Los dirigentes del PAN y PRD califican como insuficiente el protocolo de seguridad del INE y la Secretaría de Seguridad; el PRI se lleva el tema del blindaje de las elecciones a la Cámara de Diputados
REDACCIÓN MÁS / IA
La violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes, planteando desafíos significativos para la integridad de las elecciones. Desde el inicio formal del proceso electoral 2023-2024 en septiembre pasado, al menos 13 aspirantes o individuos relacionados con el proceso electoral han sido asesinados, mostrando un panorama desolador que pone en peligro la democracia misma del país, de acuerdo con información de Animal Político.
Entre las víctimas se encuentran figuras prominentes como Wilman Monje, exalcalde de MC en Gutiérrez Zamora, Veracruz; Jesús Toral Rangel, líder comunal y consejero estatal de Morena en Michoacán; y Jaime Dámano Solís, un panista de Chilpancingo, Guerrero. Estos trágicos eventos no solo han conmocionado a la nación, sino que también han generado un ambiente de miedo y desconfianza entre los aspirantes y la población en general.
La respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido presentar un protocolo de protección para candidatas y candidatos, que fue discutido con representantes de varios partidos políticos. Sin embargo, las opiniones divergen respecto a la eficacia y la adecuación de este protocolo ante la gravedad de la situación.
La postura de los dirigentes del PAN y el PRD ha sido crítica, calificando el mecanismo de protección como insuficiente para abordar la influencia del crimen organizado en las elecciones. Para Marko Cortés, líder del PAN, es esencial que el INE no solo implemente medidas de seguridad, sino que también evalúe su eficacia y esté dispuesto a corregirlas si es necesario. Por su parte, Jesús Zambrano del PRD propone un acuerdo conjunto entre todos los partidos para garantizar la seguridad en el proceso electoral.
En contraste, representantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo respaldaron el protocolo del INE, destacando la capacidad del gobierno para asegurar elecciones pacíficas y acusando a la oposición de utilizar la inseguridad como arma propagandística.
El PRI, representado por Rubén Moreira, adoptó una postura más conciliadora, reconociendo el avance que representa el protocolo del INE y proponiendo abordar el blindaje del proceso electoral desde el Congreso. Moreira también enfatizó la importancia de unir esfuerzos para combatir el crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.
El protocolo presentado por el INE establece un mecanismo mediante el cual los partidos políticos pueden solicitar protección para sus candidatos, canalizando estas solicitudes a las autoridades de seguridad correspondientes. Sin embargo, se ha dejado claro que la responsabilidad de evaluar y abordar el riesgo de violencia electoral recae principalmente en las autoridades de seguridad, tanto a nivel federal como local.
La necesidad de abordar la violencia política en México se vuelve cada vez más urgente a medida que se acerca la jornada electoral del próximo 2 de junio. Organizaciones como Data Cívica han advertido sobre el incremento de agresiones, amenazas y homicidios relacionados con el proceso electoral, subrayando cómo la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública del país.
En este contexto, es imperativo que las autoridades, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto trabajen juntos para proteger la integridad de las elecciones y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente y sin temor. Solo mediante un esfuerzo colectivo y un compromiso firme con la democracia se podrá superar este desafío y construir un futuro más justo y seguro para México.
Con información de Animal Político