Ciudad de México, diciembre 19. El periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del medio digital e-consulta, denunció una persecución judicial por parte de la Fiscalía de Puebla, la misma institución que investigó y exhibió por presuntas redes de corrupción y extorsión, de acuerdo con información publicada por el portal Animal Político.
La fiscalía estatal reactivó en su contra una carpeta de investigación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de la publicación de reportajes críticos sobre el funcionamiento interno de esa dependencia.
La acusación es impulsada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, perteneciente a la propia Fiscalía de Puebla. El proceso penal había sido iniciado en enero de 2020, pero permaneció inactivo durante casi cinco años, hasta que fue reactivado recientemente, después de que Ruiz difundiera investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios estatales y por la propia fiscalía.
Según el periodista, la reapertura del caso ocurrió tras la publicación de trabajos periodísticos que documentaron el uso de aplicaciones oficiales para difundir propaganda gubernamental y la existencia de una presunta red de corrupción y extorsión al interior de dos áreas clave de la fiscalía poblana, incluida la ORPI. Ruiz sostiene que el objetivo del procedimiento judicial es intimidarlo y frenar su labor informativa.
La carpeta de investigación se originó a partir de una denuncia presentada por un particular identificado como Jorge Madariaga Granados, hermano de Florencio Madariaga Granados, exfuncionario del gobierno de Puebla señalado por presuntos actos de extorsión. El periodista afirma que esta relación evidencia un conflicto de interés y refuerza la hipótesis de represalia institucional.
Rodolfo Ruiz ha rechazado de manera categórica las imputaciones en su contra y aseguró que los pagos realizados a su defensa legal están plenamente documentados mediante recibos y facturas, por lo que no existe sustento para acusarlo de lavado de dinero. También denunció que la fiscalía no entregó oportunamente el expediente completo, lo que limitó el tiempo de preparación de su defensa.
El 11 de diciembre, la fiscalía entregó copias de los siete tomos del expediente, aunque incompletos, y el 15 de diciembre un juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla, Joel Daniel Baltazar Ávalos, citó a las partes a una audiencia inicial. La defensa consideró insuficiente el plazo otorgado para revisar la documentación y Ruiz fue citado nuevamente a una audiencia programada para el 23 de diciembre.
El periodista también denunció irregularidades procesales, como la negativa del juez para permitir audiencias públicas bajo el argumento de protección, así como la imposición de plazos reducidos para que su nueva defensa analizara el expediente completo. Señaló que sus abogados originales renunciaron al caso tras sentirse intimidados por lo que percibieron como una actuación parcial del juzgador.
Ruiz afirmó que este proceso forma parte de un patrón de acoso judicial contra periodistas críticos en Puebla y advirtió que la mayoría de los medios locales han evitado cubrir su caso por temor o control político, aunque reconoció que algunos han dado cuenta de los hechos. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que este tipo de acciones representan un uso arbitrario del sistema penal para silenciar a la prensa.
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