Ciudad de México, octubre 28.- En México, la sustracción ilegal de agua, denominada como “huachicol de agua”, se ha convertido en un problema creciente, similar al robo de combustible.
En el Estado de México, autoridades informaron que realizaron operativos en 48 municipios para desmantelar redes dedicadas al robo y comercio ilícito de agua, asegurando 322 pipas, 37 vehículos diversos, 51 pozos y 138 tomas clandestinas, y deteniendo a siete sujetos en flagrancia.
La Fiscalía del Estado de México explicó a Animal Político que los grupos delictivos obtienen el agua de tres fuentes principales: pozos perforados sin permiso, pozos con permisos únicamente para autoconsumo que son sobreexplotados, y la extracción directa de redes oficiales mediante conexiones ilegales. Posteriormente, la revenden sin potabilizar, con precios hasta 60 % más altos que el mercado legal, lo que representa un riesgo para la salud.
En municipios como Ecatepec, el sobrecosto llega al 60 %, mientras que en Cuautitlán es del 41,4 %, en Tlalnepantla 32,4 % y en Toluca 10 %. La fiscalía destacó que los grupos delictivos obligan a la ciudadanía a comprar agua solo a transportistas identificados con logotipos de organizaciones como la USON, ACME, Los 300, Unión 300, Libertad, 25 de Mayo, 22 de Octubre y Chokiza, así como comisariados ejidales y particulares en complicidad con autoridades.
El operativo mostró que las pipas utilizadas incluían vehículos tipo tráiler denominados “salchichas” sin permisos obligatorios.
Tras la Operación Caudal, más de 200 trabajadores de purificadoras y transportistas de agua realizaron bloqueos en la Ciudad de México y el Estado de México, defendiendo que solo son transportistas y no cometen actos ilícitos. Entre sus demandas se encuentran la reapertura de pozos clausurados o la instalación de puntos de abastecimiento a precio justo. Durante las manifestaciones, los participantes mostraron lonas con consignas como “No somos huachicoleros, somos piperos”.
La fiscalía recordó que hace cinco años la extracción ilícita de agua solo ameritaba sanción administrativa, pero actualmente está tipificada como delito en el Código Penal del Estado de México, contemplando de dos a seis años de prisión y 52 días de multa para quienes distribuyan agua sin permiso de distribución o dictamen de factibilidad. Las autoridades instaron a los transportistas a trabajar solo con agua de puntos oficiales.
En este contexto, la fiscalía del Estado de México subrayó que el huachicol de agua representa ganancias ilícitas a costa del recurso natural, con precios mucho más altos y riesgos sanitarios para los consumidores, consolidándose como un delito en aumento y una preocupación para las autoridades y comunidades locales.
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