San Salvador, 11/07/2024 (Más / IA).- La organización de derechos humanos Cristosal informó que al menos 261 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante los poco más de dos años de estado de excepción del presidente Nayib Bukele contra las pandillas callejeras.
Bajo un estado de emergencia declarado originalmente en 2022 y aún vigente, el gobierno de Bukele ha detenido a 81 mil 110 presuntos pandilleros en redadas que, según los grupos de derechos humanos, a menudo son arbitrarias y se basan en la apariencia de una persona o en el lugar donde vive.
Cristosal, en un informe presentado el miércoles, señaló que hasta el 15 de abril, 88 de las 261 muertes pueden haber sido el resultado de un acto criminal.
“El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024”, indicó la organización.
El informe detalla que 87 de las muertes se debieron a enfermedades, 14 aparentemente fueron actos de violencia y que no se pudo identificar de inmediato la causa de las otras 72.
“Personas han muerto en las cárceles y centros de detención de El Salvador a causa de la tortura, la falta de alimentos, las condiciones insalubres, la inhumana falta de atención médica y el trato cruel y degradante”, dijo la abogada Zaira Navas, autora del informe.
Esta situación pone de relieve las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones en las cárceles y el trato a los detenidos bajo el régimen de excepción de Bukele. La comunidad internacional sigue atenta a la evolución de estos acontecimientos y a las medidas que el gobierno salvadoreño tome en respuesta a estas denuncias.
Cristosal también denunció encarcelamiento sin condenas, muerte de bebés y personas adultas inocentes, así como la profundización de la desigualdad social y de género, entre los hallazgos de una investigación divulgada este miércoles.
Un caso ilustrativo es el de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años, que fue detenida mientras estaba embarazada de 35 semanas. Tres semanas después, su familia supo que la hija que gestaba había muerto y solo pudieron recoger el cadáver. La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal.
Cristosal asegura que El Salvador cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción donde los jueces han perdido su independencia.
La organización indicó que al menos 176 niñas y niños en El Salvador han quedado en orfandad debido a la muerte de alguno de sus progenitores presos bajo el régimen de excepción implementado.
“Se ha determinado que, al menos, 176 hijos e hijas de personas detenidas quedaron en la orfandad por la muerte de su madre o padre durante los dos primeros años de la medida”, señaló la ONG.
En abril de 2024, varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, entre ellas Cristosal, denunciaron la muerte de 244 personas bajo custodia estatal entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024.
“Esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud”, dijo Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho de Cristosal.
La abogada advirtió que las muertes en prisión podrían ser mayor, pero la falta de acceso a información oficial impide conocer el número real.
El informe afirma que aún no se puede cuantificar con precisión el número de niñas y niños que se ven expuestos al abandono como consecuencia del arresto o encarcelamiento de sus familiares. No obstante, Cristosal estima que por lo menos 62 mil 022 menores de 15 años pueden haber sufrido alguna modalidad de abandono por este motivo.
Distintas organizaciones de derechos humanos han criticado la política de régimen de excepción por considerar que viola garantías fundamentales, pero Bukele se niega a derogarla.
Esta medida, que permite detenciones sin orden judicial, fue aprobada por el Congreso a petición del presidente como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
El Congreso prorrogó la medida el 9 de julio de 2024, bajo la cual han sido detenidos más de 81 mil presuntos pandilleros.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.