llegando a 2 mil 758 millones de pesos en 2021. Aunque en 2024 y 2025 se registraron aumentos impulsados por el propio gobernador, estos no han sido suficientes para revertir el déficit acumulado, calculado en 4 mil 877 millones de pesos.
Los empresarios explicaron que, aunque el incremento del 13.6 por ciento para 2025 es positivo, proviene de una base limitada que no compensa la falta de inversión sostenida de años anteriores. Esta insuficiencia, subraya el estudio, ha tenido efectos directos en tres áreas críticas: la coordinación operativa, la resolución de delitos y la percepción ciudadana de impunidad.
El análisis advierte que mantener un sistema de seguridad debilitado se traduce en fuerzas operativas insuficientes, investigaciones saturadas y un sistema judicial congestionado, factores que dañan la confianza pública.
Voceros del sector ciudadano señalaron que cada año sin inversión estratégica no solo implica pérdidas económicas, sino también delitos no resueltos, familias desprotegidas y un deterioro en la credibilidad institucional. Los datos citados por el medio Noroeste destacan que el déficit presupuestal se ha convertido en un obstáculo estructural para el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia en la entidad.
Finalmente, Coppel y Calderón coincidieron en que la próxima discusión del presupuesto en el Congreso de Sinaloa representa una oportunidad crucial para revertir el rezago de más de siete años y robustecer las capacidades institucionales. Consideran que es el momento idóneo para encaminar al estado hacia una etapa de mayor estabilidad, paz y confianza ciudadana.