Pagó FGR de Gertz 300 mdp a empresas ligadas al tráfico de armas

SEICSA, que obtuvo múltiples contratos con dependencias federales, ahora es investigado por la misma Fiscalía General de la República. Se trata de una red criminal liderada por Raúl Rocha Cantú

Ciudad de México, 04/12/25 (Más).- Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) destinó más de 300 millones de pesos entre 2020 y 2022 a contratar servicios de vigilancia con una empresa que ahora investiga por su presunta participación en una red criminal de tráfico de armas y huachicol liderada por Raúl Rocha Cantú, empresario vinculado al certamen Miss Universo.

La compañía señalada, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA), fue una de las principales proveedoras de seguridad para instalaciones federales durante el sexenio anterior, pese a los vínculos de sus representantes con actividades ilícitas.

De acuerdo con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los contratos otorgados por la FGR formaron parte de un conjunto de al menos 30 adjudicaciones que suman más de 300 millones de pesos para proteger inmuebles de la propia institución, así como oficinas regionales en distintos estados. Tan solo en 2021, SEICSA recibió un contrato por 181 millones de pesos.

Paradójicamente, la FGR investiga actualmente a la empresa por formar parte de una red dedicada a rematricular armas para su distribución a grupos del crimen organizado, amparados con licencias expedidas a nombre de estas compañías de seguridad. La red criminal incluye a Jorge Enrique Alberts Ponce como uno de sus principales operadores.

Alberts fue apoderado legal de SEICSA desde 2017 y figura en los documentos oficiales como responsable de la logística para la circulación de armas. Además, también aparece como accionista mayoritario de Acurgen S.A. de C.V., firma involucrada en el escándalo de corrupción de Segalmex y vinculada a inmuebles propiedad de familiares de Julia Abdalá, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

SEICSA no solo fue beneficiaria de la FGR: entre 2018 y 2024 obtuvo múltiples contratos con otras dependencias del gobierno federal, entre ellas el SAT, IMSS, CFE, Capufe, Profeco, INEGI, Banco del Bienestar, Banjercito y el Instituto Nacional de Migración, acumulando decenas de millones de pesos. En particular, recibió contratos para custodiar las aduanas de Tijuana, Nogales y Guaymas, zonas clave en el tráfico de combustibles de contrabando, conocido como huachicol fiscal.

Durante la administración de Bartlett al frente de la CFE, SEICSA fue favorecida con contratos por más de 264 millones de pesos para brindar seguridad en inmuebles de la paraestatal en el Valle de México.

MCCI documentó que varias de estas operaciones se realizaron desde el domicilio ubicado en Séneca 350, colonia Polanco, propiedad del hijo de Julia Abdalá, donde también se encuentra otra empresa del mismo grupo: Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP).

La red criminal no se limitó a SEICSA. Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., también vinculada al esquema delictivo, acumuló 12 contratos entre 2021 y 2024 por cerca de 57 millones de pesos con instituciones como Capufe, IMSS, ISSSTE y Lotería Nacional. A su vez, Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), otra firma investigada, obtuvo contratos con Liconsa por casi cinco millones de pesos entre 2019 y 2020.

La revelación de estos vínculos expone un entramado en el que empresas privadas ligadas al tráfico de armas y desvío de recursos lograron acceder a millonarios contratos públicos, incluso con las propias autoridades encargadas de perseguir los delitos que ahora se les imputan.