Periodismo bajo amenaza

Las amenazas de muerte y violencia sexual denunciadas por la periodista Frida Guerrera motivaron un llamado urgente de Artículo 19 para que la Fiscalía General de la República investigue el caso con perspectiva de género. La agresión, difundida vía Facebook, se suma a un historial de hostigamiento que ha obligado a la comunicadora a autocensurarse

Redacción Más

La organización Artículo 19 México y Centroamérica solicitó a la Fiscalía General de la República investigar de manera urgente las amenazas de muerte y violencia sexual denunciadas por la periodista independiente Frida Guerrera, en un caso que vuelve a exhibir los riesgos que enfrentan las mujeres que ejercen el periodismo en México.

De acuerdo con Infobae, la comunicadora recibió un mensaje de amenaza el pasado 14 de enero a través de la red social Facebook, enviado por un usuario identificado como Hugo Lozoya, quien le advirtió que sería su “próxima víctima de feminicidio” y describió actos de violación.

Guerrera tuvo conocimiento del mensaje el 30 de enero y lo hizo público el 1 de febrero; sin embargo, dos días después la plataforma eliminó su publicación y restringió su cuenta bajo el argumento de no cumplir con sus normas comunitarias sobre explotación sexual de adultos.

Ante estos hechos, Artículo 19 y la propia periodista exigieron que la Fiscalía investigue el caso con carácter urgente, desde una perspectiva de género e interseccional, y conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. Asimismo, solicitaron al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos que brinde medidas adecuadas y con enfoque de género para garantizar su integridad.

La organización recordó que Frida Guerrera ha sido objeto de amenazas en otras ocasiones debido a los temas que aborda en su labor periodística, entre ellos feminicidios, pornografía y análisis político. En julio de 2018 fue amenazada de muerte por otro usuario de redes sociales y, posteriormente, enfrentó distintos tipos de agresión, incluida una campaña de desprestigio en 2020. Desde 2019 cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Federal, aunque el contexto de riesgo la ha obligado, en distintas ocasiones, a autocensurarse.

“En efecto, yo me he autocensurado mucho, los temas que investigo no son sencillos, no son fáciles, si creo que hay que hacer un procesamiento que deben tener las autoridades sobre la violencia digital, en redes te matan, te intentan matar (…) Creo que las autoridades deben entender el nivel de violencia, no necesitas que te toquen para sentirte vulnerada”, señaló la periodista en una entrevista retomada por Artículo 19.

En su pronunciamiento, la organización también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que los Estados tienen la obligación de integrar una perspectiva de género en la protección a periodistas, particularmente mujeres, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: por ejercer su labor en contextos de violencia y por hacerlo en entornos que reproducen la desigualdad de género.

El marco interamericano establece que las autoridades deben garantizar atención especializada frente a la violencia digital basada en género, lo que incluye apoyo psicosocial, atención en salud física y mental, así como asesoría y representación jurídica gratuita, inmediata y prioritaria. En ese sentido, Artículo 19 advirtió que la respuesta institucional resulta clave para frenar la impunidad y evitar que este tipo de agresiones sigan normalizándose contra quienes ejercen el periodismo en el país.