La presidenta exigió a la Fiscalía de Veracruz explicar por qué se acusó a Rafael León Segovia del delito de terrorismo
Ciudad de México, 29 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que aclare la detención del periodista mexicano Rafael León Segovia, y explique por qué se le imputó el delito de terrorismo, una figura que, dijo, no tiene precedentes en el país para este tipo de casos.
“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La mandataria mexicana condenó que se utilice el término terrorismo para acusar al comunicador pues, aseguró, no ha habido nunca este tipo de acusaciones.
Asimismo, defendió la libertad de expresión por encima de todo, en un contexto de preocupación recurrente por la seguridad de periodistas en el país, considerado uno de los más peligrosos para la prensa en América Latina y el mundo.
Sheinbaum sostuvo que, en caso de existir una conducta ilícita, esta debe ser claramente diferenciada del trabajo informativo, y reiteró que corresponde a la autoridad estatal explicar las razones del caso.
“Pienso yo que la fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero ¿por qué usa este delito que nunca se ha usado en México? Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la fiscalía”, dijo la mandataria.
León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaria de la Defensa Nacional y posteriormente imputado por la Fiscalía General del estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
La detención del comunicador fue condenada enérgicamente por la organización Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
“Casos como éste generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, apuntó Artículo 19.
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